Después del ensayo de los últimos meses, el Partido Popular ha consumado este domingo su viraje hacia una postura más estricta sobre la cuestión migratoria.

La Declaración de la Región de Murcia, firmada por los barones autonómicos del PP, incluye un punto sobre esta materia que, en esencia, propone una visión en la que la inmigración esté vinculada a su aportación social.

Y para ello contempla restricciones en las tres fases del proceso migratorio.

En el acceso, un sistema de visados por puntos como el que opera en Canadá o Australia, que exige al solicitante de asilo cumplir una serie de criterios propiciatorios de la integración, como la afinidad cultural, el conocimiento del idioma y una experiencia laboral apta para cubrir los puestos demandados.

En el nivel de la permanencia, ligando la percepción de prestaciones económicas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) a la búsqueda activa de empleo.

Y en la salida, una "tolerancia cero con el delito", que se traduciría en la expulsión automática de aquellos inmigrantes, regulares o irregulares, que "cometan delitos graves" o delitos leves de forma reincidente.

Al reivindicar el "derecho a decidir quién entra en nuestro país y con qué condiciones", Alberto Núñez Feijóo no hace más que reclamar un razonable ordenamiento de los flujos migratorios, en la una línea similar al control de fronteras que ya rige en muchos de los países de nuestro entorno.

Y así, poder seguir aprovechando las innegables ventajas de la inmigración evitando los efectos colaterales de las llegadas descontroladas.

Entre ellos, la saturación de los servicios públicos y la infraestructuras, el tensionamiento del mercado de la vivienda, o el agravamiento de la inseguridad.

Puesto que son una mayoría los españoles que exigen abrir un debate sobre la inmigración, es pertinente que el PP haya salido al paso de la discusión apostando por un tratamiento equilibrado del problema, alejado de los planteamientos etnicistas de Vox o Aliança Catalana, que son los que se alimentan de las pulsiones xenofóbas en las que el malestar ante la inmigración descontrolada y masiva encuentra muchas veces su cauce.

El PP argumenta que la configuración de nuestro modelo migratorio (en virtud de aspectos como "el abuso fraudulento de trámites para lograr prestaciones") "premia la irregularidad".

Y entiende que una de las principales vías de entrada para la inmigración que no aporta es el IMV.

Por tanto, parece lógico, como propone Feijóo, endurecer las condiciones para poder ser beneficiario de esta ayuda y del resto de prestaciones no contributivas, exigiendo periodos mínimos de cotización y permisos de residencia de larga duración.

La nueva política migratoria del PP supone un intento por ponerle la proa al modelo clientelar que se ha venido cronificando bajo el gobierno de Pedro Sánchez, en sus dos facetas: la cultura del subsidio que desincentiva el trabajo, y el sistema productivo que se alimenta de mano de obra de baja cualificación.

Por eso, el marco de ayudas condicionadas que propone Feijóo permitiría a la vez desahogar nuestro sistema asistencial y desincentivar el reemplazo de quienes prefieren el subsidio a trabajar por mano de obra poco cualificada.

En este sentido, es urgente replantear el modelo económico del gobierno de Sánchez: uno cuyo "principal motor de crecimiento" es "el crecimiento demográfico" derivado de la inmigración, tal y como lo describió su jefe de gabinete el pasado viernes en Londres.

Lo que se necesita es priorizar al inmigrante que viene a trabajar y atraer inmigración cualificada, con uno niveles de renta que no aboquen a los extranjeros a ser perceptores netos de prestaciones sociales, sino que les haga capaces de acabar aportando al Estado más de lo que le cuestan.