El PSOE quiere dar respuesta a la exigencia de Junts de "blindar la amnistía" y certificar que "tenga efectos inmediatos en su aplicación". Y a esa voluntad responden las enmiendas al articulado de la Ley de Amnistía que presentó ayer martes. A nadie se le escapa que a Carles Puigdemont le aborda una preocupación. Que el planteamiento de una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, algo esperable por parte del Tribunal Supremo, deje en suspenso su aplicación.

En efecto, la presentación de una petición de decisión prejudicial entraña habitualmente la suspensión del procedimiento nacional hasta que el tribunal europeo se pronuncie sobre la conformidad o no de la norma doméstica al Derecho comunitario.

Junts no quiere sorpresas ni demoras en la operación de regreso del prófugo. Busca más garantías del PSOE y es muy directo en sus amenazas de boicotear la legislatura si sus demandas no son atendidas. De modo que el PSOE ha registrado una enmienda que modifica el artículo 4 de la ley para "clarificar" que son "los órganos que conocen de las causas los que aplican el levantamiento de medidas cautelares y órdenes de detención". Es decir, los tribunales nacionales.

También ha especificado que quedarán sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión de los beneficiarios "en el momento de la entrada en vigor de esta ley", al igual que "las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención". El traje a medida es evidente. A su vez se procedería "al inmediato alzamiento de las medidas cautelares que hubieran sido adoptadas".

Al disponer que esta extinción de la responsabilidad penal tenga carácter inmediato, el PSOE trata de asegurarse de que Puigdemont no vaya a ser detenido.

Al blindaje que el texto original establece frente al Tribunal Constitucional ("se levantarán las medidas cautelares incluso cuando tenga lugar el planteamiento de un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad contra la presente ley o alguna de sus disposiciones"), se añade una protección frente al TJUE.

Así, aunque el tribunal europeo resolviera la incompatibilidad de la norma nacional con el Derecho europeo a instancias de un juez español, de modo que se decretase la paralización del archivo de las causas del procés, se podría aplicar la amnistía en todas sus demás disposiciones.

Es decir, aunque el TJUE interpretase que el núcleo de la amnistía (cerrar las causas del procés sin responsabilidad penal) no se ajusta al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y se suspendiese la decisión del archivo, en virtud de estas enmiendas el resto de efectos seguirían teniendo lugar.

De esta forma, aunque el TJUE llegase a considerar ilegal el archivo de la causa, y antes de esto podría pasar buena parte de la legislatura, Puigdemont ya habría quedado libre mientras tanto, pudiendo regresar próximamente a España.

Así que es fácil de ver la dirección de las enmiendas del PSOE, en sintonía con sus socios. Tratar de desarbolar el paraguas de la Justicia europea, y abordar cada resquicio que entorpezca la vuelta del expresident y su rehabilitación política. Son los inquietantes avatares de un proceso de amnistía hecho a gusto de los amnistiados para sostener con vida, semana a semana, una legislatura atada a siete diputados al servicio de un prófugo de la Justicia.