Mientras en Bruselas continúa el tira y afloja entre Junts y los negociadores del PSOE, mientras los socialistas se ven obligados a alargar el plazo de la investidura más allá de lo deseado por Pedro Sánchez, y mientras en la Moncloa empiezan a darse cuenta de que cuatro años de la mano de Carles Puigdemont pueden hacerse muy largos, la Audiencia Nacional decidió ayer viernes sentar en el banquillo de los acusados a doce miembros de los CDR por delitos de terrorismo. 

La noticia coincidió con la información de que la Guardia Civil considera a Marta Rovira, secretaria general de ERC, una de las líderes de Tsunami Democràtic, el grupo independentista que organizó el asalto al aeropuerto de Barcelona y que llamó a "poner en jaque al Estado" con otras acciones que sólo pueden ser calificadas de kale borroka. 

La coincidencia de ambas noticias arroja dudas de mucho calado sobre el perímetro de esa amnistía a la que el PSOE se ha comprometido ya con ERC y con Junts.

Aunque de momento no se conoce cuál será el alcance definitivo de esa amnistía, sí se sabe que Junts pretende que esta llegue a cualquier participante en cualquier acto delictivo relacionado con el procés, incluidos por supuesto el terrorismo y la malversación de fondos públicos, así como a casos sin relación alguna con este, pero que afectan a personalidades destacadas del independentismo.

Es el caso de Laura Borràs (condenada por el fraccionamiento ilegal de contratos), de Gonzalo Boye (abogado de Puigdemont, acusado de blanqueo de capitales para el narcotraficante Sito Miñanco) e incluso de Josep Lluís Alay (exjefe de la oficina de Puigdemont y presunto enlace de este con el Kremlin).

Otras informaciones hablan incluso de la pretensión de incluir a la familia Pujol en el inabarcable cajón de sastre de una amnistía que, de confirmarse los puntos anteriores, se convertiría en una declaración de impunidad para cualquier independentista que haya cometido un delito durante la última década. 

Pero si inaceptables son los intentos de amnistiar a los responsables de graves delitos que no sólo no han mostrado arrepentimiento, sino que han afirmado que volverán a delinquir, más inaceptable es aún la pretensión de que esa amnistía incluya a los autores de lo que el auto de procesamiento del juez Manuel García-Castellón llama "acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados". 

Según dicho auto, los doce encausados formaban parte de una célula extremadamente radicalizada de los CDR, contaban con dos "laboratorios caseros y clandestinos" y, según el informe de la Guardia Civil incluido en el sumario, "habían conseguido un elevado grado de eficiencia en la obtención del agente termita, del que se hallaron varias muestras preparadas para su empleo". 

Amnistiar a terroristas en un país como España es una línea roja que el Gobierno debería replantearse muy seriamente. Que las células terroristas independentistas fueran desmanteladas antes de que pudieran actuar no resta ni un ápice de gravedad a los hechos en un país que ha sufrido tanto la lacra de ETA como la del mal llamado "terrorismo de baja intensidad" asociado a ella.

Más aún dado el contexto social catalán, la impunidad que sugerirá la amnistía de los delitos relacionados con el procés e incluso la realidad de Barcelona, una ciudad con una conocida querencia histórica por la violencia.

Transmitir la idea de que los delitos de terrorismo, de alta o de baja intensidad, son amnistiables dada su vinculación con la lucha por la independencia transmite la idea de que esa violencia terrorista es no sólo legítima, sino justa e incluso necesaria dada la condición de Estado opresor de España.

Y eso, firmado por el Gobierno de la misma nación que ha sido víctima de esa violencia terrorista y que ha visto morir a cientos de sus ciudadanos por ella. Si el Gobierno abre esa puerta a los terroristas de los CDR y de Tsunami Democràtic, ¿qué ocurrirá luego con ETA, con los terroristas islamistas y, en el futuro, con cualquier otro radical que pretenda atentar en España con un pretexto ideológico o político cualquiera? 

¿Está el Gobierno dispuesto a asumir las consecuencias de esa declaración pública de impunidad para el terrorismo que implica la amnistía de los independentistas?