España, junto con Grecia, será la principal víctima colateral de la decisión del gobierno italiano de declarar un estado de emergencia migratorio. Porque cabe esperar que la medida, decretada ayer y para un plazo de seis meses, redundará en un desvío de la bomba migratoria estival hacia nuestras fronteras.

El ministro de Protección Civil y Políticas Marítimas italiano ha justificado la declaración por la necesidad de hacer frente al aumento excepcional del flujo migratorio a través de las rutas del Mediterráneo. El estado de emergencia facilitará las labores de identificación y permitirá a las autoridades italianas agilizar la expulsión de extranjeros.

Según el gobierno de Giorgia Meloni, el desembarco ilegal de inmigrantes ha aumentado un 300%. Por eso, el ultraderechista Matteo Salvini lamentó que Italia es "absolutamente incapaz" de gestionar "mil llegadas diarias" de inmigrantes.

Ciertamente, el número de llegadas irregulares a las fronteras italianas se ha multiplicado de forma alarmante. En lo que llevamos de año, han sido más de 31.000, cuatro veces más que las aproximadamente 8.000 que se produjeron durante todo el año pasado.

Sólo en los últimos tres días han desembarcado ilegalmente más de 3.000 personas en Italia. En este sentido, es comprensible que el gobierno italiano se haya visto impelido a tomar medidas drásticas ante un aluvión migratorio insostenible y de imposible acomodo para cualquier Estado de bienestar.

Pero este endurecimiento del régimen de deportaciones sólo servirá para desviar el flujo migratorio hacia las vecinas España y Grecia. Un contratiempo de primera magnitud para Pedro Sánchez. Porque el repunte veraniego de las llegadas irregulares coincidirá con el inicio de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, que comienza este julio.

Sorprende que la decisión de repeler a los inmigrantes ilegales hacia nuestras costas llegue sólo una semana después de que Sánchez y Meloni exhibieran una "sintonía total" en materia migratoria. La primera ministra italiana llegó a decir incluso que se había puesto "a la orden" del presidente español para "unir fuerzas" en el Pacto de Migración y Asilo.

Lo que está claro es que la confianza de los diplomáticos españoles en que Meloni estaba "haciendo un esfuerzo" por rebajar su radicalidad en el ámbito de la inmigración se ha demostrado ingenua. Porque aunque moderó su discurso después de la tragedia del pasado febrero (en la que más de 60 inmigrantes murieron al naufragar su embarcación frente a las costas de Calabria), la italiana ha reincidido en su retórica antiinmigratoria e insolidaria, propia de su ideario ultraderechista y xenofóbo.

Con su estado de emergencia, Meloni desviará los focos hacia España, haciendo que cualquier movimiento sea escrutado con lupa por la opinión pública europea. Y nos dejará en la comprometida posición de tener que asumir una eventual intervención muy impopular para cualquier gobierno.

En un mundo integrado, globalizado y abierto cerrar herméticamente las fronteras no es ni viable ni deseable. Y ningún país puede hacer dejación de su deber moral asistencial en el drama migratorio en el Mediterráneo.

La solución a esta crisis pasa necesariamente por una acción colectiva de todos los países europeos coordinada por las instituciones de la UE. Un primer paso será el citado Pacto sobre Migración y Asilo que los Veintisiete se han comprometido a aprobar antes de las elecciones a la Eurocámara el próximo año. También lo sería considerar la propuesta de Sánchez a Meloni de "llegar a acuerdos con los países de origen y tránsito del norte de África", que la italiana ya parece haber olvidado.