Las cifras de empleo conocidas ayer martes han dado tantos motivos para la esperanza como para la preocupación. A la cabeza de los primeros, el dato de la mayor afiliación media a la Seguridad Social de la historia (20,1 millones de trabajadores). Entre los segundos, el peor diciembre para el mercado laboral desde 2012. 

Los malos datos de diciembre, un mes tradicionalmente propicio para el empleo, confirman la desaceleración iniciada en abril de 2022. Como explicó ayer la CEOE, los números (12.640 cotizantes más y 43.727 desempleados menos) quedan muy lejos de las cifras de los años previos a la pandemia (2014-2019), cuando estas rondaban tanto en el caso de los cotizantes como en el de los desempleados las 60.000 personas.

Al mismo tiempo, las buenas cifras de afiliación media demuestran una fortaleza del mercado laboral bastante más resiliente que la que podría esperarse en uno de los pocos países desarrollados cuya economía todavía no ha recuperado los niveles prepandemia. 

Analizada en función de los datos ofrecidos por el Gobierno, la reforma laboral arroja datos aparentemente irrefutables. Se ha firmado un 232% de contratos indefinidos más que en 2021 y un 34,6% menos de contratos temporales que en 2019. Recordemos que el de la reducción de la temporalidad era uno de los objetivos principales de la reforma. 

Un análisis atento de la realidad arroja, sin embargo, dudas. Porque la disminución de los contratos temporales lleva aparejado un crecimiento de los indefinidos a jornada parcial, es decir, con salarios más bajos. Mientras los contratos indefinidos a jornada completa han aumentado un 129%, los fijos a tiempo parcial lo han hecho en un 212%. 

Un segundo dato para la preocupación. El de los polémicos contratos fijos discontinuos, que pasan por indefinidos cuando en muchos casos son sólo contratos parciales. Si otro de los objetivos de la reforma es el de la reducción de la precariedad, la solución no es desde luego la de ese trampantojo laboral que son los contratos fijos discontinuos. 

EL ESPAÑOL se suma por tanto a la petición que han hecho el Banco de España y órganos como Fedea para que los fijos discontinuos sean contabilizados correctamente. Es decir, teniendo en cuenta cuántos de esos contratos están "activados" y cuántos no lo están y, por lo tanto, están maquillando trabajadores inactivos como empleados.

Un segundo fenómeno generado por la reforma laboral rompe el relato triunfal de la Moncloa. Se trata de las bajas de trabajadores fijos que, presuntamente, no han superado el periodo de prueba. Bajas que se han incrementado exponencialmente.

El hecho de que esas bajas se hayan multiplicado por nueve demuestra que las nuevas modalidades laborales no son lo suficientemente flexibles para cubrir todas las necesidades de contratación de las empresas españolas. Parece obvio que al menos una parte de esos trabajadores despedidos en periodo de prueba eran en realidad trabajadores por obra o servicio. 

La reforma de la reforma laboral para la corrección de aquellos aspectos que han generado en apenas unos pocos meses de vigencia los problemas antes mencionados no está en la agenda del Gobierno. Menos aún en año electoral. Y eso porque la corrección de la reforma laboral, como la de la ley del 'sí es sí' de Irene Montero, implicaría reconocer que las cosas no se han hecho correctamente desde un principio. 

La realidad es, así, que esta reforma laboral seguirá vigente y sin retoques durante al menos un año más. Pero el próximo Gobierno que salga de las urnas deberá afrontar con casi total seguridad la reforma de una ley que no ha parecido ajustarse con precisión a las necesidades reales del mercado laboral español. Conservando, en cualquier caso, los aspectos positivos de una legislación que ha demostrado su eficacia en años anteriores. 

Pero la urgencia real ahora es la de un análisis realista de los datos de empleo para averiguar cuáles de los éxitos de la reforma laboral se deben a ella o se han producido a pesar de ella y son más bien fruto del buen hacer del sector privado español.