El bloqueo en el que lleva sumida la renovación de los órganos judiciales alcanza ahora también al Tribunal Constitucional (TC). Ya no es sólo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que debió ser sustituido en diciembre de 2018, el que está en funciones. Desde ayer, también el TC entra en estado de interinidad.

El mandato de nueve años ha finalizado, y cuatro de los doce magistrados del Tribunal Constitucional deben ser renovados. Pero la obstinación de PP y PSOE, que se resisten mutuamente a dar su brazo a torcer, impide la renovación parcial del máximo intérprete de la Constitución.

El PP de Pablo Casado se enrocó en su postura de exigir una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial antes de permitir la renovación del CGPJ. Y, en respuesta, el Gobierno de Pedro Sánchez impulsó una ley el año pasado para impedir que el órgano de gobierno del Poder Judicial pueda elegir discrecionalmente a los dos magistrados que le competen.

Llegamos así a una situación de empantanamiento total en que los vetos cruzados de los dos grandes partidos no permiten que se cumpla el mandato constitucional de renovar las instituciones. El Gobierno socialista se aferra al modelo de elección de los vocales vigente, argumentando que la designación del Poder Judicial debe emanar de la soberanía democrática de las Cortes.

La postura del PSOE, orientada a obligar al PP a que abjure de su insistencia en modificar el sistema de elección de los jueces, es indigna de un partido que se pretende de Estado. Pero no es menos censurable la obstinación de los populares, que al no dar su brazo a torcer perpetúan una situación de bloqueo insostenible.

Es de justicia señalar que, en este caso, la razón le asiste al PP. Y su propuesta de reformar la ley del CGPJ está en línea con las recomendaciones de la Unión Europea y con la voluntad de los propios jueces españoles.

Pero los populares deben entender que la renovación del CGPJ y del TC y la modificación del sistema de elección de los jueces, aunque están relacionadas, son dos cosas distintas. Y Génova no puede pretender resolver las dos al mismo tiempo.

La UE, contra el bloqueo

Es comprensible que el PP no quiera doblegarse a las presiones del Gobierno, en lo que supondría una derrota de su doctrina de que los jueces elijan a los jueces. Pero si los populares no ceden (al menos de momento), España se verá abocada a una cronificación de una situación institucional anómala que ya ha durado demasiado tiempo.

Además, la Comisión Europea va a discutir en los próximos días con jueces y Gobierno, de cara al próximo informe anual sobre el Estado de derecho en España, sus preocupaciones por la politización de la justicia en nuestro país.

Los informes de años anteriores, y el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), ya advertían de que la negativa a renovar los cuerpos constitucionales supone un grave escollo a la independencia judicial en España. 

Así, la Comisión insiste en la urgencia de poner fin al bloqueo del CGPJ. Pero esto no supone un refrendo total a la postura del Gobierno. Porque el Ejecutivo comunitario también se ha pronunciado en repetidas ocasiones a favor de que el sistema de elección de los magistrados sea sustituido por uno en el que más de la mitad del órgano de gobierno sea elegido directamente por los jueces, "en línea con los estándares europeos".

Cesiones mutuas

Antes que poder venderle una victoria sobre el adversario a sus respectivos electorados, los dos grandes partidos deben priorizar y respetar lo estipulado en la Constitución y llegar de una vez a un acuerdo en que ambas partes hagan cesiones. El PP no debería condicionar la renovación del CGPJ (y, de rebote, del TC) al cambio de la ley. El PSOE, por su parte, debe comprometerse a facilitar ese cambio con vistas a futuras renovaciones.

Este periódico se mantiene firme en la postura que ha venido defendiendo desde el origen del presente conflicto de intereses. Lo ideal, y lo que exige Europa, es que a los magistrados los elijan los propios magistrados. Pero, en una situación en la que el PSOE se cierra en banda, la segunda mejor opción es que los populares cooperen con el Gobierno para renovar el CGPJ con la ley actual.

El nuevo PP de Alberto Núñez Feijóo tiene la oportunidad de demostrar que iba en serio cuando abogó por una nueva etapa de consensos y acuerdos entre las dos grandes fuerzas políticas. Génova y Ferraz deben retomar las conversaciones para la renovación de los órganos constitucionales, en la línea de la reanudación de las negociaciones que acordaron Feijóo y Sánchez en su primer encuentro. El tiempo apremia y Europa nos mira.