En torno al 10% de la población española mayor de 12 años (la población diana) pone en riesgo la celebración de unas Navidades sin restricciones al no vacunarse contra la Covid-19. El dato puede parecer intrascendente, sobre todo si comparamos España con países como Alemania o Francia, donde las estadísticas no llegan ni al 70% de vacunados (frontera marcada al inicio de la crisis como objetivo para alcanzar la inmunidad de grupo).

Pero basta con ampliar la fotografía para torcer el gesto y comprobar que son cuatro millones de españoles quienes comprometen la vuelta a la normalidad y la salida definitiva de la pandemia. Una realidad que apremia a las autoridades a implantar la medida más efectiva para persuadir a los remisos: el certificado Covid.

Es hora de que pase a ser obligatorio en todos los territorios de España. De que se exija y naturalice en cualquier espacio público: en restaurantes, en salas de conciertos, en supermercados, en autobuses y en puestos de trabajo.

No exigimos, en fin, decisiones drásticas como la adoptada por el Gobierno austriaco, que acaba de iniciar un confinamiento generalizado durante 20 días por el pico de contagios. A lo que suma el aislamiento de los reacios a partir del 13 de diciembre y la obligatoriedad de vacunación a partir de febrero.

Tampoco respaldamos demandas exageradas, como la del virólogo del CSIC Luis Enjuanes, que propuso en la radio pública que la Seguridad Social española no se haga cargo de los tratamientos de pacientes sin vacunar “si el virus le ocasiona problemas de salud”. Una formulación peligrosa con una carga ética incuestionable (¿dónde establecería el límite de los enfermos que sí merecen atención de la sanidad pública?), y a todas luces desmesurada en el país más exitoso en la campaña de vacunación, que no ha requerido hasta el momento de imposiciones. 

Libertad

En este periódico reclamamos sin fisuras que se exija el pasaporte Covid en todos los espacios como forma de proteger a quienes actuaron con responsabilidad, en un momento en que España cuenta con dosis suficientes para inmunizar a toda la población y sufre una situación económica crítica, incapaz de asumir nuevos contratiempos.

La imprudencia de una minoría, movida por temores infundados o convicciones extravagantes, movida por las razones que sean, no tiene por qué poner en riesgo las vidas de la mayoría.

Somos contrarios a la obligatoriedad de la vacuna. Cualquier respeto mínimo por la libertad individual exige tolerar la decisión de un ciudadano de no vacunarse. Pero el derecho a la irresponsabilidad no puede salir gratis.