Los datos que revela hoy EL ESPAÑOL colocan en una situación insostenible al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y le obligan a comparecer de forma urgente para dar explicaciones acerca de las circunstancias que rodean el asesinato del niño de La Rioja. Unas circunstancias que, a tenor de lo averiguado por los periodistas de este diario, no pueden ventilarse de otra manera que con la dimisión de Marlaska.
Tal y como explica hoy EL ESPAÑOL, el responsable de la concesión del tercer grado a Francisco Javier Almeida de Castro en febrero de 2020 fue la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente de Interior y al frente de la cual está Ángel Luis Ortiz, amigo y compañero de promoción de Fernando Grande-Marlaska.
Fue Ortiz el que, en contra del criterio de los técnicos de la Junta de Tratamiento del penal del Dueso (en Santoña, Cantabria), donde Almeida de Castro cumplía una condena de 30 años por el asesinato y la violación de una mujer en 1998, concedió el tercer grado al criminal.
Tras la concesión de ese tercer grado, un juez de Vigilancia Penitenciaria otorgó la libertad condicional al preso sin que la Fiscalía se opusiera a ello. El tercer grado de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias fue, por lo tanto, el hecho sine qua non que condujo a la concesión de esa libertad condicional.
Culpa 'in eligendo'
La culpa de Marlaska en este caso es doble. Por un lado, Marlaska ostenta la culpa in eligendo por haber nombrado para un puesto como el de responsable de Instituciones Penitenciarias a un juez conocido por sus extravagantes opiniones sobre el sistema penitenciario español. Sistema que Ortiz calificaba de "tremendamente duro".
De hecho, Ortiz, que solía recordar el dato de que siete de cada diez presos no reinciden tras salir de prisión (obviando el dato mucho más relevante de que los tres restantes sí lo hacen), llegó a Instituciones Penitenciarias tras haber ejercido como asesor jurídico de la alcaldesa Manuela Carmena. La misma que defendía la idea de que el 94% de los presos españoles deben salir de prisión de inmediato.
Ortiz, en definitiva, tenía el perfil menos idóneo posible para el puesto de responsable de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Y aún así, Marlaska decidió que el puesto fuera para su amigo de promoción.
Culpa 'in vigilando'
Pero Marlaska ostenta también la culpa in vigilando por no haber ejercido la necesaria labor de supervisión sobre un Ángel Luis Ortiz con una filosofía incompatible con el sentido común más elemental. Ese sentido común que recomienda extremar las precauciones con asesinos como Francisco Javier Almeida de Castro, que ya había sido condenado en 1993 a siete años de cárcel por la violación de una mujer.
Dicho de otra manera. Almeida de Castro ya era reincidente antes de que Ángel Luis Ortiz le concediera el tercer grado en contra de la opinión de los funcionarios, los psicólogos y los técnicos de la prisión en la que llevaba encerrado 23 años.
El ministro del Interior despreció el más elemental principio de precaución con el nombramiento de Ángel Luis Ortiz y este le correspondió despreciándolo de nuevo al conceder el tercer grado a un preso reincidente con un perfil extremadamente problemático.
Por desgracia, la realidad se ha encargado de poner a prueba de la forma más cruel posible las tesis rousseanas de Ortiz y, por extensión, de Marlaska, su superior. Las responsabilidades políticas son inescapables.
