La posible transferencia a la Generalidad de la gestión completa del MIR (Médicos Internos Residentes), que incluye también la Formación Sanitaria Especializada (FSE) de enfermeros y farmacéuticos, ha provocado la alarma del sector sanitario. Y con motivos más que fundados.

Lo primero que es importante recordar es que el sistema del MIR, que goza de prestigio internacional, funciona en la actualidad de forma intachable. El MIR no presenta problemas de relevancia que justifiquen la cesión de su gestión a un órgano autonómico y es un garante de la igualdad de todos los aspirantes a una plaza de médico residente. 

El MIR es la joya del Sistema Nacional de Salud. El sistema establece unos requisitos comunes a todos los aspirantes y, sobre todo, evita el desequilibrio entre comunidades que se produciría si la gestión se dividiera entre 17 organismos independientes. 

Porque ¿qué ocurriría si el examen se desnaturalizara y perdiera su carácter de oposición equitativa? ¿Qué ocurriría si las distintas especialidades perdieran la homogeneidad que las caracteriza y empezaran a divergir por comunidades? 

Control de la profesión

El MIR garantiza que todos los médicos españoles puedan elegir, sin obstáculos de ningún tipo, en qué comunidad ejercer su profesión.

Con la cesión del MIR, eso se acabaría. Porque las autoridades catalanas controlarían no sólo las plazas ofrecidas, los programas formativos y los contratos derivados (que ya controlan ahora, aunque la última palabra corresponde a Sanidad), sino también requisitos como el del idioma de los aspirantes, que ahora no juega ningún papel en la oposición del MIR. 

Con la cesión a la Generalitat de Cataluña, todas las virtudes del MIR quedarán en entredicho y pasarán a convertirse en vicios. Porque a nadie se le escapa que el único interés que una administración separatista como la catalana puede tener para asumir la gestión del MIR es el de controlar quién ejerce la profesión en Cataluña.

Es decir, para evitar que médicos de otras comunidades ejerzan en Cataluña.

La pérdida será incalculable. Porque, como decía hace apenas 48 horas la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, con la cesión del MIR un médico catalán podrá ejercer en Madrid y en Cataluña, pero un médico madrileño no podrá ejercer en Cataluña.

¿Por qué? Porque se le exigirá el catalán. Una lengua que sólo es reconocida como la inicial por el 31% de los catalanes (por el 53% que reconoce al español). Algo que no ocurrirá, como es obvio, en el resto de comunidades españolas. 

En estos momentos, Barcelona, que siempre había sido uno de los destinos preferentes de los MIR por la gran cantidad de hospitales que alberga, ve cómo su atractivo disminuye. Los MIR catalanes ganan menos que en otras comunidades y trabajan más horas. 

Descentralización problemática

Descentralizar el MIR no soluciona ningún problema, pero genera muchos que hasta hace apenas unos días ni siquiera existían. Porque la existencia de un órgano central de coordinación, el que existe en la mayoría de los países europeos de nuestro entorno, es el que garantiza la igualdad de los aspirantes y la justicia del sistema. 

El revuelo generado por la noticia en el sector sanitario ha provocado que este miércoles la ministra de Sanidad Carolina Darias haya negado que el Gobierno esté estudiando ninguna transferencia en este terreno. "No está en la agenda del Gobierno ningún traspaso sobre esta materia" ha dicho. Sus palabras han sido contestadas de inmediato por el Gobierno autonómico catalán: "Sí está en la agenda". 

Lo cierto es que el Gobierno abrió este lunes la puerta a la transferencia del MIR, un sistema que existe en España desde el año 1976 y que depende directamente del Ministerio de Sanidad, durante la reunión bilateral que mantuvo con la Generalitat.

Con la cesión del MIR a la administración regional catalana se acabaría con ese examen único, centralizado y en el que el idioma del aspirante no tiene mayor importancia para convertirse en una oposición destinada únicamente a un pequeño sector de la población catalana. Algo que acabaría con la igualdad de los aspirantes y con su libertad para ejercer su profesión en cualquier autonomía española.