La Generalidad catalana parece haber encontrado, finalmente, la manera de garantizar que los 34 exaltos cargos no respondan personalmente ante el Tribunal de Cuentas por el desvío de fondos públicos para la internacionalización de la causa independentista.

La fórmula consiste en que el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), una entidad financiera pública, avale los 5,4 millones de euros que debían abonar ayer ilustres líderes del separatismo como los expresidentes regionales Artur Mas y Carles Puigdemont o el exvicepresidente Oriol Junqueras.

La paradoja de la cuestión es que, con este movimiento que el propio Gobierno autonómico descartó el martes, el acreedor responde por su deudor. Algo que sería motivo de chanza si la cuestión de fondo no fuera tan grave.

Como hemos podido conocer en EL ESPAÑOL, la objeción del Tribunal de Cuentas es la existencia de un conflicto de intereses en la Generalidad, que es la administración perjudicada por el menoscabo de los recursos indebidamente destinados a la promoción de un proceso soberanista ilegal.

Este sinsentido sólo es explicable dentro de una deriva secesionista capaz de justificarlo todo. Entre otras cosas, que el Ejecutivo de Aragonès aprovechara la relajación del déficit aprobada por Moncloa para destinar una partida de diez millones de euros al ICF. 

Una deriva, por otra parte, de la que se han desmarcado las principales entidades financieras catalanas. Lo demostraron, primero, con el cambio de su domicilio social tras el referéndum del 1-O. Y lo demuestran, ahora, con su negativa a contraavalar a los 34 exaltos cargos. 

Bancos contra el procés

El consejero de Economía y Hacienda regional, Jaume Giró, inició una serie de contactos con las principales entidades financieras del país para proteger a los líderes apelados por el Tribunal de Cuentas.

La respuesta que recibió no pudo ser más contundente. Santander, CaixaBank, BBVA y Sabadell dieron la espalda a su plan y le obligaron a recurrir a otro descartado en origen.

El fracaso sin paliativos de Giró evidencia dos cuestiones.

La primera, que los gigantes de la banca consideran que el procés es una causa sin futuro. La segunda, que no están dispuestos a ensuciar su imagen y perder clientes colaborando con políticos que emplearon dinero público para promover una causa ilegal y que acabó con estos en prisión, condenados por sedición y malversación de fondos públicos.

Conflicto de intereses

Como explicamos anteriormente en este diario, con la fórmula del aval del ICF serán los ciudadanos españoles, a través del Gobierno regional, quienes acaben pagando las multas del procés. Una burla hacia unos contribuyentes que ya costearon el golpe a la democracia de noviembre de 2017 y la estrategia propagandística del independentismo durante años.

Sin duda, nos encontramos ante un caso claro de conflicto de intereses. ¿Cómo es posible que la administración pública perjudicada por el menoscabo de fondos públicos sea, al mismo tiempo, la que legitime dicho menoscabo?

Y, de confirmarse el aval del ICF, ¿qué garantías ha proporcionado la Generalitat a los funcionarios de la financiera pública que firmarán el aval de que no incurrirán en los posibles delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos?

En su reciente viaje a Estonia, Pedro Sánchez anunció que estudiará la decisión que tome el Gobierno autonómico. El PP, por su parte, ha asegurado que la recurrirá con total seguridad. El día, en fin, ha llegado. Y los tribunales tendrán que dictaminar la legalidad del disparate por el que la Generalidad trata de avalar a sus propios deudores.