Laura Borràs será con casi total seguridad la nueva presidenta del Parlamento autonómico catalán. Con su nombramiento se desvanece cualquier esperanza de sensatez y estabilidad que los catalanes puedan albergar para los próximos cuatro años. A cambio, tendrán filibusterismo legal, autoboicot y planteamientos ultramontanos.

Que uno de los motivos para la elección de Borràs haya sido que el revuelo será mayor en caso de ser inhabilitada como presidenta del Parlamento por los tribunales españoles indica claramente cuáles son las prioridades de ERC y Junts.

Es ya una ley de la termodinámica política local. Si algo en Cataluña es susceptible de empeorar, lo hará con total seguridad en cuanto los partidos separatistas tengan la oportunidad.

A los nacionalistas catalanes les es aplicable, en fin, la regla que el diplomático israelí Abba Eban aplicó a los palestinos sin que esta fuera nunca desmentida con un ejemplo en sentido contrario: "Nunca pierden una oportunidad de perder una oportunidad".

Con Laura Borràs, la regla se cumple de nuevo en Cataluña.

Investigada por prevaricación

De las tres opciones a su alcance (vicepresidenta de un gobierno regional presidido por ERC, presidenta del Parlamento autonómico o jefa del grupo parlamentario de Junts), Laura Borràs ha escogido, con gran acierto desde el punto de vista del procesismo, aquel desde el que puede hacer más daño.

La elección de Borràs es tanto más sorprendente teniendo en cuenta que está siendo investigada por el Tribunal Supremo por prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos y falsedad documental, delitos supuestamente cometidos mientras era directora de la Institución de las Letras Catalanas. 

Ese ha sido, precisamente, el argumento que ha esgrimido la CUP para poner en duda la pertinencia de la candidatura de Laura Borràs. Uno más de los sinsentidos que abonan la nueva normalidad catalana: un partido que jalea la violencia callejera se pone estupendo por una investigación de los tribunales "coloniales" españoles contra uno de los suyos. 

La llave del Parlamento

Como ha demostrado su antecesor en el cargo, Roger Torrent, o como demostró también Carme Forcadell en su momento, la presidencia del Parlament es un cargo clave para los objetivos del separatismo. Desde él se pueden retorcer prácticamente a voluntad los reglamentos parlamentarios si existe la voluntad necesaria para ello. 

Y siendo Laura Borràs la presidenta, la voluntad se puede dar por garantizada. La noticia de que Jaume Alonso-Cuevillas, abogado de Carles Puigdemont, será secretario de la Mesa añade un plus de inquietud a la noticia.

Desde luego, Junts no podría haber escogido unos perfiles más radicales para uno de los órganos que mayor perfil institucional debería mostrar en un Estado de derecho. Pero, por supuesto, la prioridad del separatismo no es esa, sino otra muy diferente. 

La elección de Laura Borràs implica la investidura de un gobierno netamente separatista para los próximos cuatro años y limita el margen de maniobra de Salvador Illa. No tanto a medio plazo como a corto, en función de cómo gestione el separatismo la frustración por la indudable imposibilidad de llevar a cabo su programa de máximos. 

Sánchez, obligado a pronunciarse 

La elección de Borràs, a la que le saldrá gratis boicotear cualquier acercamiento de ERC al PSOE, obligará a Pedro Sánchez a tomar partido en Cataluña. 

Si el presidente hace gestos hacia ERC mientras Laura Borràs inflama los ánimos desde el Parlamento, será visto como un pelele del separatismo.

Si no los hace, Borràs encontrará la justificación que necesita para redoblar su apuesta por la crispación, el irredentismo y el choque frontal con el Estado. 

Las elecciones anticipadas en Madrid añaden un elemento de incertidumbre más. Porque la cercanía de la campaña electoral en Madrid, clave para los intereses del PSOE, impedirá cualquier gesto del Gobierno hacia el nacionalismo catalán. 

Laura Borràs, es decir Carles Puigdemont, tendrá la llave del Parlamento catalán. El breve lapso de optimismo que se abrió durante la campaña electoral se ha cerrado de un portazo para cientos de miles de catalanes. Cataluña vuelve al bucle.

El objetivo del Gobierno debería ser ahora evitar que la región arrastre en su caída institucional, cultural y económica, a comunidades limítrofes como Valencia o Baleares, cuyos gobiernos parecen coquetear de forma inquietante con el nacionalismo.