Como publica hoy EL ESPAÑOL, el Gobierno habría violado la ley en nada más y nada menos que tres supuestos al ocultar al Congreso de los Diputados el contenido del dictamen del Consejo de Estado acerca del real decreto relativo a los fondos del rescate europeo.
La primera de esas ilegalidades consiste en haber ocultado el mismo hecho de la consulta al Consejo de Estado. La segunda, en no haber remitido el dictamen al Congreso de los Diputados. La tercera, en no haber publicado dicho informe en el portal de transparencia.
Una sola de esas ilegalidades sería motivo de reproche al Gobierno. Las tres, en conjunto, conducen a una conclusión inevitable. El Gobierno ha pretendido ocultar voluntariamente al Poder Legislativo el contenido de un dictamen clave en un asunto de máxima importancia para los ciudadanos españoles.
El PP ya ha pedido a María Teresa Fernández de la Vega, presidenta del Consejo de Estado, que comparezca en el Congreso de los Diputados para dar las explicaciones que el Gobierno se niega a dar. Es una petición razonable e ineludible.
Ocultación manifiesta
Después de la pinza circunstancial entre los socialistas y Vox (y ahora que el extesorero Luis Bárcenas apunta a la antigua cúpula de Génova), el PP parece dispuesto a marcar línea política propia dentro de las circunstancias.
Y de ahí que en el primer debate parlamentario de 2021 el líder de la oposición, Pablo Casado, argumentara (con razón) que el Gobierno debe dar explicaciones sobre la ocultación manifiesta del decreto en el que se define la gestión en nuestro país de los fondos europeos para la recuperación por la pandemia.
De ahí, también, la petición de que no sólo María Teresa Fernández de la Vega, sino también los interventores del Ministerio de Hacienda, comparezcan en sede parlamentaria para dar explicaciones sobre el susodicho decreto.
En sordina
En este asunto, Pedro Sánchez parece querer dejar en sordina el contenido de un escrito en el que se fundamenta cómo y cuándo España vehiculará el dinero de Europa para capear el temporal económico que tenemos por delante.
No es un asunto menor. Las astronómicas cantidades que manejará el Gobierno le obligan a un exquisito cumplimiento de todas y cada una de las formalidades procedimentales que establezca la ley. Por más farragosas o inoportunas que puedan parecer estas.
Lo contrario transmitiría (transmite ya) la imagen de que el Gobierno pretende manejar esos fondos con total discrecionalidad y escapando al control del Parlamento y de la oposición.
Pero como ha venido siendo costumbre de legislatura, el Gobierno ha decidido ignorar cualquier prurito de decencia democrática y trata ahora de silenciar lo que algunos presumen que pudiera ser un reparto electoralista y a voluntad de dichos fondos.
Ética política
La ocultación del informe es algo absolutamente reprobable en fondo y forma. Moncloa debería evitar un tipo de prácticas que no sólo generan incertidumbre en Europa, sino que erosionan los basamentos de la ética política.
Este silencio administrativo del Gobierno, y del propio Consejo, sólo puede obedecer a una razón que a nadie escapa. El Ejecutivo esconde nuevamente la verdad a los españoles por motivos electoralistas, muy probablemente relacionados también con la campaña electoral catalana.
A Sánchez sólo le exigimos la misma transparencia que tanto exigía a los demás cuando promovió la moción de censura. Aquí no cabe ni un minuto más la ley del embudo.
