Si la oposición buscaba munición contra el Gobierno por la gestión de la crisis del coronavirus, Fernando Grande-Marlaska se la ha entregado a mansalva. En sólo 24 horas se ha abrasado políticamente con dos decisiones impropias de un ministro del Interior.

Primero dio salvoconductos a familiares de etarras para realizar visitas a la cárcel en pleno estado de alarma. Tal y como hoy recogemos en EL ESPAÑOL, es un privilegio que no han tenido víctimas del terrorismo como la familia de Marimar Blanco.

Artículo 126

Pero además, Marlaska destituía este lunes al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, Diego Pérez de los Cobos, por no haber filtrado al Gobierno el informe que sus subordinados han elaborado para la juez que instruye una denuncia por las manifestaciones del 8-M. 

Todas las asociaciones judiciales han criticado estos hechos y le han recordado al ministro el artículo 126 de la Constitución, que establece que la Policía Judicial depende exclusivamente de los jueces y del Ministerio Fiscal; en ningún caso del Gobierno de turno. Y ya es grave y  bochornoso que esto se lo tengan que refrescar a alguien como Marlaska, que es magistrado.

Del cese de Pérez de los Cobos por hacer su trabajo, cumplir la ley y no prestarse a actuar como confidente del Ejecutivo pese a las presiones, hay que hacer igualmente responsable a la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, que alardea de ser "absolutamente feminista" y que participó en el último 8-M en Málaga. Queda la duda de si en su decisión ha pesado más proteger al Gobierno que la nombró o salvaguardar de la acción de la Justicia las manifestaciones de aquel día por convicciones personales.

Interferencia

Ni Marlaska ni Gámez pueden seguir en sus cargos tras intentar interferir en una investigación judicial que ha provocado ya que el delegado del Gobierno en Madrid y líder de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, haya sido llamado a declarar como imputado.

Hasta ahora, el Ejecutivo ha recurrido a todo tipo de argumentos para justificar su labor en relación con la pandemia. Pero en el caso que nos ocupa, ni siquiera cabe apelar al error humano o a la necesidad de improvisar. Para esto sí había manual de instrucciones: la ley. Si los responsables de este abuso no renuncian, Sánchez debe destituirlos.