Iñaki Urdangarin, marido de la infanta Cristina de Borbón, se ha convertido en el primer pariente de la Familia Real que entra en la cárcel. El Tribunal Supremo, después de atender el recurso del caso Nóos, le ha condenado a cinco años y 10 meses de prisión por los delitos de prevaricación, falsedad documental, malversación de fondos públicos, fraude a la Administración, tráfico de influencias y dos delitos fiscales por defraudar a Hacienda 256.276 euros.
Según el fallo adoptado por unanimidad por la Sala de lo Penal, el yerno de Juan Carlos I y cuñado de Felipe VI “abusaba” del “influjo ejercido desde el trampolín de su privilegiada posición” para reclamar “de forma implícita pero perfectamente perceptible un trato privilegiado”. Urdangarin, añade el auto, se sirvió “del posicionamiento institucional del que disfrutaba dada su proximidad a la Jefatura del Estado”.
Indulto o recurso ante el TC
Aunque el Tribunal ha rechazado la pretensión de la Fiscalía del Supremo de aumentar a 10 años la pena contra el marido de la infanta e incluso ha reducido en cinco meses la que dictó la Audiencia Provincial de Baleares –seis años y tres meses de cárcel–, su ingreso en prisión es inminente.
Urdangarin aun podría pedir el indulto –lo que le permitiría solicitar la suspensión de la ejecución de la pena– o recurrir en amparo al Constitucional, aunque el Alto Tribunal no suele paralizar el cumplimiento de condenas superiores a cinco años de cárcel.
Tendrá que entrar en la cárcel
En cualquier caso, una vez que la sentencia ya es firme, Urdangarin tendrá que entrar en la cárcel y esperar dos meses a conocer qué régimen penitenciario le impone el nuevo ministro del Interior. Dado el enorme interés social que este asunto suscita, puede ser la primera gran polémica que tenga que afrontar Grande-Marlaska.
EL ESPAÑOL criticó duramente en febrero del pasado año la decisión de la Audiencia de Baleares de no decretar ya su entrada en prisión, no imponerle fianza alguna y permitirle además seguir residiendo en Suiza, argumentando entonces que la sentencia estaba recurrida. La Justicia, 16 meses después, pone las cosas en su sitio.
