La guerra del taxi contra las compañías VTC de alquiler de vehículos con conductor se ha recrudecido este miércoles con una nueva jornada de paro y, lo peor, es que hay razones para temer que la conflictividad no va a remitir. Se han registrado episodios vandálicos y una carga policial en la manifestación de Madrid; conductores de Uber y Cabifay -que gestionan los desplazamientos VTC- han sido amedrentados y, como suele pasar cada vez que el taxi se para, los grandes paganos de las protestas han sido los miles de usuarios que han quedado sin servicio en las ciudades y desamparados en los aeropuertos.

Llueve sobre mojado porque, solo en lo que va de año, el sector del taxi ha protagonizado siete jornadas de protesta. Sin embargo, el Gobierno no da señales que permitan confiar en su capacidad para garantizar la paz en la calzada: más bien lo contrario.

Luz verde a 10.000 licencias de VTC

Hace dos semanas el Supremo falló en dos sentencias la concesión de las primeras licencias de VTC solicitadas al amparo de la liberalización del sector impulsada por la UE en 2013. Estas sentencias permitirán la aprobación de hasta 10.000 nuevos permisos ya tramitados, no cierran la puerta a la solicitud de más licencias y convierten en papel mojado el Real Decreto de 2015 por el que el Gobierno estableció la ratio de una VTC por cada 30 taxis, para dar satisfacción a los taxistas.

El Gobierno promete que solucionará el problema en enero y que "no puede hacer nada frente ante las decisiones de los tribunales", pero ha perdido toda credibilidad en este asunto. La irrupción de Uber y Cabifay en 2014 impulsó el boom de las VTC porque sus licencias son más baratas, pagan menos impuestos y están sujetas a una normativa menos rígida en cuanto a horarios, itinerarios y paradas. Todo ello les permite dar mejor servicio y más barato. El Ejecutivo, en lugar de empezar entonces a aliviar fiscalmente al taxi e incentivar una sana competencia, trató de imponer por decreto restricciones a los vehículos de alquiler con conductor incompatibles con la normativa comunitaria.

Usuarios como rehenes

El taxi tiene motivos para sentirse engañado y sospechar que el Gobierno trate de ganar tiempo con nuevos parches, pero ni va a solucionar el problema incendiando la calle ni puede convertir a los usuarios en rehenes de un problema del que también es responsable. Si las licencias de los taxis son más caras que las de VTC se debe, en parte, a que se ha especulado con ellas y a que el sector del taxi sigue siendo un colectivo demasiado regulado y endogámico.

Los ciudadanos tienen derecho a beneficiarse de las ventajas que aportan las nuevas tecnologías aplicadas al sector del transporte. Al taxi le toca renovarse, modernizarse y competir en calidad del servicio y en precio. Las autoridades, por su parte, deberían dejar de ahogar a impuestos a los taxistas y limitarse a garantizar la igualdad de condiciones.