La contundencia con que Felipe VI ha defendido en el acto de entrega de los Premios Princesa de Asturias una respuesta “dentro de la Constitución” al “inaceptable intento de secesión” catalán remacha el cierre de filas de los partidos constitucionalistas a la aplicación del artículo 155 que hoy aprobará el Consejo de Ministros.

Con su intervención de este viernes, es la segunda vez que el Jefe del Estado se pronuncia en defensa de la unidad de la nación, de sus “legítimas instituciones” y de los “principios y valores de la democracia parlamentaria en la que vivimos desde hace 39 años”.

Reactivo frente a la indolencia

La primera vez que lo hizo -en su memorable mensaje del 3 de octubre-, Felipe VI se dirigió a todos “los poderes del Estado” para pedirles que impidieran el “inaceptable intento de apropiación de las instituciones históricas de Cataluña”. Aquel llamamiento fue un reactivo frente a la indolencia del Gobierno, tras su pésima gestión del 1-O, y permitió además cohesionar al bloque constitucionalista en torno a la idea de que no hay nada que negociar con Carles Puigdemont si no respeta las leyes.

La opinión pública entendió entonces que el Rey lideraba la respuesta del Estado al pulso planteado por el Govern de Junts pel Sí y sus aliados antisistema de la CUP, lo que propició el final de la hegemonía separatista del espacio público catalán, como se comprobó en la multitudinaria manifestación españolista del domingo siguiente.

Causa común europea

En esta ocasión, el monarca ha logrado también convertir la respuesta española al desafío separatista en causa común de Europa en los términos preestablecidos ya por las cancillerías aliadas: apoyo sin fisuras a la unidad de España, reconocimiento de la legalidad constitucional y consideración del desafío separatista como un asunto interno. 

La duda a partir de ahora es si Mariano Rajoy estará a la altura de esta segunda intervención del Rey, cuya determinación ha merecido además el aplauso del tridente europeo Juncker-Tusk-Tajani, o si, por no asumir el coste político de intervenir la Generalitat, optará por una suspensión blanda que acabe demorando el desenlace de la mayor crisis de Estado desde el golpe de 1981.

Dudar es razonable, toda vez que lo último que ha trascendido de los planes del Gobierno, PSOE y Cs es que todos parecen fiar la solución del problema a un adelanto electoral que, por sí solo, no servirá para revertir el golpe.