La respuesta del Estado en defensa de la legalidad en Cataluña se ha traducido este miércoles en una macrooperación de la Guardia Civil. Se trata de una actuación sin precedentes desde que Junts Pel Sí y la CUP decidieron subvertir la democracia, hacer del Parlament su sayo y seguir adelante con el referéndum unilateral de independencia suspendido por el Tribunal Constitucional.

La detención de 14 altos cargos y el registro de decenas de despachos, empresas y dependencias de la Generalitat se ha saldado con la intervención de ingente material electoral, lo que puede suponer un golpe definitivo a la logística del 1-O. Sin embargo, el operativo no servirá por sí solo para hacer frente al ánimo sedicioso del presidente de la Generalitat y de sus aliados antisistema, como ya estamos comprobando.

Concentraciones tumultuarias

El independentismo ha contestado con palabras gruesas en el Congreso, llamamientos a la movilización ciudadana y un nuevo órdago del presidente de la Generalitat a la tantas veces aplazada intervención del Estado. Carles Puigdemont se ha declarado de facto en rebeldía al reiterar que no acepta más legalidad que la del Parlament -controlado por la mayoría secesionista- y pedir solemnemente a los partidarios de la ruptura que voten “en masa” el 1-0. También la Asamblea Nacional Catalana y la CUP han convocado concentraciones tumultuarias en las que se ha insultado a las fuerzas de seguridad y se ha acosado a los funcionarios y cargos públicos que defienden la legalidad.

La irresponsabilidad del president no conoce límites. Su llamamiento a “resistir”, realizado en medio de un operativo de la Guardia Civil aún en marcha, puede incendiar la calle, por muchas apelaciones que haga a la “serenidad” y al talante pacífico del procés. Es por tanto inadmisible en una autoridad democrática.

Arrestos justificados

Puigdemont ha acusado al Ejecutivo de haber “suspendido” el Govern y “decretado el Estado de excepción” en Cataluña, cuando lo cierto es que las detenciones efectuadas las ha ordenado un juez que investiga los preparativos del 1-O. Todos los arrestos están justificados porque los investigados -sospechosos de prevaricación, desobediencia y malversación- podrían ocultar o destruir pruebas. Lo que no podían pretender las autoridades catalanas era que el Estado hiciera dejación de sus funciones y no parase en algún momento un proyecto delictivo, como ha hecho bien en recordar el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Todos los argumentos del president son pues tan insostenibles como su continuidad al frente de la Generalitat. Tampoco tiene justificación que Podemos respalde las falacias del independentismo tildando de “presos políticos” a quienes, precisamente, no dudan en saltarse a la torera la legalidad para romper unilateralmente España.

Con la legalidad

Pablo Iglesias debería aprender a distinguir entre presos políticos y políticos presos, y aceptar, de paso, que los cargos públicos están obligados a respetar la ley con mayor motivo que cualquier ciudadano. Si no lo hacen deben asumir las consecuencias de sus actos, entre las que se incluyen -faltaría más- ser llamados a declarar ante un juez o poder ser arrestados.  

La crisis política, institucional y democrática en Cataluña ha llegado a un momento decisivo. Es hora pues de decidir si se está con la democracia y la Constitución. Y es hora de hacerlo sin titubeos ni medias tintas. EL ESPAÑOL ha sido y seguirá siendo muy crítico con el Gobierno de Rajoy, pero en circunstancias como las actuales sólo puede estar al lado del Ejecutivo y de los jueces en defensa activa de la legalidad para parar de una vez por todas el golpe separatista.