El PP basa toda su defensa frente a la corrupción que le carcome en que es asunto viejo: episodios aislados protagonizados por granujas que se aprovecharon de la formación y que si ahora están en prisión o son investigados es gracias, precisamente, a la diligencia del propio partido. Sin embargo, a medida que trascienden los informes policiales que sustentan los sumarios, más inconsistente resulta la tesis de las manzanas podridas y más fundada resulta la sospecha de que todos los casos -Gürtel, Púnica, Lezo…- son nudos de una sola madeja corrupta que ata a los actuales dirigentes con el pasado más oscuro del PP.

En el marco de la operación Púnica, que investiga la financiación ilegal del PP madrileño, ha salido a la luz un informe de la UCO que atribuye directamente a Cristina Cifuentes el pago de los favores que el empresario Arturo Fernández hizo durante más de dos décadas a Ignacio González -en prisión- y a Esperanza Aguirre.

Prevaricación y cohecho

Los agentes sostienen en este escrito que la ahora presidenta de la Comunidad de Madrid pudo cometer prevaricación y cohecho para beneficiar a Fernández con adjudicaciones a dedo. Aunque el juez Eloy Velasco ha salido al paso de este informe descartando que Cifuentes vaya a ser imputada, los hechos reseñados en las pesquisas comprometen a la presidenta y minan su discurso regeneracionista.

Cifuentes presidió las mesas de contratación y formó parte de los comités de expertos que analizaron las ofertas de las empresas que optaron a los servicios de cafetería, cocina y comedor de la Asamblea de Madrid adjudicadas a Fernández en 2009 y 2011. Los investigadores resaltan que este empresario accedió a las contrataciones públicas después de donar 160.000 euros a Fundescam, la fundación que el juez sitúa en el centro de la trama de financiación irregular del PP de Madrid a partir de donativos de contratistas.

Núcleo de la corrupción

Arturo Fernández, amigo del rey emérito e íntimo de Esperanza Aguirre e Ignacio González, contrató a la mujer del ex presidente madrileño, Lourdes Cavero, y aparece en las grabaciones de la operación Lezo pidiéndole que le abriera las puertas del Canal de Isabel II.

La trascendencia penal de este informe queda bloqueada con la decisión del juez de no imputar a la presidenta, pero sus consecuencias políticas pueden ser de calado y llegan el mismo día que el Congreso de los Diputados ha reprobado al ministro de Justicia, Rafael Catalá, al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y al fiscal Anticorrupción, Manuel Moix. PSOE y Podemos ya presionan a Ciudadanos para que deje de apoyar al PP en la Comunidad de Madrid. Alegan, con cierta razón, que Cifuentes, de cuya integridad personal no duda nadie, no puede despegarse de la corrupción de su partido porque no deja de ser la continuidad de quienes la precedieron.