La nueva exclusiva de EL ESPAÑOL en el caso Ignacio González con los detalles de cómo el expresidente madrileño fue alertado de que la Justicia le pisaba los talones muestra lo podridas que están algunas instituciones. Si el jueves desvelamos que, dos meses antes de su detención, un alto cargo del actual Gobierno le avisó de la investigación en marcha, ahora destapamos otra filtración, más despreciable si cabe por proceder de la Justicia.
En una conversación, el presidente de La Razón y hombre fuerte de Atresmedia, Mauricio Casals, pone sobre aviso a Ignacio González: "Edmundo [Rodríguez Sobrino] está acojonado. Una magistrada amiga de la casa ha llamado para decir que nos graban".
Una "amiga de la casa"
Aunque injustificable y reprochable, puede entenderse que un miembro del Ejecutivo caiga en la tentación de revelar a un compañero de partido y probablemente amigo personal, que está siendo investigado. Pero que sea un juez el que entorpezca la propia acción de la Justicia resulta de todo punto intolerable.
Además, la explicación de Casals, refiriéndose a la magistrada como "amiga de la casa" descubre las conexiones espurias entre algunos jueces, empresas, políticos y medios de comunicación.
¿Destrucción de pruebas?
El expresidente madrileño recibió este soplo en noviembre, tres meses antes de que le llegara de nuevo a través del Gobierno. El daño para la investigación ha podido ser grave, pues se ha dado pie a la posibilidad de ocultamiento y destrucción de pruebas. De hecho los agentes detectaron que, a partir de los avisos, González dejó de hablar por teléfono y actuó con mucha cautela.
Si en nuestro último editorial decíamos que este escándalo saca a la superficie toda una red corrupta de verdad, muy distinta de la caricatura propagandística que vende Podemos en su autocar, hoy sólo cabe reafirmarnos: para trama, ésta.
