Julio Iglesias.

Julio Iglesias.

Columnas LOS PESARES Y LOS DÍAS

Deja que nosotras te defendamos de tipos como Julio Iglesias

La última campaña de derribo refleja la histérica conversación pública actual sobre la relación entre hombres y mujeres, y una sensibilidad mórbida que conceptualiza la sexualidad bajo el signo del trauma.

Publicada

Aun en la bajamar del furor feminista que ha infestado la vida civil en la última década, todavía hay quien intenta exprimir las últimas gotas de una doctrina que, a fuerza de matraca enloquecida, ha acabado granjeándose el descrédito generalizado y la repulsa.

Tras haber probado suerte infructuosamente con Adolfo Suárez, la pieza de caza mayor que intentan cobrarse esta vez es Julio Iglesias. Como titular del mito del Don Juan ibérico, pocos más idóneos que él para un proceso como este.

Lo relevante del asunto no es tanto la materia que ha dado pie a las denuncias de dos extrabajadoras por abusos sexuales y trata contra el cantante, verosímiles en cualquier caso, y que tendrá que valorar la Justicia. Sino lo que queda tras abstraer el caso de su circunstancia concreta y atender a la cobertura que se ha hecho de él.

Porque en ella se aprecian nítidamente los patrones habituales de las operaciones psicológicas del progresismo, movilizadas mediante una red de agitación que genera orquestadamente un estado de alteración emocional a fin de derribar al objetivo señalado.

Comparece aquí además el sofisma del "yo sí te creo, hermana" con el que intentaron hacernos comulgar las apologetas de la acción positiva.

Una vez más, se le otorga ab initio a la denunciante la condición de "víctima" sin que así lo haya determinado el tribunal correspondiente, tal como ha hecho la ministra de Igualdad. Ajena al principio de no contradicción, mientras afirmaba respetar la presunción de inocencia aclaraba que no va a poner en duda el testimonio de la víctima.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante la presentación de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, en el Ministerio de Igualdad, a 3 de diciembre de 2025, en Madrid.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante la presentación de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, en el Ministerio de Igualdad, a 3 de diciembre de 2025, en Madrid. Marta Fernández Europa Press

Con la condena política prematura de Julio Iglesias asoma también la industria de la victimización de la mujer. Nuestra versión vernácula del #MeToo, que ha normalizado una jurisdicción paralela basada en el afloramiento súbito de testimonios pretéritos y la cascada de delaciones anónimas.

Tras ella, no resulta difícil rastrear la estructura del activismo feminista internacional, aplicada a monetizar el daño reputacional. Women's Link Worldwide, la organización que ha denunciado al artista ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, no esconde su propósito: "Creamos las condiciones necesarias para el litigio estratégico".

Tampoco podía faltar en el relato de la mutua de la sororidad justiciera la acostumbrada narrativa truculenta del "señoro" poderoso, que en su inexpugnable penthouse usa y abusa impunemente de su harén de precarias.

Y es que, como ha destacado Pedro Herrero, la última ordalía constituye un síntoma de la forma neurotizada en la que se aborda en nuestra sociedad la conversación pública sobre el deseo.

La enésima reedición de la campaña contra la omertá machista ofrece un vivo testimonio de la relación mórbida y paranoica que nuestro tiempo ha establecido con la sexualidad. De la representación de la intimidad como una incubadora de traumas. De la ubicuidad mediática de la violencia sexual.

Al abrigo de la "cultura de la violación", se ha instalado un marco de la sospecha que ha desatado la histeria y excitado ese remedo de la lucha de clases que es la lucha de los sexos, hasta forzar un encanallamiento de las relaciones entre hombres y mujeres con un triste resultado cismático.

Tales son los frutos de una visión puritana de la dimensión erótica que trae consigo una ideología de punitivismo. Una sensibilidad averiada que criminaliza todas las conductas inapropiadas y categoriza como agresión sexual cualquier transgresión del consentimiento explícito.

Pero ¿cómo hemos llegado a este clima de terror sexual?

Como en tantos otros aspectos de esta constelación de errores y olvidos que es la modernidad, hemos puesto tronos a las causas y cadalsos a las consecuencias.

El discurso feminista había conceptualizado las relaciones eróticas como un vector de la dominación masculina. El proyecto emancipatorio de la mujer exigía, por tanto, liberarla de la férula de la institución conyugal que perpetuaba su subordinación sexual.

Pero el resultado no fue la liberación perseguida, sino dejar expuestas a las mujeres a la agresividad del deseo masculino desbridado.

Porque esa estructura "patriarcal" que se quiso derribar proveía de unas tecnologías libidinales que encauzaban el ímpetu genésico de los varones.

Pero, reconvirtiendo las relaciones sexuales en una fruslería lúdica, quedaron arrumbadas esas convenciones ("constructos sociales") que atemperaban la violencia del deseo masculino. Y hoy comprobamos con crudeza que la mujer ha sido la principal damnificada por la desligación de sexo y afecto que trajo la revolución sexual.

Los feminizados poderes públicos han explotado esa conciencia de indefensión que ha acarreado la hipersexualización contemporánea, induciendo en la mujer la idea de que no está facultada para castigar por sí misma al acosador o al hombre que se sobrepasa, un torvo violador en cualquiera de los casos.

Y así, la nueva religión civil del género, al catalogar a la mujer como una víctima por defecto, ha logrado lo contrario del empoderamiento: degradar a la mujer a la condición de objeto vulnerable necesitado de tutela.

La retórica asistencial empleada habitualmente por las comisionadas del tinglado viogén constata que el Estado paternalista ya no considera a las mujeres sujetos capaces de ejercer una agencia autónoma.

Desde esta óptica se entiende la orientación de la legislación de género de este Gobierno ("lo personal es político"), que ha consistido, en esencia, en desplegar una fiscalización totalitaria y una regulación de todos los ámbitos de la vida, incluida la vida privada y las relaciones íntimas.

Y es que, desarticulado el código de decoro que regulaba orgánicamente las relaciones entre los sexos, los poderes públicos tienen que suministrar una reglamentación sustitutiva. Hoy podemos decir con justicia que las mujeres rechazaron la protección del hombre para entregarse a la protección del Estado.