Viviendas no nos quedan, sólo memoria democrática

La política de vivienda del Gobierno Sánchez reproduce la tónica general de su gestión en el resto de materias que le competen, que se reduce a intentar suplir su impotencia política con pura comunicación política.

Este Ejecutivo del hortelano ni construye ni deja construir. Pero si no se hace nada, habrá que hacer como que se hace: basta con que la ministra de Vivienda se fotografíe tocada por un casco de obrero y enfundada en un chaleco reflectante delante de un socavón con andamios.

Las socialdemocracias seniles, apresadas en Estados de bienestar ruinosos que drenan el nervio económico de la sociedad, no están en condiciones de ofrecer un horizonte de desarrollo a sus ciudadanos.

Y dado que no pueden garantizar un futuro próspero, sólo les queda demonizar el pasado, deformándolo con propaganda.

El atropello patrimonial que el Gobierno pretende perpetrar en el Valle ofrece una ilustración óptima de esta misma lógica: quien no es capaz de construir nada, únicamente puede destruir.

Se trata de un intento desesperado por neutralizar la imaginación de cualquier otra alternativa al statu quo, que es esta España asténica y decadente pero adobada del argot delicuescente de la sostenibilidad, la inclusividad y la resiliencia.

Construir casas es fascismo. Y no querréis volver al fascismo, ¿verdad? Parafraseando a Jerónimo Molina, la única maneramde legitimarse que tienen los regímenes opresivos de hogaño es el agravio comparativo con los regímenes represivos de antaño.

Así se explica que ahora el Gobierno se haya lanzado a intentar revertir el movimiento dextrógiro de la chavalada, bombardeando al electorado joven mediante TikToks que oscilan entre lo catecumenal y lo parvulario.

Algún yutuber negacionista te habrá dicho que el franquismo levantó presas y viviendas, pero que no te engañen. Bueno, puede que fuera verdad, pero no te olvides de que era un régimen criminal en el que no se podía bailar, amar o convocar batucadas feministas.

En un alarde de pericia, el ministro Óscar López ha estimado que la mejor forma de criminalizar a la oposición es achacarle que su propuesta para el problema de los alquileres es la misma que la del Instituto de la Vivienda franquista. Un Instituto de la Vivienda que construyó casi tres millones y medio de casas en 36 años, cuando el Gobierno actual ha terminado 14.371 viviendas sociales en 8.

Con su manía comparatista, el propio Gobierno está contribuyendo a patentizar que, en términos de promoción social, su Administración no resiste el cotejo con los precedentes que intenta vituperar.

Y con ello debería extraer una lección general para sus fastos del año Franco, no sea que, poniendo de manifiesto la involución de la España de propietarios a la España de proletarios, se convierta en una expendeduría de nostálgicos.

En Moncloa no tienen noticia de la teoría de la heterogénesis de los fines. Y por eso no han calibrado bien la eventualidad de que, con su suicida campaña revisionista, puedan estar invitando a cada vez más gente a una reflexión contraproducente: si la disyuntiva es o el PSOE —que es el caos— o Franco, entonces Franco.

En un contexto en el que los jóvenes se ven privados del acceso a un piso, excluidos de las opciones de medro profesional y desesperanzados ante un sistema que les aboca a vivir peor que sus padres, ¿realmente quiere el Gobierno que las nuevas generaciones jueguen a hacer memoria?

¿Cree que le saldrá bien incitar a una interrogación radical sobre esta fiscocracia esclerótica, que ni siquiera garantiza unas libertades personales cada vez más violentadas por la hiperregulación, sino —en expresión de Juan Manuel de Prada— meros "derechos de bragueta"?

¿De veras le conviene a Moncloa que los españoles se planteen si son hoy, en términos reales y materiales y no de libertades puramente formales y retóricas, más libres que hace cincuenta años?