Prohibido rezar

Una concentración provida frente a la sede del PSOE en Ferraz, el pasado junio. Europa Press

Me refiero a la red de abortorios privados ACAI (Asociación de Clínicas Acreditadas para la interrupción del embarazo).

Dicha asociación elaboró en 2018 un informe (basado en datos propios y que nadie se molestó en contrastar) en el que denunciaba el "acoso" al que se veían sometidas muchas mujeres que se dirigían a sus centros para que se les realizase un aborto.

El acoso al que aludían era (al parecer) la labor de voluntarios de organizaciones que proporcionan atención e información a las mujeres que se dirigen a esos centros acerca de alternativas que quizás desconocen. Incluso si finalmente toman la decisión de abortar, estas organizaciones se prestan a darles su apoyo en el traumático trance posterior.

Pero también la labor de personas que, individualmente o en grupos reducidos, deciden rezar en las inmediaciones de estos centros. Gente, en definitiva, que a su entender molesta a sus clientes.

La demanda del lobby abortista encontró en el Ministerio de Irene Montero, pero también en el PSOE, la respuesta que deseaba. Una modificación del Código Penal con el que perseguir estas inoportunas conductas.

Para ello, se añadió un nuevo artículo el que se dice que "el que para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo acosare a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad".

Nada que objetar si hablamos realmente de "obstaculizar" una práctica legal.

Supongamos, incluso, que la ayuda que prestan los voluntarios de las organizaciones "provida" hace que las mujeres que acuden a los abortorios se sientan intimidadas. Se esté o no de acuerdo con esa apreciación, puede tener su lógica.

Sin embargo, los partidos del Gobierno y quienes les apoyan han ido más allá. Rezar, para ellos, entra dentro de esa definición de "actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos", única y exclusivamente porque es su opinión. Por tanto, rezar cerca de uno de esos centros debe conllevar pena de cárcel.

Que esta interpretación atente contra un buen número de derechos recogidos tanto en nuestra Constitución como en la Declaración Universal de Derechos Humanos o la Carta Europea de Derechos Humanos, o incluso que no se encuentre en toda la legislación europea una prohibición similar, les importa poco.

Para esta ola de integrismo que nos azota desde las instituciones y desde la calle, los derechos esenciales son relativos y dependen de la interpretación que quieran darles o del colectivo al que ofenda su ejercicio.

Para Irene Montero resulta "perverso" hablar de rezar cuando en realidad "están acosando, perjudicando y dificultando el acceso de las mujeres" al derecho al aborto. Para la diputada de Unidas Podemos Marina Velarde "el rezo no es libertad de expresión si el fin que persigue es señalar y coaccionar".

Es decir, aquí lo que se juzga son las intenciones, el sentido subjetivo del rezo. Y con esos mimbres se pretende castigar a alguien con la cárcel.

La realidad es que ahora mismo en España la libertad de expresión, la de reunión, la de pensamiento, la de conciencia y la religiosa ya no son más que meros enunciados vacíos de contenido, sujetos a interpretación y susceptibles de ser revocados por la mera voluntad del legislador o por la fuerza, si tal o cual colectivo lo decide así.

Un día se impide presentar un libro porque ofende a alguien. Otro día lo que molesta es que alguien se manifieste. Al siguiente se censura una película porque vaya usted a saber. Y a partir del martes, se nos prohíbe rezar donde nos dé la gana. Los del negocio del aborto y las que se dedican a descifrar las creencias ajenas lo han decidido así.