“Quiero pedir al Congreso que asuma el rol de control cruzado sobre el Poder Judicial”. Lo dice el presidente argentino, Alberto Fernández.

Lo que separa a Fernández de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, además del adjetivo cruzado (ya saben, la típica exuberancia léxica argentina), es sólo la Unión Europea.

Lo que separa Argentina de España es sólo que, ahí, el principal partido de la oposición no parece dispuesto a repartirse ese “control cruzado”.  

Déjenme que les cuente que hubo un tiempo en que las variaciones de la prima de riesgo española nos tenían tan pendientes como la cifra de contagios o la incidencia acumulada de la Covid-19 ahora.

En esos años (2011-2015), mirábamos con envidia a algunos países de América Latina y organismos como la Alianza por el Pacífico nos parecían un ejemplo de integración regional, mientras nos dolíamos de lo atascada que andaba la de Europa.

Figúrense que en ese continente (en el que se vivía de sobresalto en sobresalto político, asonadas, golpes militares y movimientos populistas) se exigía a los países “la vigencia del Estado de derecho, de la democracia, del orden constitucional y del libre mercado” para formar parte de esa Alianza.

Mientras tanto, los del partido que hoy consuma la vicepresidencia y varios ministerios andaban paciendo (y cobrando) en algunos de los países de la Alianza Bolivariana por los Países de Nuestra América (ALBA) en los que esas exigencias, además de no existir, eran bastante poco populares. Imagínense: Cuba, Venezuela, la Bolivia de Evo Morales o el Ecuador de Rafael Correa.

Por aquel entonces, el ministro de Exteriores José Manuel García-Margallo se quejaba de nuestra pérdida de influencia en Latinoamérica porque, además de ser pobres de pedir, la acción exterior de José Luis Rodríguez Zapatero (no sólo en Latinoamérica) nos había llevado a la irrelevancia más absoluta.

Pero en lo que se refería a Latinoamérica, no era del todo cierto. Mientras Margallo pensaba en términos de comercio exterior o de balanza de pagos, se estaban tejiendo alianzas mucho más sólidas que las del dinero (si exceptuamos el de los maletines) con algunos países de muy poca acrisolada tradición democrática.

Nos dicen que la gente de Podemos estaba en esos países para asesorar. La realidad es que fueron allí para aprender y, llegado el momento, importar modos y maneras de destruir la democracia. Comunismo 2.0.

Para ser justos, el reparto del Poder Judicial no fue una importación latinoamericana podemita. Desde el 85 andamos creyéndonos una democracia plena sólo porque el reparto a dos convertía la separación de poderes en un mito digerible.

En estos momentos en los que se ha constatado de forma más que evidente que las tragaderas de los españoles son, además de enormes, tremendamente elásticas, se mantiene la ficción sólo lo justo.

Se quiere el control del Poder Judicial. La pregunta es ¿para qué?

Alberto Fernández no quiere que su vicepresidenta vaya a la cárcel. No es un secreto para nadie.

El PSOE y Podemos son los más interesados en llegar a ese pacto. Podemos imaginar el porqué.

¿Y el PP?