El Gobierno en funciones de Mariano Rajoy tiene la intención de pedir a las grandes empresas un adelanto de 6.000 millones de euros para 2017 en concepto de Impuesto de Sociedades. Se trata de una medida completamente opuesta a lo que prometieron en las dos últimas campañas electorales, en las que se comprometieron a reducir la presión fiscal sobre las grandes corporaciones. Es una estrategia contable para maquillar la realidad del déficit.
La decisión es la forma en que el Gobierno responde a una sanción que el Ecofin y el Consejo Europeo han impuesto a España por incumplir reiteradamente sus objetivos de reducción de déficit de 2015. Ese ajuste que el Ejecutivo de Rajoy acordó con Bruselas cuando accedió al poder en 2011, se ha ido incumpliendo y renegociando año tras año. Por lo tanto, el castigo por los errores del Gobierno a no cuadrar las cuentas recaerá sobre las arcas de las empresas.
Si bien no se trata de una subida del tipo impositivo, sí que aumentará la presión fiscal a corto plazo. La iniciativa ya había sido prevista por el Gobierno en funciones en el Programa de Estabilidad que envió a Bruselas el pasado abril. Dice muy poco en favor del ministro de Economía Luis de Guindos que haya esperado hasta después de las elecciones para concretar esta medida, que debe ser aprobada en el Parlamento.
Rajoy da por hecho el apoyo de los principales partidos, ya que tanto PSOE, Ciudadanos como Podemos se han comprometido a aumentar la presión fiscal sobre las grandes compañías. Aunque estas formaciones deberían respaldar la medida, ello no quita el fracaso de un programa económico que ha vuelto a quedar a expensas de lo que se decide en Bruselas.
