Quienes ridiculizaron el viaje de Pedro Sánchez a Estados Unidos en julio porque no se vio con Biden ni con ningún miembro de su administración, no valoraron adecuadamente sus reuniones con los máximos ejecutivos de los fondos de inversión y especialmente con el presidente y CEO de BlackRock Larry Fink.
ENGANO PODEMOS
Sánchez consideró ese encuentro lo suficientemente importante como para colgar en Twitter una foto de ambos, ante un mural con trazos florales a lo Jackson Pollock, acompañada de un mensaje: “Hemos hablado de cómo hacer frente a los retos globales. Compartimos una visión optimista de la recuperación de la economía mundial tras la pandemia, una recuperación que debe ser sostenible e inclusiva”.
Se trataba desde luego de una de las citas clave que ha mantenido desde que es presidente del Gobierno. BlackRock es la mayor gestora de fondos de inversión del mundo. Administra activos valorados en 8,1 billones de dólares. Se dice pronto: casi siete veces el PIB de España, un 20% más que la suma del PIB de Alemania y Francia. En España tiene participaciones muy significativas en una veintena de empresas del Ibex y otras compañías cotizadas.
Fink, muy identificado con el Partido Demócrata, se ha distinguido además por su beligerancia en favor de la transición energética y la responsabilidad social de las empresas. Su carta anual de comienzo de ejercicio a los CEO de las grandes compañías con las que se relaciona es algo así como el almanaque del capitalismo sostenible.
Sánchez salió eufórico de ese encuentro. Hubo química entre ambos y Fink habló expresamente de incrementar su apuesta por España.
Si Sánchez pretende movilizar 500.000 millones de euros adicionales de capital privado, utilizando como palanca los 140.000 de los fondos europeos, Fink será la perfecta piedra de toque. Es decir que, después de ese encuentro mirándose a los ojos, la valoración que BlackRock y los demás grandes fondos a los que visitó hagan de su política económica y las decisiones que tomen o dejen de tomar en consecuencia, serán el termómetro que marcará nuestro futuro.
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No estamos hablando de fantasías "globalistas" como las que tanto perturban simultáneamente a Vox y Podemos, sino de la realidad inexorable de una España con una deuda pública del 123% del PIB cuya financiación depende de los programas de compra del Banco Central Europeo que, a nada que se perpetúe la inflación, tendrán que recortarse.
El propio Fink auguró hace poco que la tendencia al alza de los precios va a ser duradera y pronto escucharemos el clamor de los frugales recordando que la razón de ser de los bancos centrales es combatir la inflación. Puede que los malos recuerdos de Lagarde sobre la crisis financiera de hace quince años -entonces dirigía el Fondo Monetario, ahora el BCE- le hagan arrastrar los pies, pero el viraje hacia una política más restrictiva se atisba inevitablemente en el horizonte.
En el entorno de la propia Comisión Europea surge ya una demanda de volver al rumbo de la consolidación fiscal y restablecer el techo de déficit. Fue muy significativo que tanto el Banco de España como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) instaran recientemente al Gobierno que tuviera en cuenta esa perspectiva. Aunque a la vista de los nuevos Presupuestos, su éxito ha sido perfectamente descriptible.
Es lógico que, con la imputación de 27.000 millones de inversión procedentes de los fondos europeos, el Gobierno haya presentado unos Presupuestos con el mayor nivel de gasto público de la historia
Es lógico que, con la imputación de 27.000 millones de inversión procedentes de los fondos europeos, el Gobierno haya presentado unos Presupuestos expansivos, con el mayor nivel de gasto público de la historia. Lo que no es tan lógico es que por un lado incluyan partidas tan claramente electoralistas como los bonos para el alquiler y el acceso a la cultura de los jóvenes; y por el otro generen un déficit estructural -o sea recurrente- del 5% del PIB por el desfase entre ingresos y gastos.
El riesgo de la propagandística irrupción de la “cigarra con asteroides” descrita ayer por Daniel Lacalle, es que esos mismos jóvenes a los que ahora se corteja con estas subvenciones que tanto gustan a Podemos, sigan en el paro durante mucho tiempo y cuando al fin levanten cabeza se encuentren con el lastre de una deuda descomunal y la perspectiva de tener que trabajar más años para cobrar pensiones más bajas.
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Sólo una movilización sin precedentes de la inversión privada, sólo una atracción masiva de ese capital extranjero al que con tanta frivolidad como ignorancia se encasilla en la categoría de "fondos buitres", podrá salvar a España de la debacle económica a dos años vista. Sánchez necesita que los fondos europeos no sean el fruto que los más avispados corten del árbol, sino la semilla que genere un nuevo ecosistema empresarial basado en el desarrollo sostenible.
La clave está por lo tanto en el sentido de las reformas que vayan fijando las nuevas reglas del juego y ahí Sánchez se encuentra con el tremendo hándicap de la permanente oposición de sus socios de Gobierno a la libertad económica. Es como pretender escalar el Himalaya con una cordada de alpinistas obesos, vomitando por el mal de altura y empeñados en cobrarles a los sherpas un impuesto por cada metro que avancen.
La clave está en el sentido de las reformas que vayan fijando las nuevas reglas del juego y ahí Sánchez se encuentra con el tremendo hándicap de la oposición de sus socios de Gobierno a la libertad económica
Hasta ahora Sánchez ha tratado de contentarles con golosinas como el Ingreso Vital o las subidas del Salario Mínimo que, aunque generen efectos contrarios a los pretendidos, también palían situaciones extremas y tienen costes asumibles. La situación límite está llegando con el desenlace de grandes asuntos como la Ley de la Vivienda, la Reforma Laboral o la Sostenibilidad de las Pensiones.
En el primero de los casos acabamos de asistir a lo que puede verse como un elaborado intento de engañar a todo el mundo al mismo tiempo o como un ingenioso laberinto que sólo sirve para que, después de dar muchas vueltas, todos puedan encontrar una salida que les devuelva al punto de partida.
A primera vista, lo anunciado por el Gobierno convierte la Ley de la Vivienda en un atentado contra la propiedad privada, en un bumerán que encarecerá aun más el mercado de alquiler por la retracción de la oferta, en un ámbito de airado debate político y en carne de sentencia adversa en el Tribunal Constitucional. Pero a medida que se va filtrando la letra pequeña, la percepción varía.
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En primer lugar, porque quedan por delante año y medio de trámite parlamentario -en el que el propio Sánchez ha animado a la oposición a introducir enmiendas- y otro año y medio más para establecer los Indices de Precios de Referencia. Eso significa que la ley podría ser derogada si el PP ganara las elecciones y lograra la investidura antes de que hubiera producido efecto alguno.
En segundo lugar, porque sus efectos económicos deberán pasar el filtro de las autonomías, en el caso de la congelación o bajada de alquileres, y de los ayuntamientos, en el caso de la subida de impuestos a viviendas vacías. Y ni siquiera el que las autoridades regionales o locales sean del PSOE o de alguno de sus socios garantiza que la propuesta de declarar una zona como “tensionada”, para que se le aplique la norma, vaya a salir adelante porque la última palabra siempre será del Gobierno central.
Y en tercer lugar, porque la aparentemente draconiana disposición de que toda promoción inmobiliaria deba destinar un 30% de suelo a viviendas sociales, irá acompañada de la subrepticia compensación de poder construir vivienda libre mediante otro convenio en un suelo equivalente.
Cuanto más dura sea la reacción de la oposición y de la patronal, más legitimado va a sentirse Podemos para sacar pecho y conformarse casi con lo que sea
Tres años van a dar mucho de sí para hablar de todo esto y en el fondo cuanto más dura sea la reacción de la oposición y de la patronal, más legitimado va a sentirse Podemos para sacar pecho y conformarse casi con lo que sea. Estamos hablando de un grupo humano que por un lado se aferra al poder para preservar sus sueldos y por el otro se halla inmerso en un proceso de centrifugado político, implacablemente liderado por Yolanda Díaz. Es un colectivo muy dispuesto a dejarse engañar por Sánchez, con tal de que pueda disimularlo gracias al cañoneo de la derecha.
A los que no tiene margen para engañar el presidente es a Larry Fink y sus émulos. En las reuniones de Nueva York surgieron estos tres temas clave: alquileres, reforma laboral, pensiones. Es posible que, con todos los subterfugios descritos, el presidente logre bandear el asunto de los alquileres, pues tiene en sus manos el control del proceso legislativo. Pero Sánchez sabe que Bruselas no aceptará ni la reforma laboral ni la de las pensiones si no llegan previamente pactadas por los agentes sociales. Y las posiciones de CEOE y sindicatos son hoy por hoy irreconciliables porque la izquierda ha hecho de esos dos asuntos su gran ariete contra la libertad de mercado.
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Aún no hemos salido de la pandemia, aún no hemos superado la frustración por la forma en que tuvimos que huir de Afganistán, aún no se ha extinguido la erupción del volcán, y ya parece estar cayendo sobre nosotros una nueva plaga de Egipto en forma de crisis energética. La cartelización del suministro del gas, los juegos geoestratégicos de Rusia o Argelia y el elevado coste de la transición energética están creando una nueva tormenta perfecta que de momento ha disparado la inflación, pero bien podría desembocar en el drama del desabastecimiento.
Un invierno con temperaturas extremadamente bajas, acarrearía en ese supuesto una auténtica catástrofe humanitaria. Un importante dirigente español invocaba incluso este jueves el fantasma de un “Armageddon energético” y me explicaba que “es mucho más difícil combatir el frío que el hambre, una epidemia o cualquier catástrofe natural”.
Un invierno con temperaturas extremadamente bajas, acarrearía en ese supuesto una auténtica catástrofe humanitaria
Recurrir en este escenario a la criminalización de las empresas eléctricas y expropiarles abruptamente una parte significativa de sus ingresos es el peor de los caminos. BlackRock y otros fondos de inversiones están entre sus accionistas de referencia y, tras la caída de su valor bursátil, no pueden dejar de percibir el riesgo extremo de la inseguridad jurídica.
Sánchez está empeñado, al alimón con Draghi, en cambiar el sistema europeo de fijación de precios, pero entre tanto debe recurrir a la reducción de cargas fiscales, a la aportación al sistema eléctrico de lo que recauda por emisiones de CO2 o a la prolongación del ciclo de vida de las centrales nucleares, perfectamente compatible con el desarrollo sostenible.
Hablemos de vivienda, de mercado laboral o de energía, sólo la sinapsis público-privada podrá mantener vivo nuestro organismo. De Sánchez depende que se trate, por utilizar los términos neurológicos, de una productiva sinapsis excitatoria o de una paralizante sinapsis inhibitoria.
