Los disturbios en el barrio barcelonés de Gràcia por el desalojo de un edificio okupado han puesto a Ada Colau en un aprieto. El conflicto lo protagoniza un colectivo al que estuvo vinculada en su juventud y por el que siente simpatía. Se produce además justo cuando se cumple el primer aniversario de su llegada a la alcaldía, y los episodios violentos y el revuelo que han generado están emborronando esa celebración.

El problema de Barcelona en Comú es el de todo partido populista que llega al poder: ya no puede protestar contra sí mismo. Si Colau no fuera hoy alcaldesa es muy probable que estuviera participando en las manifestaciones que han incendiado ya tres noches seguidas la ciudad; pero su responsabilidad institucional le impide hacerlo.

Altercados intolerables

Esa dicotomía le lleva a criticar con la boca pequeña unos altercados intolerables se miren por don se miren y a exigir "proporcionalidad" a los Mossos d'Esquadra a la hora de sofocarlos, como si el monopolio de la fuerza estuviera de parte de quienes queman coches, rompen escaparates y destrozan el mobiliario urbano y no de los agentes de la autoridad que tratan de hacer cumplir la ley, como es su deber.

Los informes policiales revelan además que hasta 200 okupas han actuado en las protestas de estos días con gran violencia y técnicas de guerrilla urbana. Se trata de un movimiento que ha crecido en Barcelona más que en ninguna otra ciudad española gracias en parte a la condescendencia de las autoridades.

Trias, investigado

Es un escándalo, por ejemplo, que el anterior gobierno local presidido por el convergente Xavier Trias ordenara el pago durante un año y con fondos municipales del alquiler del edificio okupado que ahora es origen de las protestas. En total, más de 65.000 euros. Con buen criterio, la Fiscalía ha abierto una investigación al exalcalde por un posible delito de malversación. Al margen de las consecuencias a que dé lugar, lo que está claro es que no hay derecho a que el dinero público se utilice de esa forma.

La realidad ahora es que mientras Colau trata de navegar entre dos aguas, los incidentes no cesan y la prensa internacional ya se hace eco de ellos. Incluso el Departamento de Estado de EEUU ha emitido este jueves una alerta para que los ciudadanos de su país eviten el barrio de Gràcia si visitan Barcelona.

La alcaldesa se ha mostrado impotente pese a sus esfuerzos por congraciarse con los okupas. Cuando tuvo conocimiento de la orden judicial de desalojo les intentó ofrecer una alternativa. Los okupas la emplazaron a negociar por escrito a través de una dirección de correo. Tras el desalojo también ha intentado apaciguarlos sin éxito. Está claro que Colau está probando su misma medicina, la que ella dispensó a las autoridades cuando era activista contra los desahucios y las deudas hipotecarias.