Dos polémicas resoluciones del juez Santiago Pedraz sobre asuntos de corrupción vuelven a poner el foco en la Audiencia Nacional. En ambos casos, las personas que han resultado beneficiadas por el criterio de Pedraz tienen relación directa con su gran amigo Baltasar Garzón.

Del primero de los casos informaba en exclusiva este domingo EL ESPAÑOL. Tiene que ver con Humberto Moreira, político investigado en varios países por supuestas actividades delictivas y señalado hace sólo tres años por la revista Forbes como una de las diez personas más corruptas de México.

Vínculos sorprendentes

En 2012, cuando Moreira presidía el Partido Revolucionario Institucoional (PRI), Garzón organizó en México, con sólo una diferencia de meses, dos de sus lucrativas jornadas internacionales sobre Justicia. A ambas invitó a Pedraz, se supone que remuneradamente. Garzón entabló relación con el político mejicano y sus familiares. Esos vínculos parece que han perdurado pues, pese a la mala reputación de Moreira, cuando hace dos meses fue detenido en Madrid, solicitó en un primer momento que Garzón lo representara legalmente.

La detención se produjo a instancias de la Fiscalía Anticorrupción. Había serios indicios de que el amigo mexicano de Garzón pertenecía a una organización criminal que había blanqueado en España un dinero obtenido ilegalmente en su etapa como gobernador de Coahuila. Puede que sea una casualidad, pero quien le devolvió el pasaporte y archivó el caso en contra del criterio del Ministerio Público fue Pedraz.

Pero si la actuación del juez de la Audiencia Nacional causó sorpresa en medios policiales y judiciales, hoy desvelamos un antecedente que demuestra que llueve sobre mojado. Tal y como publicamos, Pedraz exoneró en su día a un constructor investigado por comprar la voluntad de políticos en Angola que, siete meses después, financió la fundación de Garzón.

Pedraz y Angola

Los protagonistas, salvo la persona investigada, son los mismos en ambos casos. Están la Fiscalía Anticorrupción, que acusa; el ex juez Garzón, que obtiene unos ingresos que proceden del entorno próximo del investigado; y Pedraz, que exculpa al sujeto en cuestión.

En este caso, de 2011, Pedraz archivó la denuncia contra el grupo Eurofinsa, acusado de comprar con joyas, coches y dinero a altos funcionarios y políticos angoleños para lograr suculentos contratos públicos. Pese a que Pedraz consideró acreditada la existencia de los regalos, decidió archivar el asunto con el argumento de que no había podido determinarse una relación de causa efecto entre los obsequios y los posibles actos injustos de los funcionarios señalados. Uno de los afortunados por la generosidad de Eurofinsa fue el hijo del presidente angoleño, que recibió 16 millones de euros -nada más y nada menos- para que se comprara una casa en Londres.

Que la decisión de Pedraz fue jurídicamente desastrosa, lo demuestra el hecho de que la OCDE la puso como ejemplo en un informe en el que acusaba a España de ser condescendiente con los sobornos que sus empresas pagan en el extranjero.

Relación inquietante

Puede, también, que sea una casualidad, pero meses después del archivo del caso, Eurofinsa se convirtió, con una aportación de 250.000 euros, en el principal donante español de la fundación creada por Garzón. Un año después aportó otros 150.000.

El nombre de esta constructora acaba de aparecer de nuevo en un sumario en la Audiencia Nacional, ahora como una de las empresas que contrataron los servicios de los populares Gustavo de Arístegui y Pedro Gómez de la Serna. Ambos están siendo investigados por utilizar sus contactos políticos para beneficiar a distintas empresas fuera de España.

Lo que revelan estos casos es, cuando menos, una relación inquietante entre la plantilla de jueces de la Audiencia Nacional y la organización de simposios en los que se agasaja y remunera a esos jueces. Quien más ha abusado de esa situación ha sido Garzón, que llegó a ser imputado por prevaricación y cohecho por los pagos recibidos del Banco de Santander para organizar unos cursos en Nueva York. Los hechos quedaron acreditados, pero la causa se archivó finalmente por prescripción.

Por todo ello, el Consejo General del Poder Judicial debería delimitar muy bien los casos en los que los magistrados pueden participar en convenciones y ciclos de conferencias. Por lo que respecta a Pedraz, llama la atención que haya optado por coger el testigo de Garzón y representar el papel de juez estrella que éste jugó. Ha elegido mal modelo y, dado que Garzón acabó como acabó, expulsado de la carrera judicial por prevaricar, seguir sus pasos sería una temeridad.