El "Jaume, trata bien a mi yerno" de Don Juan Carlos al presidente balear, que el propio Matas ha confiado a su entorno y que hoy recoge EL ESPAÑOL, es la clave que explica el porqué distintas administraciones se prestaron a entregar grandes sumas de dinero a Iñaki Urdangarin a cambio de nada. Todos querían colaborar con la Zarzuela, bien en la creencia errónea de que al actuar así le hacían un favor al Estado, bien porque pensaban que podrían rentabilizar de alguna forma su complicidad con el monarca en un futuro. Lo indignante -y ya veremos si penalmente sancionable- es que esa generosidad no era a costa de los políticos: se pagaba con el dinero de los ciudadanos.

El rey jugaba con la ventaja de saber que una sugerencia suya, como la que le hizo a Matas, bastaba para abrir las arcas de la Administración. Por eso, lo sorprendente es que junto a Matas no se hayan sentado otros dirigentes, como es el caso del expresidente valenciano Francisco Camps o la exalcaldesa Rita Barberá.

El relato de Matas tiene verosimilitud por cuanto en el sumario hay documentación que indica que Don Juan Carlos medió en otras ocasiones en favor de los negocios de Urdangarin, ya fuera poniendo en contacto a grandes compañías internacionales con el duque, ya haciendo gestiones ante responsables de grandes regatas para que llegaran a acuerdos con su yerno o citando en Zarzuela a Barberá y a Camps.

Complicidad de la Zarzuela

La información confiada a sus más próximos por Matas corrobora, en primer lugar, el deterioro ético del ocaso del reinado de Don Juan Carlos. Son años marcados por asuntos como la cacería de Botsuana, las gestiones dirigidas a obtener fondos para proyectos fantasma en Arabia Saudí o las temporadas en el apartamento de los Alpes junto a Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

Pero la frase que Matas podría esgrimir ante el tribunal confirma, también, la complicidad de la Casa del Rey en las oscuras actividades del Duque de Palma. EL ESPAÑOL ha revelado, en ese sentido, que hay testimonios en la instrucción que señalan que el conde de Fontao, exjefe de los servicios jurídicos de la Zarzuela, dio indicaciones a Urdangarin sobre cómo encubrir sus negocios. Y es sabido que Carlos García Revenga, secretario de las Infantas a sueldo de la Casa del Rey, era el tesorero de Nóos.

Son circunstancias como éstas las que han llevado al abogado defensor de Diego Torres a insistir este lunes en solicitar la comparecencia en el juicio tanto de Juan Carlos I como de Felipe VI. La pretensión del letrado del exsocio de Urdangarin, que ya fue denegada en su día, es que ambos declaren como testigos, con el propósito de acreditar que la Zarzuela "lo tenía todo controlado".

La primera jornada del juicio ha puesto de nuevo sobre el tapete la posibilidad de que la Infanta Cristina evite el banquillo en aplicación de la denominada "doctrina Botín", que establece que la acción popular no basta para juzgar a un imputado cuando no hay una víctima que reclame (como en este caso, Hacienda) ni existe acusación de la Fiscalía.

Aplicación de la 'doctrina Botín'

El profesor Rodríguez Mourullo, que logró que el Supremo incorporara esta doctrina a la jurisprudencia del Supremo, considera que es totalmente de aplicación en el caso de Doña Cristina. En cambio, hay otras voces autorizadas, como la del catedrático Enrique Gimbernat, que no comparten esa tesis. Se trata de una cuestión técnica que deberá dilucidar el tribunal.

Hay quien ha querido convertir este juicio en una causa contra la monarquía. En las afueras del edificio donde se celebra se corearon este lunes consignas en favor de la república y se ondearon banderas tricolores. No estamos, sin embargo, ante un juicio a la Monarquía española, que durante décadas ha demostrado ser útil en multitud de ocasiones a los intereses de España.

Ahora bien, dado que los chanchullos de Urdangarin no se entienden sin el paraguas de la Casa del Rey, sí asistimos al examen de una etapa del reinado de Juan Carlos -la final- que ha manchado su trayectoria. Ni más, ni menos. Felipe VI está mostrando un comportamiento ejemplar desde que sucedió a su padre, lo que refuerza a una institución que sólo tiene sentido en función de su utilidad representativa al servicio de los ciudadanos.