Por su sordidez, la escena recuerda a muchas de las recreaciones que sobre la mafia se han llevado a la pantalla, solo que aquí todo es real: lo atestigua el correo electrónico que consta en la investigación judicial.

Primero, el empresario Josep Mayola le confía en noviembre de 2011 a Jordi Pujol Ferrusola que tiene complicaciones con su planta de incineración de residuos en Cruiles (Girona): Lo de los residuos "está fotut" (está jodido).

"Si tienes problemas, piensa que con CiU tenemos fuerza en el consell comarcal", le contesta Pujol Ferrusola. El documento es importantísimo: es la primera vez que hay constancia escrita de que el hijo de Pujol ejercía como conseguidor en favor de un empresario que era socio suyo.

El clan, en tiempos de Artur Mas, ofrecía su influencia para que las administraciones gobernadas por CiU beneficiaran a sus protegidos. Por supuesto, a cambio de comisiones. El sobrecoste que suponía el pago de esa mediación lo pagaban los catalanes con sus impuestos.

Quienes hoy llevan al precipicio a Cataluña son quienes han consentido durante años el latrocinio institucionalizado. Vienen muy al caso las declaraciones de Jordi Pujol Ferrusola cuando fue preguntado en la comisión de investigación del Parlament por su relación con Artur Mas: "El señor Mas es muy amigo mío. No necesito saber que está pensando en mí; yo estoy pensando en él y estoy ayudándole siempre que puedo. Sé que lo tendré el día que lo necesite". A tenor de los hechos, huelgan más palabras.

Con la misma falta de escrúpulos que emplea el trabuco para esquilmar las arcas de las Administraciones catalanas, se desenvuelven los separatistas en su proyecto para romper España. Este martes han utilizado su buldócer en el Parlament para convocar la Junta de Portavoces sin esperar a que se constituya el grupo popular. No es ya que presuman de que no cumplirán las resoluciones del Tribunal Constitucional, es que ni siquiera respetan sus propias normas, como las que fija el Reglamento de la Cámara.

Este miércoles, medio centenar de diputados de Ciudadanos, PSC y PSOE presentarán ante el Constitucional un recurso de amparo para evitar el atropello cometido en el Parlament. Lo lógico sería que el Alto Tribunal lo tramitara de urgencia y suspendiera cautelarmente el paso dado por la Mesa.

Pero al margen de lo que decidan los magistrados, lo que ya ha quedado patente a estas alturas es que los separatistas ni tienen legitimidad democratica para seguir adelante con su propósito ni tampoco legitimidad moral.