La campaña que tanto el Gobierno como el PP están realizando para tratar de restar apoyos a los partidarios de la independencia es de una gran torpeza. Si Rajoy ya patinó al dar por hecho que en una Cataluña independiente sus ciudadanos perderían la nacionalidad española, su ministro de Exteriores ha ahondado en el error al suscribir esas palabras y comparar la situación de los catalanes con la que vivieron en su día los argelinos en relación con Francia.

El fallo no es sólo de orden jurídico. Aunque los argumentos pueden estirarse, el Código Civil prescribe que ningún español perdería el derecho a su nacionalidad ni aun cuando España entrase en guerra civil. El error, gravísimo, es político: el mismo Gobierno que tiene los medios a su alcance para garantizar que no se incumplirá la ley, da pábulo a la idea de que la independencia unilateral de una parte de su territorio es una posibilidad real.

Es la misma ineptitud que lleva al ministro de Asuntos Exteriores a debatir acerca de la independencia, de igual a igual, con uno de los líderes del movimiento secesionista. Sería difícil encontrar tamaña torpeza en cualquier cancillería del mundo. Los secesionistas catalanes no podían encontrar mayor reconocimiento a sus aspiraciones por parte del Estado que pretenden destruir.

A la incompetencia de Moncloa hay que sumar la del PP. Es incomprensible, por ejemplo, que se haya descartado la presencia de Aznar de cualquier acto de campaña, siendo como es un referente para millones de españoles, incluidos muchos catalanes. Al impedir la  participación del ex presidente, Rajoy antepone sus fobias y complejos personales al interés de su partido. Esa ausencia contrasta con la activa participación que, en el otro gran partido nacional, ha tenido Felipe González.

A tres días para las votaciones es imposible ya que el Gobierno pueda rectificar, pero de lo que no cabe duda es de que, con su discurso, situándose una y otra vez en el escenario de que los secesionistas se acabarán saliendo con la suya, ha contribuido a generar confusión y ha alentado la hipótesis de que la independencia de Cataluña es factible.

Lo que deberían haber afirmado el presidente y sus ministros es que nunca existirá la opción de que los catalanes tengan que decidir a qué nacionalidad se adscriben, porque se encargarán de que prevalezca el Estado de Derecho. Como no puede ser de otra manera.