Militares patrullan el asentamiento de migrantes en la playa El Trampolín, a 14 de septiembre de 2026, en Ceuta.
3.000 uniformados en primera línea con competencias limitadas y ataques a sus patrullas
Los militares no tienen la consideración de agentes de la autoridad.
Sufren agresiones ante el deterioro y el aumento de la violencia en las calles.
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Han pasado 50 días desde la entrada masiva de más de 80.000 migrantes en Ceuta y las Fuerzas Armadas continúan desplegadas en la ciudad autónoma. Más de 3.000 militares, bajo el mando de la Comandancia General de Ceuta (COMGECEU) y reforzados con unidades procedentes de Canarias, Baleares y la Península, permanecen sobre el terreno en un dispositivo que combina vigilancia terrestre, medios navales, capacidades aéreas, inteligencia y apoyo logístico.
El despliegue militar se ha convertido en uno de los principales pilares de la respuesta a la crisis, pero también ha puesto de manifiesto una limitación esencial: los militares no son agentes de la autoridad. De hecho, durante esta semana, al menos dos militares heridos fueron trasladados a Madrid para recuperarse en el Hospital Gómez Ulla.
Patrullan calles y zonas sensibles, incluidos comercios y centros educativos, vigilan, observan y disuaden, además de prestar apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sin embargo, no pueden asumir con carácter general las funciones policiales de identificación o detención de civiles.
Los militares se encuentran, por tanto, en primera línea de una crisis que les expone a situaciones cada vez más tensas, pero sin las mismas herramientas jurídicas que los cuerpos policiales.
La gravedad de esta situación ha quedado patente con los ataques sufridos por varias patrullas, que han puesto en evidencia la vulnerabilidad de unos efectivos desplegados sobre el terreno y sometidos a unas reglas de actuación distintas.
Asociaciones profesionales como ATME y AUME han alertado de esta situación: militares encargados de labores de vigilancia y control que, pese a encontrarse expuestos a incidentes violentos, no tienen la consideración de agentes de la autoridad.
La asociación considera que la ausencia de esta protección específica deja a los militares en una situación de especial vulnerabilidad cuando realizan funciones de seguridad. “Sale gratis agredir a un militar porque no somos agentes de la autoridad”, denuncia el presidente de ATME, Marco Antonio Gómez.
Vehículos del Ejército de Tierra patrullan por la carretera de El Tarajal (Ceuta).
Uno de los episodios más graves lo protagonizaron cuatro militares del Grupo de Regulares de Ceuta nº 54, atacados por entre 35 y 40 personas cuando se desplazaban en un vehículo no blindado hacia Benzú. Los efectivos fueron apedreados, tuvieron que abandonar el vehículo y solicitar apoyo policial.
Días después, otro grupo lanzó piedras de gran tamaño contra militares en las inmediaciones de la playa del Chorrillo. Un sargento de Regulares resultó herido en la cabeza tras caer al suelo en la zona del Foso Real. También se produjeron lanzamientos de botellas con líquido corrosivo contra los efectivos, aunque en estos casos no hubo heridos.
La sucesión de incidentes dibuja así un escenario especialmente delicado: soldados desplegados en las zonas de mayor presión y expuestos a agresiones, pero sin las competencias policiales necesarias para intervenir como agentes de la autoridad.
![Una patrulla de 4 militares del Ejército de Tierra, uno de ellos armado, este miércoles 2 de septiembre, caminando frente al Parador. Laura Garófano Ceuta](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11345923.jpg?p=w:320\/h:240&h=lOw9DibC"])
El 1 de septiembre, como informó EL ESPAÑOL, casi un mes después de la entrada masiva, Defensa autorizó a los militares a utilizar sus armas de fuego cuando resulte necesario para repeler una agresión.
La decisión refuerza su capacidad de autoprotección, pero no modifica la naturaleza del despliegue ni convierte al Ejército en una fuerza policial. Además, solo uno de cada cuatro o cinco militares lleva en cada momento un arma con munición cargada.
La Armada llegó en los primeros días
La respuesta militar se extendió al mar desde los primeros días de la crisis. La Armada desplegó en la bahía sur las fragatas Santa María y Navarra, el buque de acción marítima Rayo y medios de apoyo logístico para reforzar la vigilancia del litoral, disuadir nuevos cruces irregulares y sostener a las fuerzas desplegadas.
También en esa primera fase se instalaron las boyas y barreras en el entorno del Tarajal, destinadas a reforzar el control físico y visual de determinados sectores marítimos próximos al paso fronterizo. Estos elementos permiten canalizar posibles puntos de acceso y dificultar determinadas rutas hacia la costa, como complemento a la vigilancia terrestre y naval.
![Así es el muero de contención en la frontera entre España y Marruecos.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11328312.jpg?p=w:320\/h:240&h=PoK7vis7"])
Las boyas no sustituyen a las patrullas, sino que añaden una barrera física en uno de los puntos sensibles del litoral ceutí. La vigilancia marítima se integra así con el dispositivo desplegado en tierra.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, destacó ante la Comisión de Defensa del Congreso las labores desarrolladas por las Fuerzas Armadas durante la crisis y los medios navales desplegados en torno a la ciudad.
El objetivo no es únicamente levantar más barreras físicas, sino construir una defensa fronteriza por capas: inteligencia y anticipación, vigilancia tecnológica, capacidad policial de respuesta, apoyo militar, protección de infraestructuras críticas y una estrategia frente a la presión híbrida.
El Ejército y su respuesta logística
Junto a la vigilancia, las Fuerzas Armadas han asumido también una parte importante del esfuerzo logístico provocado por la llegada masiva de migrantes.
Desde mediados de agosto de 2026, el Ejército de Tierra ha participado en el montaje y acondicionamiento de instalaciones temporales en Ceuta y de varios campamentos temporales para acoger a migrantes llegados tras la entrada masiva del 30 y el 31 de julio.
Precisamente, parte de esos campamentos ubicados en terrenos próximos a instalaciones militares (como la Hípica y la explanada del Guano), generó cierta inquietud entre mandos del Ejército por la cercanía a zonas sensibles y búnkeres con armamento.
En las últimas semanas, buena parte de las tareas de nuevas instalaciones está siendo realizada por personal civil, entre ellos trabajadores de Tragsa y contratistas encargados de las infraestructuras de agua, electricidad y climatización.
El debate sobre un marco excepcional
La persistencia de la crisis ha abierto además el debate sobre la posibilidad de recurrir a un marco excepcional si los mecanismos ordinarios resultasen insuficientes.
La Ley Orgánica 4/1981, de los estados de alarma, excepción y sitio, establece diferentes instrumentos para situaciones extraordinarias. El estado de alarma puede ser declarado por el Gobierno durante un máximo inicial de 15 días; el estado de excepción requiere autorización previa del Congreso y el estado de sitio debe ser declarado por la Cámara por mayoría absoluta a propuesta exclusiva del Ejecutivo.
Y esto es algo que se debería haber planteado el Gobierno ante la gravedad de la crisis, como han planteado algunos de los columnistas de EL ESPAÑOL como Javier Celaya Brey, en su tribuna: "Estado de Sitio: no son migrantes, son invasores".
Lo cierto es que a día de hoy, cincuenta días después, la paradoja del dispositivo sigue intacta: más de 3.000 militares permanecen desplegados en una de las mayores crisis vividas por Ceuta, con la Armada vigilando desde el mar y los servicios de inteligencia siguiendo la evolución de la amenaza, aunque sus capacidades siguen limitadas.
Por ello, desde las distintas asociaciones militares y algunos partidos políticos reclaman que los militares sean reconocidos como profesión de riesgo. En la situación actual, resulta especialmente difícil de entender que quienes están desplegados en Ceuta afrontando situaciones de violencia no tengan ese reconocimiento.
