Garrigues, Aesmide y Tedae proponen un decálogo de reformas para agilizar la contratación en defensa

El documento, elaborado por el área de Derecho Público de Garrigues con aportaciones del tejido empresarial del sector, identifica las principales limitaciones del marco actual y propone soluciones concretas para adaptarlo a un contexto internacional marcado por la incertidumbre estratégica, la volatilidad de costes y las tensiones en las cadenas de suministro.

El análisis parte de una premisa clara: la normativa vigente responde a un entorno de estabilidad que ya no se corresponde con la realidad. La aceleración de los ciclos tecnológicos y la creciente complejidad de los programas de defensa exigen procedimientos más dinámicos y adaptables.

Pedro J. Ramírez: "La Defensa nacional precisa de un gran pacto de Estado, la industria militar necesita previsibilidad"

En este contexto, el informe plantea la creación de un régimen jurídico especial, de carácter temporal, que permita introducir flexibilidad sin comprometer los principios de transparencia, control y legalidad.

“El contexto actual exige decisiones valientes y medidas normativas precisas”, afirma Gerardo Sánchez, quien defiende la necesidad de adaptar la contratación a las nuevas exigencias operativas.

Por su parte, David Arias subraya que el objetivo es impulsar un proceso legislativo que desemboque en “un marco jurídico adecuado al contexto actual”.

Diez claves para transformar la contratación en defensa

El decálogo de reformas se estructura en torno a diez ejes prioritarios destinados a modernizar y agilizar los procesos de contratación en el ámbito de la defensa. Entre ellos, destaca la simplificación de la fase preparatoria, con menos cargas administrativas y un mayor grado de digitalización.

Tedae y Aesmide apuestan por la "autonomía estratégica" como uno de los motores del sector español de la defensa

También se propone dotar de más flexibilidad a los procedimientos de adjudicación, fomentando modalidades como el negociado o el diálogo competitivo.

El texto subraya además la necesidad de reforzar el uso del artículo 346 del TFUE para salvaguardar los intereses esenciales de la seguridad nacional, permitir mayor autonomía en la contratación y evitar rigideces derivadas de la normativa general cuando no se ajusta a las necesidades del sector.

Otros apartados apuntan a la modernización de los contratos Gobierno a Gobierno (G2G), para potenciar su valor estratégico, y a la regulación de la participación de terceros países, basada en criterios de reciprocidad y preferencia europea.

El documento aboga igualmente por una definición más ajustada de los presupuestos de licitación, adaptada a las condiciones reales del mercado, y por la integración efectiva de la I+D+i con los programas de adquisición, de modo que el desarrollo tecnológico y la compra de sistemas avancen de forma coordinada.

Asimismo, propone mayor flexibilidad en la modificación de contratos para incorporar innovaciones tecnológicas, la implantación de mecanismos ágiles de revisión de precios en entornos inflacionarios y una gestión presupuestaria más flexible, que permita superar limitaciones como el principio de anualidad.

Reducir rigideces

El informe pone el foco en disfunciones detectadas de forma recurrente en la práctica: procedimientos excesivamente rígidos, dificultades para incorporar innovación tecnológica y una falta de alineación entre planificación presupuestaria y ejecución real.

Estas limitaciones, advierten sus autores, no solo afectan a la eficiencia administrativa, sino que impactan directamente en la capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas.

En un entorno donde la rapidez de decisión y la anticipación son factores críticos, el sector reclama un cambio normativo que permita acompasar la contratación pública a las necesidades reales de la defensa.

La propuesta de Garrigues, AESMIDE y TEDAE se sitúa así como una hoja de ruta para una reforma que, más que técnica, aspira a ser estratégica.