Un avión de combate Eurofighter Typhoon expuesto durante el primer día de celebración de la Feria Internacional de Defensa y Seguridad de España (FEINDEF), este lunes, en Madrid. EFE
El último informe sobre el ejercicio 2024 de TEDAE, la asociación empresarial española que agrupa a las principales compañías del sector de defensa, seguridad, aeronáutica y espacio, destaca el peso económico y estratégico que tienen estos sectores en España.
Estas industrias alcanzaron una facturación de 16.153 millones de euros, generaron cerca de 22.000 millones de euros de contribución al PIB (aproximadamente 1,4 % del PIB nacional) y sostuvieron alrededor de 260.000 empleos directos, indirectos e inducidos, de alta cualificación.
Además, las exportaciones representaron cerca del 60 % de la facturación y la inversión en I+D+i superó los 2.600 millones de euros, consolidando al sector como un motor clave de innovación, competitividad y capacidades tecnológicas estratégicas en España.
Estos datos indican que se trata de una industria relativamente pequeña pero muy eficiente. No obstante, la creciente complejidad e incertidumbre del contexto geopolítico internacional obliga tanto a las Fuerzas Armadas (FAS) como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) a desarrollar nuevas capacidades que resultan esenciales para garantizar el cumplimiento de sus misiones.
Al mismo tiempo, los compromisos internacionales adquiridos apuntan hacia un aumento significativo del gasto en Defensa en los próximos años, lo que abre la posibilidad de avanzar hacia una mayor autonomía estratégica, tanto a nivel nacional como europeo, apoyada en la soberanía tecnológica en ámbitos críticos como la ciberdefensa, la inteligencia o las plataformas autónomas de nueva generación.
Ello pasa necesariamente por la evolución de su ecosistema industrial para mejorar, entre otros aspectos, la capacidad productiva, la reducción de los plazos de respuesta, la escalabilidad, la sostenibilidad y el posicionamiento dentro del ecosistema industrial europeo, lo que exige una redefinición de la estructura del sector y de las reglas que rigen su funcionamiento.
Si se aspira a alcanzar una verdadera autonomía estratégica sustentada en la soberanía tecnológica, la tecnología nacional debe desempeñar un papel central en estos programas.
Considerando en todo momento que el sector suministra equipos y sistemas a unas FAS y FCSE que no descartan la posibilidad de verse implicadas en un conflicto de alta intensidad.
Las decisiones tomadas por el Gobierno con los planes especiales de modernización, el principal mecanismo empleado para llegar al 2% del PIB en gastos de defensa en un tiempo récord, han causado cierta preocupación en el sector al responsabilizar en exclusiva a unas pocas empresas tractoras de llevar a cabo programas estratégicos, en términos tecnológicos, que están financiados con fondos muy importantes.
Es posible que dadas las circunstancias no fuese posible hacerlo de otra manera, pero lo cierto es que ello obliga a estas empresas tractoras a generar y desarrollar un ecosistema acorde a las actuales circunstancias con el necesario control de la Administración y particularmente del Ministerio de Defensa. Algo que exige un ejercicio de generosidad por parte de actores que, hasta ahora, han competido intensamente por recursos escasos.
No debe olvidarse que el papel de las pymes en el sector de la defensa es estructural y estratégico, ya que constituyen la base de su cadena de suministro y aportan una parte relevante de su capacidad productiva y tecnológica.
Lo prioritario debería ser el desarrollo de proyectos basados en criterios de calidad, fiabilidad y resiliencia tecnológica.
En el ecosistema industrial español actúan principalmente como proveedores especializados, ofreciendo componentes, servicios avanzados de ingeniería y soluciones tecnológicas de alto valor añadido que resultan esenciales para el desarrollo y la ejecución de los grandes programas de defensa.
Todos los agentes del sector tenemos que hacer el esfuerzo de construir este nuevo ecosistema capaz de responder a las nuevas necesidades de las fuerzas armadas en un contexto de autonomía estratégica basada en la soberanía tecnológica en el que se pase de una cultura de la competencia a una cultura de la colaboración y la confianza, lo que se conoce como coopetencia, que obliga a cambiar las actuales reglas de juego.
No resulta adecuado que los proyectos se adjudiquen principalmente en función del menor coste. Lo prioritario debería ser el desarrollo de proyectos basados en criterios de calidad, fiabilidad y resiliencia tecnológica. Si se aspira a alcanzar una verdadera autonomía estratégica sustentada en la soberanía tecnológica, la tecnología nacional debe desempeñar un papel central en estos programas.
En este sentido, es necesario establecer nuevas reglas que permitan que los proyectos no solo se orienten al desarrollo de sistemas, sino también a la creación de estructuras de colaboración eficaces, capaces de responder con solidez a los retos estratégicos y tecnológicos.
Por otro lado, la transformación de la industria de defensa requiere incorporar nuevas empresas a su base tecnológica e industrial, ampliando y fortaleciendo las capacidades disponibles.
Además, la creciente complejidad del entorno tecnológico y operativo exige revisar en profundidad los métodos de obtención de capacidades militares. Los procesos tradicionales, largos y secuenciales, resultan cada vez menos adecuados para integrar innovaciones rápidas y responder a las amenazas emergentes.
En este contexto, tanto en las FAS como en las FCSE se reconoce la necesidad de avanzar hacia procedimientos más ágiles, iterativos y colaborativos, en los que la participación temprana de la industria, los usuarios finales y los desarrolladores tecnológicos permita reducir riesgos, acortar plazos y mejorar la adecuación de las soluciones a las necesidades reales.
Los procedimientos administrativos actuales y el régimen jurídico que los respalda no están a la altura de estas necesidades. Su reforma continúa siendo un tabú; ojalá no tengamos que afrontarla de manera precipitada e improvisada por la presión de los acontecimientos.
Por otro lado, la transformación de la industria de defensa requiere incorporar nuevas empresas a su base tecnológica e industrial, ampliando y fortaleciendo las capacidades disponibles. Este proceso debe acompañarse de un impulso a la internacionalización, especialmente en los programas europeos de I+D y adquisición.
Los procedimientos administrativos actuales y el régimen jurídico que los respalda no están a la altura de estas necesidades.
Dado que se trata de un sector complejo y con un marcado carácter público, resulta fundamental reforzar los modelos de colaboración público-privada y fomentar la generación, captación y formación de talento especializado.
Como reflexión final, si los recursos destinados al sector alcanzan niveles comprendidos entre el 2 % y el 3,5 % del PIB, este deberá convertirse en un auténtico motor de reindustrialización para el país.
Para ello, será imprescindible aprovechar estratégicamente la dualidad de las tecnologías, impulsando la transferencia de capacidades desarrolladas en el ámbito militar hacia el conjunto del tejido productivo civil.
Este proceso conlleva una relevante responsabilidad compartida entre todos los actores implicados —administraciones públicas, industria, centros tecnológicos y ecosistema innovador—, tanto en la gestión eficiente de los recursos como en la orientación estratégica de sus impactos económicos, industriales y sociales.
*** Félix Pérez Martínez es presidente de la Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa y la Seguridad