Imagen de la cadena de suministro.
¿Quién tiene las llaves de nuestra defensa? El reto europeo frente al control tecnológico extranjero
Es una realidad incuestionable que en España (pero también en Europa) dependemos de las importaciones para el desarrollo de nuestro tejido industrial. En algunos sectores, como en defensa, la situación es crítica.
No hablamos solo de la escasez física de semiconductores de última generación, sino de la arquitectura invisible que sostiene nuestra seguridad: las infraestructuras en la nube que procesan nuestra información estratégica y soberana.
En plena guerra más templada que fría de aranceles con EEUU, uno de los mayores riesgos geopolíticos es la dependencia de tecnologías sujetas a la normativa ITAR estadounidense (International Traffic in Arms Regulations) que permite a Washington: controlar reexportaciones, condicionar transferencias tecnológicas a terceros países (incluidos aliados de la OTAN) e influir sobre su ciclo de vida tecnológico, desde actualizaciones de firmware hasta determinados aspectos de su integridad operativa.
En términos prácticos, ello supone una capacidad de control indirecto sobre producción y funcionamiento de infraestructuras y programas necesarios para nuestra defensa.
Además, tras la ampliación de la Sección 702 de la FISA (Foreign Intelligence Surveillance), se refuerza la capacidad de las autoridades estadounidenses para acceder a datos almacenados o tratados por proveedores de servicios sujetos a su jurisdicción, incluso cuando dichos datos se encuentren en servidores físicamente fuera del territorio americano, lo que plantea implicaciones evidentes en términos de soberanía digital y confidencialidad estratégica.
La industria (no solo la de defensa) y nuestra soberanía como país están expuestas a decisiones económicas, políticas y diplomáticas adoptadas fuera de nuestro ámbito de control. Malas noticias en tiempos de guerra.
Esto nos afecta a todos sin remedio, cuando una tecnología encuentra su respaldo en los servidores de una empresa estadounidense (Google, Amazon WebServices…) es muy probable que tenga un duplicado de las llaves de tu soberanía y están obligados por ley a abrirla puerta al gobierno, por motivos de seguridad nacional (que son casi todos).
A esta debilidad en la cadena de suministro hay que unir que China controla gran parte del procesamiento mundial de materias primas críticas. incluidas tierras raras, litio, grafito y otros minerales esenciales para la industria tecnológica, energética y de defensa, lo que le otorga una posición dominante en eslabones estratégicos de la cadena de valor global
La industria (no solo la de defensa) y nuestra soberanía como país están expuestas a decisiones económicas, políticas y diplomáticas adoptadas fuera de nuestro ámbito de control. Malas noticias en tiempos de guerra.
La respuesta europea a la problemática expuesta ha sido, en mi opinión, insuficiente y muy tibia. El programa EDIP (European Defence Industry Programme), busca limitar la entrada de componentes extracomunitarios al 35% en proyectos financiados por la UE. De momento es una resistencia a ITAR, pero este dato confirma nuestra dependencia de terceros países.
Mientras en Europa debatimos porcentajes y añadimos más burocracia, la dependencia tecnológica nos convierte en blancos fáciles, actores poco serios...
El EDIP ha propuesto armonizar, en determinados proyectos, reglas de exportación, certificaciones y transferencias intracomunitarias, ya de por sí muy complejas.
Ha creado un nuevo marco jurídico SEAP para incentivar la compra conjunta mediante beneficios fiscales como la exención del IVA, y el llamado fondo FAST, diseñado para inyectar liquidez en las pymes tecnológicas y evitar que sean absorbidas por capital extracomunitario ante la falta de inversión local.
Además, el programa introduce mecanismos de "seguridad de suministro" que permitirían a la UE, en situaciones de crisis, priorizar los pedidos militares sobre los civiles; precisamente, para asegurar que la cadena de suministro no se para (o no del todo) en momentos de crisis.
Estos “remedios” legislativos tienen poco que hacer frente lo que parece el gran problema de la industria de Defensa: la fragmentación.
Es evidente que no hay recetas mágicas, pero si necesitamos dar un paso al frente y olvidar las viejas soberanías fragmentadas.
En estos momentos y pese a los grandes esfuerzos de los que estamos siendo testigos, no parece viable la creación de una sola autoridad dque regule y compre productos a escala europea, hay demasiados intereses en juego y muchos millones de euros que todos los países quieren en sus respectivas arcas.
La descoordinación entre Estados lógicamente tiene su reflejo entre los programas conjuntos que, en algunos casos, acumulen años de retraso y que, con tecnología actual, se puedan hacer entregas en 2040, cuando ya estarán obsoletos o desconocemos cómo deberemos defendernos ante futuribles ataques.
Es evidente que no hay recetas mágicas, pero si necesitamos dar un paso al frente y olvidar las viejas soberanías fragmentadas.
Mientras en Europa debatimos porcentajes y añadimos más burocracia, la dependencia tecnológica nos convierte en blancos fáciles, actores poco serios y caemos muy abajo en una clasificación en la que deberíamos haber sido líderes.
La pregunta incomoda, pero que no desaparece ¿De verdad podemos permitirnos que cada país europeo, al menos los de mayor dimensión, sigan apostando por campeones nacionales capaces (incapaces más bien) de garantizar la soberanía nacional, ¿o debemos apostar por unos pocos campeones continentales capaces de competir en el mercado mundial?
En ese caso, ¿qué podemos hacer en España? Nuestro dilema es que somos demasiado pequeños para articular un campeón nacional de tamaño competitivo a nivel europeo y demasiados grandes para resignarnos a no intentarlo.
En tiempos de guerra, las respuestas tibias son peligrosas. La soberanía europea necesita la valentía de unificar una defensa que hoy es tan costosa como ineficiente. O consolidamos un pilar industrial europeo real y autónomo, o seguiremos siendo espectadores en un tablero de muy peligroso diseñado y gestionado por terceros.
*** Cristina de Santiago es socia de act legal Spain.