El presidente ruso Putin asiste a una conferencia de la Sociedad Geográfica Rusa en Moscú. Reuters
Rusia fracasa en la reinserción de cientos de miles de veteranos de Ucrania: traumatizados, enfermos y muchos en la calle
La guerra está transformando el país en muchos aspectos. Los inmigrantes, en cualquier caso, son los principales damnificados.
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Mientras la guerra se ha convertido en un ascensor social para algunos ciudadanos de la Rusia provincial, otros colectivos ven cada vez más mermados sus derechos y libertades, convirtiéndose en ciudadanos de segunda. Rusia, cuyo sistema de gobierno recuerda ya a una suerte de neofeudalismo en el que cada oligarca rinde cuentas al presidente ruso, Vladímir Putin, está dividiendo a su sociedad en estamentos claramente diferenciados por el número de derechos que poseen.
En la antigua cultura penitenciaria rusa existe una casta llamada opúscheniy, que puede traducirse como “degradado”. Son presos marginados a la categoría más baja de la jerarquía carcelaria. Entre otras prácticas, como la sodomía pasiva forzada, viven apartados del resto y carecen de cualquier derecho. En ocasiones, son marcados con tatuajes vejatorios, incluso en el rostro, para facilitar su identificación.
Los agentes extranjeros
Trazando un paralelismo, los llamados “agentes extranjeros” deben identificarse como tales en cualquier comunicación pública. La ley obliga, por ejemplo, a que cada vídeo incluya previamente un cartel de 15 segundos sin interrupción, que ocupe al menos el 20% de la pantalla y con una tipografía del doble de tamaño que la del contenido posterior.
Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en 2022, las autoridades declaran agente extranjero a toda persona u organización que reciba apoyo del exterior y participe en actividades políticas, recopile información sobre la capacidad militar rusa o difunda determinados contenidos. Es una calificación previa a la guerra, pero cuyas restricciones se han endurecido progresivamente.
A quienes figuran en esta lista se les prohíbe realizar actividad política, ocupar cargos públicos o trabajar en empresas consideradas estratégicas. Desde el 1 de septiembre tampoco pueden ocupar puestos educativos ni producir contenido para menores. Su imagen se construye así como la de una amenaza pública, con etiquetas que advierten que su contenido es “para mayores de 18 años”, como si fuera pornografía.
Los inmigrantes
Aunque Rusia otorga visados de residencia a quienes “comparten los valores espirituales y morales tradicionales rusos”, según sus autoridades consulares, no todos los inmigrantes son aceptados. En un país donde los anuncios de alquiler piden “solo eslavos”, la xenofobia hacia personas del Cáucaso y de Asia Central ha sido incorporada al discurso político.
Desde este mes, determinados inmigrantes en Moscú deben estar geolocalizados de forma permanente, bajo riesgo de deportación. Además de la discriminación social, sufren frecuentes redadas policiales. En agosto, el Ministerio del Interior informó de la detención de 300 inmigrantes; en julio fueron 500.
Algunas regiones han prohibido el empleo de mano de obra inmigrante en sectores como la educación, la sanidad, el reparto de comida, el transporte de pasajeros y el orden público. La medida ha ido en contra de las necesidades de las empresas, que se han visto obligadas a encarecer sus servicios, como ha ocurrido con los taxis.
De cara al último curso escolar, los hijos de inmigrantes afrontaron una nueva barrera para integrarse en la sociedad rusa. El 87% no pudo ser escolarizado por las exigencias burocráticas y las pruebas de idioma: niños de siete años quedaron fuera de la educación primaria por no hablar ruso.
Según el Servicio Federal de Supervisión de Educación y Ciencia, solo 2.964 de los 23.616 solicitantes lograron matricularse.
Y podría ir más lejos. Se debate actualmente un proyecto de ley para prohibir la entrada y residencia en Rusia a los cónyuges e hijos de trabajadores extranjeros (salvo bielorrusos y especialistas altamente cualificados). Los impulsores sostienen que estas familias suponen “una carga para la infraestructura social”. El presidente de la Duma Estatal, Viacheslav Volodín, declaró en redes: “Quienes vienen a Rusia a trabajar NO DEBEN TRAER A SUS FAMILIAS A NUESTRO PAÍS”.
La nueva élite
Tras el inicio de la guerra, Putin llamó a formar una “nueva élite” social: la de los veteranos, especialmente excombatientes del frente ucraniano. La mayoría proceden de las regiones más pobres, donde alistarse ofrecía un salario muy superior a la media. Pero también reciben beneficios sociales: pagan menos impuestos, tienen acceso prioritario a servicios médicos y otras ventajas.
Gracias a programas como Tiempo de Héroes, pueden formarse como funcionarios (casi 50.000 aspirantes se presentaron a las pruebas de abril). Más de 15.000 hijos de veteranos accedieron en 2024 a universidades públicas, muchos de ellos sin tener que presentarse a los exámenes de acceso o sin aprobarlos.
El Gobierno busca reinsertar a este colectivo. Según cifras recientes anunciadas por Putin, unas 700.000 personas se encuentran actualmente en el frente, y podrían ser “promovidas a puestos de mando político”. Como denunció Daria Baibákova, directora de la organización benéfica Nochliózhka, que reparte comida entre personas sin hogar en Moscú, cada vez más veteranos están terminando en la calle, con traumas de guerra y sin apoyo suficiente.
