Ucrania recluta a adolescentes y ancianos rusos con pagos de 500 euros para sabotear la maquinaria de guerra de Putin

Los servicios de seguridad ucranianos contactan con ciudadanos rusos ofreciéndoles una remuneración, que a menudo ronda los 500 euros, por realizar distintas tareas de espionaje y sabotaje.

Buscan personas fáciles de manipular: aquellas en situación vulnerable, menores de edad, jóvenes con pocos recursos y hasta personas mayores. Las autoridades ucranianas tratan a menudo a sus colaboradores siguiendo esquemas de manipulación psicológica. Primero ofrecen dinero fácil a cambio de tareas sencillas que van incrementando en riesgo hasta crear una dependencia por el dinero. Y, si esto no funciona, recurren a amenazas de delatarles a la Justicia rusa.

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De adolescentes a ancianos

En agosto tres adolescentes de 15, 16 y 17 años fueron detenidos por tratar de cometer un atentado terrorista. Según Rusia, actuaron en interés de Ucrania.

Desde Kiev, su supervisor les encomendó que primero repartieran panfletos por la ciudad exigiendo el fin de la guerra en Ucrania. Posteriormente, les ordenó que recuperaran un paquete de un escondite y lo llevaran a otra localización. La mochila que encontraron estaba cargada con explosivos.

El Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) frustró el atentado cuando los chicos trataron de colocar la bomba casera en las instalaciones de una empresa de la industria militar rusa.

El Comité de Instrucción, órgano judicial-policial que rinde cuentas directas al Kremlin, publicó un vídeo en el que uno de los menores, esposado en su domicilio, confesaba sus crímenes y mostraba dónde guardó la bomba.

Pero las condenas no solo se imponen por actos de violencia. El mismo mes fue sentenciado a 15 años de prisión por alta traición Serguéi Irin, ciudadano ruso, tras haber donado 500 dólares a la ONG ucraniana Vuelve con vida, que desde 2014 se encarga de abastecer de equipo a los combatientes ucranianos que tratan de recuperar el control de su territorio.

Durante el veredicto, el acusado mostró un cartel que leía “¡Putin juyló!” (“Putin es un capullo”), una frase que nació de hinchas de fútbol ucranianos tras la anexión rusa de Crimea.

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Este verano medios independientes rusos se hicieron eco de una noticia sobre el reclutamiento de cinco jubilados por parte de Ucrania. A través de WhatsApp y Telegram, lograron estafarlos por una determinada cantidad de dinero para posteriormente chantajearlos y conseguir que realizaran labores de vigilancia y la entrega de paquetes bomba a militares rusos.

Un caso similar ocurrió en mayo, cuando Zaúr Gurtsiev, vicealcalde de Stavrópol, en el suroeste del país, murió en una explosión cuando se le acercó una persona que también falleció en el acto. Sin embargo, ambos se conocían y no se determinó la implicación de Ucrania en esta ocasión.

Antes de convertirse en funcionario, Gurtsiev dirigió el bombardeo contra la ciudad ucraniana de Mariúpol.

Sí fue más sonado el caso de Daria Trépova, de 26 años, que cumple actualmente una pena de 27 años, el mayor castigo impuesto a una mujer en la historia de la Rusia moderna.

En 2023 Trépova le entregó un explosivo a Vladlén Tatarski, corresponsal de guerra y propagandista ruso, que murió en el atentado en una cafetería de San Petersburgo y en el que resultaron heridas medio centenar de personas, ella incluida.

Trépova confesó haber actuado por orden de los servicios secretos ucranianos.

Rusia ve cada vez más traidores

Sin embargo, plataformas independientes y abogados denuncian casos de sabotaje de falsa bandera para cobrar seguros o incluso organizados por las propias fuerzas de seguridad para inflar sus resultados de cara a sus superiores.

Ígor Volchkov, abogado de un chico de 18 años acusado de provocar varios incendios en infraestructuras de transporte, defiende que, en su caso, el joven recibió instrucciones muy concretas que realmente no provocarían grandes daños.

Por ejemplo, en una de las tareas el chico debía utilizar no más de medio litro de gasolina para prenderle fuego a una locomotora de tranvía que llevaba seis meses inutilizada. Los daños se estimaron finalmente en 8.729 rublos, menos de 100 euros.

El número de casos de alta traición ha crecido exponencialmente, de 16 en 2022 a 145 en 2024, según cifras oficiales rusas (Tribunal Supremo).

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Aún a la espera de los números oficiales de 2025, se ha observado que ha disminuido el número de condenas por terrorismo —870 el año pasado— en favor de las de alta traición.

Tras la invasión rusa de Ucrania, Moscú enmendó las penas de traición para abarcar aquellos casos que traten de, tal y como reza la ley, “pasarse al bando enemigo” mediante acciones dirigidas contra la seguridad de Rusia.

El propio texto jurídico define ‘enemigo’ como “Estado u organización extranjera que se oponga directamente a la Federación de Rusia en un conflicto armado, acciones militares u otras acciones con el uso de armas y equipo militar”, categoría en la que el discurso oficial ruso incluye a Occidente.

Ucrania denuncia que estas mismas prácticas son utilizadas por parte de los servicios secretos rusos para reclutar ciudadanos ucranianos y realizar el mismo tipo de tareas.

Incluso coincide la forma y los canales —las redes sociales— para estos reclutamientos. Artem Dekhtiarenko, portavoz del Servicio de Seguridad de Ucrania, sostiene que desde primavera fueron detenidas unas 700 personas por estas prácticas. El 25% eran menores de edad.