Bruselas

España fue de nuevo uno de los países de la Unión Europea que registró un déficit público más alto en 2018. El desfase presupuestario se situó el año pasado en el 2,5% del producto interior bruto (PIB), es decir, alrededor de 30.000 millones de euros, frente al 3,1% en 2017, según los datos certificados que ha publicado este martes la oficina estadística comunitaria, Eurostat. La cifra es ligeramente inferior al 2,6% que anunció el ministerio de Hacienda en marzo. El Gobierno de Pedro Sánchez incumple así por tres décimas el objetivo exigido por Bruselas, que era del 2,2%.

Sólo Chipre (4,8%) y Rumanía (3%) registran déficits más abultados que el de España, mientras que la Francia de Emmanuel Macron tuvo también un desfase del 2,5%. Otros países que como España también fueron rescatados durante la Gran Recesión han conseguido ya controlar su déficit (como Portugal, que lo ha reducido a apenas el 0,5%), o llegan al equilibrio presupuestario (como Irlanda), o incluso al superávit (como Grecia, que alcanza el 1,1%).

La rebaja del 2,6% que calculó el ministerio de Hacienda el mes pasado al 2,5% definitivo -equivalente a 1.800 millones- se debe mayoritariamente a que Eurostat no ha permitido al Gobierno de Sánchez computar en 2018 una compensación reclamada por Abertis sobre la autopista AP-7. "En 2017 el anterior Gobierno modificó las condiciones de compensación por inversión y la concesionaria ha recurrido a los tribunales. Lo que se había hecho era incluir la parte de la compensación reconocida, pero Eurostat considera que no puede hacerse hasta que no haya sentencia y se sepa qué cantidad final debe pagarse a la concesionaria", explican en Hacienda.

En contraste con el déficit español, en 2018 los mayores superávits presupuestarios en la UE se consiguieron en Luxemburgo (2,4%), Bulgaria y Malta (ambos 2%), Alemania (1,7%) y Holanda (1,5%). En la eurozona, el déficit cayó del 1% de promedio en 2017 al 0,5% en 2018; mientras que en el conjunto de la UE se produjo una bajada del 1% al 0,6%.

España saldrá del procedimiento por déficit excesivo

Pese a desviarse de los compromisos exigidos por la UE, España logra por primera vez en 10 años bajar del umbral del 3% de déficit que marca el Pacto de Estabilidad. Eso significa que la Comisión Europea propondrá en las próximas semanas, probablemente a principios de junio, cerrar el procedimiento sancionador por déficit excesivo abierto contra España en 2009. Es decir, el Gobierno que salga de las urnas el 28 de abril se librará de la supervisión estricta de Bruselas que ha durado la última década.

Cuando la UE lanzó el expediente por déficit excesivo contra España a principios de 2009, la Gran Recesión se encontraba en su punto más álgido. José Luis Rodríguez Zapatero era el presidente del Gobierno y Joaquín Almunia el comisario de Asuntos Económicos. La economía española llegó a desplomarse un 3,6% en 2009. La crisis se prolongó durante el primer mandato de Mariano Rajoy, cuando el déficit superó el 10% y la tasa de paro llegó al 25%. España tuvo que pedir a la UE un rescate para la banca en 2012 por valor de 41.000 millones.

El plazo inicial que le dio la UE a España para reducir el déficit por debajo del 3% vencía en 2012. Pero Bruselas acabó concediendo hasta tres prórrogas ante la imposibilidad de cuadrar las cuentas en pleno hundimiento de la economía: una al Gobierno de Zapatero y tres al Gobierno de Rajoy. 

Pese a que la economía española lleva ya desde entonces 5 años de recuperación con tasas de crecimiento que superan la media de la eurozona, el déficit público sigue estando descontrolado. De hecho, la UE estuvo a punto de imponer al Gobierno de Rajoy una multa de 2.000 millones de euros en 2016 por no haber hecho los ajustes requeridos.

El Ejecutivo comunitario también censuró con dureza el proyecto de Presupuestos de Pedro Sánchez para este año por considerar que la previsión de ingresos estaba inflada y algunos gastos extra no estaban registrados. El borrador, cuyo rechazo en el Congreso precipitó el adelanto electoral pero que Sánchez quiere recuperar si gana el 28-A, "presenta un riesgo de incumplimiento de las exigencias del Pacto de Estabilidad", según Bruselas.

La deuda pública sigue en máximos

Una vez que Eurostat ha validado las cifras de déficit españolas, el siguiente paso será la publicación por parte de la Comisión de las previsiones económicas de primavera a principios de mayo. Antes, el Gobierno en funciones debe enviar a Bruselas su programa de estabilidad actualizado de aquí a final de mes. Con todos estos datos, el Ejecutivo comunitario propondrá a principios de junio cerrar definitivamente el procedimiento sancionador contra España.

Lo hará sobre la base de que España se situó por debajo del umbral del 3% de déficit en 2018 y no volverá a superarlo ni en 2019 ni en 2020. Es decir, que la reducción es sostenible. España será el último país de la UE que se libre de esta supervisión reforzada de Bruselas. Tanto Portugal como Grecia lo hicieron ya en 2017 y Francia el año pasado. No obstante, la Comisión y el BCE mantendrán la vigilancia sobre las cuentas españolas mediante las visitas semestrales a Madrid para controlar que España devuelve las ayudas del rescate bancario. La próxima está programada para mayo.

De hecho, tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como la Autoridad Fiscal Independiente (AIReF) han avisado de que España volverá a incumplir este año la meta de déficit exigida por Bruselas (1,3%) si no se adoptan ajustes adicionales. Según el FMI, el desfase presupuestario se quedará en el 2,3% tanto este año como el siguiente. La AIReF reduce esta cifra al 2,1%, todavía muy lejos de la meta que establece la UE.

Además, los datos de Eurostat sitúan a España como uno de los países de la UE con una deuda pública más alta, el 97,1% del PIB frente al 98,1% en 2017. Por delante están Grecia (181,1%), Italia (132,2%), Portugal (121,5%), Chipre (102,5%), Bélgica (102%) y Francia (98,4%). Según las previsiones de la Comisión, España no realizará este año progresos suficientes para cumplir el objetivo de reducción de deuda, que exigiría una mejora del deficit estructural del 0,6% del PIB.

Tanto el FMI como la Comisión han avisado en múltiples ocasiones al Gobierno de que el alto nivel de deuda es una de las principales vulnerabilidades de la economía española, sobre todo si hay nuevas turbulencias en los mercados o si empiezan a subir los tipos. De momento, el BCE ha aplazado las subidas al menos hasta 2020 debido al frenazo económico que sufre la eurozona. Pero Bruselas calcula que la deuda de España podría dispararse hasta el 107% en 2029 si no hay cambios urgentes en la política fiscal.

Los Estados miembros con menos deuda son Estonia (8,4%), Luxemburgo (21,4%), Bulgaria (22,6%), República Checa (32,7%), Dinamarca (34,1%) y Lituania (34,2%), según Eurostat. En la eurozona, el nivel de deuda pública cayó del 87,1% en 2017 al 85,1% en 2018; y en el conjunto de la UE del 81,7% al 80%.

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