El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, durante el debate en la Eurocámara

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, durante el debate en la Eurocámara Vincent Kessler/Reuters

Europa

La Eurocámara pulsa el 'botón nuclear' contra la deriva autoritaria de Hungría

Pese a la votación del Parlamento, es improbable que el expediente acabe con sanciones al Gobierno de Orbán.

Bruselas

Es la primera vez en la historia que el Parlamento Europeo pulsa el 'botón nuclear' por la deriva autoritaria de un Estado miembro. El pleno de la Eurocámara ha aprobado este miércoles -por 448 votos a favor, 197 en contra y 48 abstenciones- activar el artículo 7 del Tratado contra la Hungría de Viktor Orbán, un procedimiento sancionador que podría acabar en la suspensión del derecho a voto de Budapest como castigo por poner en riesgo la democracia y el Estado de derecho.

De nada ha servido el alegato en defensa propia que hizo este martes ante el pleno el primer ministro húngaro. Muy al contrario, el tono agresivo de Orbán ha enfadado incluso a su familia política, el Partido Popular Europeo, que aunque está dividido ha votado mayoritariamente a favor de sancionar a Hungría. El jefe de grupo, el alemán Manfred Weber, que aspira a ser el próximo presidente de la Comisión, ha dado  libertad de voto a sus filas aunque él personalmente se ha pronunciado contra Orbán. La decisión de este miércoles podría ser el primer paso para la expulsión de Fidesz del PPE.

Pese a que la mayoría del PPE ha dejado caer a Orbán, los populares españoles, capitaneados por Esteban González Pons, han decidido abstenerse. En el PP alegan que no quieren apoyar al primer ministro húngaro, pero tampoco desean que el Parlamento, un órgano político, se convierta en un tribunal que juzgue a los Estados miembros. Carlos Iturgáiz, Pilar Ayuso y Gabriel Mato han votado en contra de censurar a Orbán.

En su combativo discurso del martes, el primer ministro húngaro acusó a la Eurocámara de "insultar a Hungría y a la dignidad del pueblo húngaro". "No es una condena a un Gobierno, sino a un país y a una nación", dijo. Orbán sostiene que la activación del artículo 7 es una "venganza" por la negativa de Budapest a participar en el reparto de refugiados orquestado por Bruselas. "Hungría va a ser condenada porque los ciudadanos húngaros han decidido que este país no va a ser un país de migrantes", se quejó ante el pleno.

El informe aprobado por la Eurocámara sostiene que el Gobierno de Orbán está poniendo en riesgo la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos en Hungría. A los parlamentarios les preocupa en particular los ataques a los medios de comunicación independientes, a las ONGs o a la libertad académica de instituciones como la Universidad Centroeuropea. También denuncian la sustitución de jueces incómodos o el fraude con fondos europeos perpetrado por personas cercanas a Orbán.

Un diagnóstico en el que coincide también la Comisión Europea. "Tristemente, la Comisión comparte las inquietudes expresadas en el informe, en particular por lo que se refiere a los derechos fundamentales, la corrupción, el tratamiento de los gitanos y la independencia del poder judicial", ha dicho el vicepresidente primero, Frans Timmermans.

Un complejo procedimiento de final incierto

Es la segunda vez que se activa el artículo 7 del Tratado contra un Estado miembro por poner en riesgo el Estado de derecho. El Gobierno euroescéptico de Ley y Justicia en  Polonia fue que estrenó este procedimiento en diciembre de 2017. Pero en este caso fue la Comisión y no la Eurocámara la que pulsó la "opción nuclear". Transcurrido casi un año, las sanciones contra Varsovia no se han materializado por la complejidad del procedimiento y la división entre el resto de socios.

El artículo 7 permite que cualquiera de las tres instituciones -Consejo, Parlamento o Comisión- active el procedimiento sancionador contra un país miembro por vulnerar los valores europeos. Es el paso que ha dado este miércoles la Eurocámara con Hungría. El expediente pasa ahora a manos de los ministros de Asuntos Europeos, que deben escuchar de nuevo los argumentos de Orbán y pueden enviarle recomendaciones.

Si no están satisfechos con el resultado, los países de la UE lanzarán un nuevo aviso de que en Hungría existe un "riesgo claro de violación grave" del Estado de derecho. Para ello se requiere una supermayoría de cuatro quintos de los países miembros, tras haber consultado a la Eurocámara. La fase final exige una votación unánime de los 27 para declarar a Budapest culpable de una "violación grave y persistente" de los valores europeos. A partir de ese momento, los Estados miembros pueden suspender el derecho a voto de Hungría por mayoría cualificada.

Por todo ello, es muy improbable que algún día la UE suspenda el derecho a voto a Hungría. Orbán siempre podrá contar con el veto a las sanciones de Polonia y del Gobierno populista de Italia. De hecho, el proceso contra Varsovia ni siquiera ha avanzado hasta la segunda fase casi un año después, pese a que el Gobierno de Ley y  Justicia no ha atendido las recomendaciones de Bruselas y ha seguido con su propósito de someter a la justicia a control político.