Bélgica advierte de que puede rechazar la euroorden contra Puigdemont

La Fiscalía Federal de Bélgica examina este sábado las órdenes de detención y entrega emitidas por la juez Carmen Lamela contra el ex presidente catalán, Carles Puigdemont, y los cuatro ex consellers que le acompañan en su exilio en Bruselas, y que no acudieron a la citación de la Audiencia Nacional el pasado jueves. Lamela les acusa de delitos de rebelión, sedición, malversación de fondos, desobediencia a la autoridad judicial y prevaricación. El Gobierno belga, aunque no puede intervenir en un proceso que funciona de juez a juez, ha avisado no obstante de que la entrega de Puigdemont podría denegarse.

"Estamos dispuestos a colaborar plenamente con la justicia belga tras la orden de detención europea enviada por España", ha escrito el ex presidente catalán en su cuenta de Twitter en neerlandés, en un guiño a los nacionalistas flamencos que apoyan su causa. Este tuit no significa que su comparecencia ante los tribunales belgas sea inminente: es un anuncio para que queden claras sus intenciones cuando llegue el momento, explican fuentes de su entorno.

En las próximas horas, la Fiscalía remitirá las euroódenes a un juez belga, que será el responsable de convocar de inmediato a Puigdemont y sus ex compañeros de Gobierno. La declaración no será este sábado. Podría ser el domingo o el lunes, según fuentes de la Fiscalía. En todo caso, el ex presidente catalán está localizable a través de sus abogados.

Una vez que Puigdemont y los ex consellers acudan ante el juez de instrucción, éste dispondrá de un plazo de 24 horas para decidir si dicta contra ellos prisión provisional mientras dure la tramitación de la entrega, tal y como ha pedido la juez Lamela. Una prisión provisional en Bélgica que los expertos ven improbable. También puede decretar libertad con condiciones como alternativa para evitar el riesgo de fuga o directamente rechazar la euroorden.

Hay motivos de denegación

En un inusual comunicado sobre la euroorden contra Puigdemont, el ministro de Justicia belga, el democristiano flamenco Koen Geens, ha subrayado que el procedimiento es "totalmente judicial". A diferencia de la extradición tradicional, el poder político no juega "ningún papel" en la euroorden. Aún así, Geens avisa de que Bélgica podría rechazar la petición de entrega de Puigdemont a España.

En la euroorden "sigue habiendo motivos de denegación". "Están definidos con mayor precisión que en el régimen de extradición. Pero todavía permiten en algunas situaciones rechazar la ejecución de una orden de detención europea", ha resaltado Geens.

Un comunicado que delata las tensiones que ha provocado en el Gobierno de Bélgic la fuga a Bruselas de Puigdemont. Mientras que el primer ministro, el liberal valón Charles Michel, ha marcado distancias con él y dice que se le tratará como a cualquier otro ciudadano, sus socios de Gobierno de la N-VA, los nacionalistas flamencos, ven al ex presidente catalán como un "amigo" y critican las decisiones de la justicia española.

Los motivos tasados que permiten denegar una euroorden son tres: que el acusado sea menor de edad, que ya haya sido juzgado por los mismos hechos en otro Estado miembro o que los delitos en cuestión hayan sido objeto de amnistía en el país de recepción. En esta lista no se incluye expresamente el riesgo de vulneración de los derechos humanos. Se da por supuesto que en todos los países de la UE se respetan.

Sin embargo, Bélgica hizo una transposición ultragarantista de la euroorden y sí incluyó entre los motivos de denegación obligatorios el atentado contra los derechos fundamentales. A este motivo tiene previsto aferrarse el abogado belga de Puigdemont, Paul Bekaert, que ya lo utilizó con éxito para paralizar la entrega a España de etarras, como la miembro del comando Vizcaya Natividad Jáuregui.

Tres instancias de apelación

Todo apunta a que la vulneración de derechos humanos que alegará Bekaert es la imposibilidad de un juicio justo en España porque los tribunales están "politizados" y las penas que se piden para Puigdemont y sus ex consellers, de hasta 30 años de cárcel, son "desproporcionadas."

En una entrevista con la televisión belga RTBF, Puigdemont ha dicho que quiere colaborar con la justicia belga, pero no con la justicia española. "No es normal que corramos el riesgo de pasar 30 años en la cárcel, 30 años por haber cumplido con nuestro compromiso electoral. No es normal. Es algo extremadamente bárbaro. No podemos hablar de democracia si jugamos con estas reglas del juego", sostiene.

Una vez que le convoque, el juez belga informará a Puigdemont de que tiene la posibilidad de entregarse a España voluntariamente. En ese caso, el proceso duraría apenas 10 días. Si, como parece probable, el ex presidente catalán se opone a la euroorden, la Cámara del Consejo, la primera instancia judicial, tomará una decisión en un plazo de 15 días.

Tanto la Fiscalía como el propio Puigdemont pueden presentar recurso contra este fallo ante la Sala de Acusación, la segunda instancia judicial para la euroorden en Bélgica. Ésta dispondrá de otros 15 días para emitir su dictamen. Es decir, habría una decisión en segunda instancia para principios de diciembre.

Contra este fallo todavía cabe recurso de casación, que puede alargar aún más los plazos. La euroorden prevé que la decisión sobre la entrega debe adoptarse en un plazo máximo de 60 días, extensible a 90 días en casos excepcionales. Es decir, Puigdemont podrá quedarse en Bélgica hasta después de las elecciones catalanas del 21 de diciembre. El ex presidente ya ha dicho que quiere ser candidato y hacer campaña desde Bruselas.