"Nos enviaron como equipaje": Seúl destapa una trama oficial que comerció con la adopción de niños durante décadas

Corea del Sur admitió oficialmente por primera vez este miércoles haber incurrido en violaciones sistemáticas dentro de su política de adopciones internacionales durante gran parte del siglo XX. Según un informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, los menores fueron enviados al extranjero "como equipaje", víctimas de una red de irregularidades que incluyó falsificación de documentos, suplantación de identidad, adopciones sin consentimiento legal y prácticas que convirtieron el sistema en un negocio lucrativo, como adelantó The New York Times.

La comisión, un organismo estatal independiente creado por el Parlamento en 2020, investigó durante dos años los casos de 367 personas adoptadas en el extranjero entre 1964 y 1999. En su primera resolución, determinó que al menos 56 de ellas sufrieron vulneraciones de derechos humanos. El informe documenta envíos a 11 países, entre ellos Estados Unidos, Francia, Dinamarca, Noruega y Suecia.

Corea del Sur ha sido históricamente una de las naciones con mayor número de adopciones internacionales: más de 20.000 niños fueron trasladados a hogares extranjeros desde el final de la Guerra de Corea en 1953.

La imagen más impactante del informe muestra una fila de bebés envueltos en mantas, atados a asientos de avión en 1984. La fotografía aparece bajo el título: "Niños enviados al extranjero como equipaje". No es solo una metáfora: el documento sostiene que las agencias de adopción surcoreanas operaban bajo la presión de cuotas mensuales impuestas por intermediarios extranjeros. Algunas llegaron incluso a reemplazar a bebés fallecidos por otros para cumplir con las entregas pactadas.

Uno de los casos más representativos es el de una niña identificada por el apellido Chang, nacida en Seúl en 1974. Aunque su madre era conocida por la agencia Korea Social Service, fue registrada fraudulentamente como proveniente de un orfanato. La entidad cobró 1.500 dólares por la adopción, además de una "donación" obligatoria de 400 dólares. Parte de esos fondos se destinaban a la captación de más niños adoptables, convirtiendo la práctica en una industria.

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Peter Moller, un surcoreano adoptado en Dinamarca que lideró una campaña internacional para impulsar esta investigación, celebró el informe como un logro: "Este es un momento por el que hemos luchado. Por fin se reconoce lo que los adoptados hemos sabido durante décadas: que hubo engaño, fraude y abuso sistemático".

La presidenta de la comisión, Sun-young Park, subrayó la magnitud de las fallas legales y de política pública: "Estas violaciones nunca debieron haber ocurrido", declaró. "Debemos unirnos como comunidad global [Corea, los países receptores y los adoptados] para afrontar el daño causado y las crisis de identidad que muchos experimentan hoy".

Otro caso citado es el de Mia Lee Sorensen, enviada a Dinamarca en 1987. En 2022, tras localizar a sus padres biológicos, descubrió que su madre fue inducida a creer que la bebé había muerto durante el parto: "Este informe me dio la validación que necesitaba", dijo.

Aunque la comisión carece de potestad para presentar cargos judiciales, el Gobierno surcoreano está obligado por ley a considerar sus recomendaciones. Estas incluyen una disculpa oficial, la ratificación del Convenio de La Haya sobre adopciones internacionales, medidas de reparación para las víctimas y un censo que determine el estatus legal de los adoptados y el grado de manipulación documental sufrido.

Algunos países receptores como Noruega y Dinamarca ya han iniciado sus propias investigaciones. Estados Unidos, el principal destino de estos menores, aún no lo ha hecho. "Este es solo el comienzo", afirmó Mary Bowers, adoptada por una familia de Colorado en 1982. Aún espera respuestas sobre las inconsistencias en sus documentos.