Donald Trump y Pete Hegseth durante una reunión en la Casa Blanca, el 26 de agosto de 2025. Reuters
Trump convertirá a 600 de sus abogados militares en jueces de inmigración para acelerar 3,5 millones de deportaciones
La intervención se produce apenas días después de que una jueza federal en Washington, Jia Cobb -nombrada por Joe Biden-, frenara parcialmente el plan de deportaciones exprés impulsado por la Casa Blanca.
Más información: La Justicia frena a Trump y bloquea las deportaciones de venezolanos bajo la Ley de Extranjería de 1798
El Gobierno de EEUU recurrirá de forma inédita a las Fuerzas Armadas para intentar aliviar la presión del colapsado sistema migratorio.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha autorizado el envío de hasta 600 abogados militares al Departamento de Justicia (DOJ) para que actúen como jueces de inmigración temporales en un esfuerzo por reducir la acumulación de casos, que supera los 3,5 millones.
La medida, aprobada mediante un memorando fechado el 27 de agosto, establece que un primer contingente de 150 letrados será desplegado “tan pronto como sea posible”.
El resto -otros 450- se incorporarán en fases posteriores, aunque no se ha precisado el calendario. Su misión tendrá una duración inicial de 179 días, prorrogable a petición del Departamento de Justicia, según informó The New York Post.
Esta decisión de la Administración Trump se produce cuando la Justicia vuelve a asestarle otro varapalo al Ejecutivo, desautorizando la puesta en marcha de la Ley de Extranjería de 1798, con la que el Gobierno pretendía deportar a los migrantes venezolanos por ser considerados una "invasión".
Actualmente, el sistema cuenta con unos 600 jueces de inmigración en activo. El refuerzo militar supondrá duplicar de facto esa cifra, en lo que la Casa Blanca describe como “un esfuerzo nacional prioritario” que debería contar con el apoyo tanto de los funcionarios como de los migrantes que esperan la resolución de sus casos.
Un sistema al límite
El colapso de los tribunales migratorios se ha agravado bajo la administración de Donald Trump, que ha intensificado redadas y deportaciones.
La decisión de implicar al Pentágono responde a la urgencia de reducir tiempos de espera que, en algunos casos, superan los cuatro años.
Migrantes guatemaltecos llegan a Guatemala en un vuelo de deportación desde EEUU, el 2 de septiembre de 2025. Reuters
La intervención se produce apenas días después de que una jueza federal en Washington, Jia Cobb -nombrada por Joe Biden-, frenara parcialmente el plan de deportaciones exprés impulsado por la Casa Blanca.
![Imágenes de personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos atadas a barricadas.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/07\/15\/actualidad\/1003743849357_257311143_320x180.jpg"])
Cobb dictaminó que los migrantes que llevan menos de dos años en territorio estadounidense deben contar con un procedimiento debido antes de ser expulsados.
La sentencia fue calificada de “activista” por un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, que sostuvo que “ignora la autoridad del presidente bajo el Artículo II de la Constitución y la letra clara de la ley federal”.
La Casa Blanca ha dejado claro que seguirá buscando vías para acelerar las deportaciones y considera la incorporación de abogados militares como parte de esa estrategia.
Controversias
El recurso a personal castrense en funciones judiciales plantea interrogantes sobre la separación de poderes y la independencia del sistema migratorio.
Aunque los militares designados son licenciados en derecho y cuentan con experiencia en cortes marciales, su papel dentro de tribunales civiles especializados en inmigración carece de precedentes a esta escala.
![El abogado Emil Bove observa mientras el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta la sentencia en un caso de dinero para silenciar a sus exesposos, en Nueva York.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/07\/30\/actualidad\/1003743869320_257677739_320x180.jpg"])
Organizaciones de derechos civiles han advertido que la medida podría debilitar aún más las garantías procesales de los migrantes, especialmente en un contexto en el que la administración Trump busca sortear límites legales para acelerar expulsiones.
Desde el Pentágono se insiste en que la decisión responde exclusivamente a una petición del Departamento de Justicia y que los abogados militares mantendrán “plenas competencias jurídicas” durante el tiempo que dure su designación.
Agenda política
El movimiento confirma que la inmigración sigue siendo el núcleo duro de la agenda presidencial.
Tras ser bloqueado en su intento de ampliar las deportaciones sumarias, Trump opta ahora por un atajo institucional que aumenta de forma drástica la capacidad de los tribunales.
Para sus críticos, se trata de un paso más en la militarización de la política migratoria. Para sus defensores, una herramienta necesaria para poner orden en un sistema que, según datos oficiales, afronta el mayor atasco de su historia.
En cualquier caso, la llegada de jueces uniformados a los tribunales de inmigración marcará un nuevo capítulo en la batalla política y judicial sobre el futuro de los migrantes en EEUU.
