La Justicia de EEUU tumba los dos caballos de batalla de Trump: frena las deportaciones y declara ilegales los aranceles

Viernes negro para Donald Trump. La Justicia estadounidense ha vuelto a mover ficha para intentar frenar la espiral autoritaria del magnate tanto fuera como dentro de sus fronteras con dos dictámenes, dos duros golpes a los caballos de batalla que han alimentado su segundo mandato: la política migratoria y la presión internacional mediante medidas arancelarias.

Durante la pasada madrugada, un tribunal de apelaciones ha dictaminado que la mayoría de los aranceles aprobados por el republicano contra el resto de los países del mundo son ilegales, mientras que una jueza federal ha bloqueado temporalmente las deportaciones rápidas de inmigrantes indocumentados argumentando que la Administración Trump no está siguiendo el debido proceso legal.

Ambas decisiones judiciales evidencian la posible mala praxis del Gobierno republicano, declarando irregulares, ilícitas e ilegales las vías judiciales por las que Trump ha conseguido, hasta ahora, mantener vivas las dos cuestiones que le permitieron volver a la Casa Blanca.

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Aunque sus políticas estrella quedan en el aire, no es la primera vez que los tribunales de Estados Unidos intentan paralizar sin éxito este tipo de medidas económicas y sociales que hicieron que la popularidad del mandatario cayera en picado durante los primeros meses de mandato.

Entre otras consecuencias, los aranceles hicieron que las bolsas se desplomaran, mientras que la repulsa social a las deportaciones de familiares y amigos de los ciudadanos estadounidenses hizo que se llenaran las calles en forma de protesta. Ante esto, Trump continúa haciendo oídos sordos.

Los aranceles, ilegales

Un tribunal de Apelaciones del Circuito Federal ha dictaminado que Trump no tenía derecho legal para imponer la mayoría de los aranceles que ha aprobado a golpe de órdenes ejecutivas, ni siquiera esos que él denomina como "recíprocos".

Este fallo confirma que el magnate "se extralimitó" en su autoridad al usar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), creada para abordar amenazas durante emergencias nacionales.

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En concreto, el tribunal afirma que "el estatuto otorga al presidente una autoridad significativa para tomar una serie de medidas en respuesta a una emergencia nacional declarada, pero ninguna de estas medidas incluye explícitamente la facultad de imponer aranceles, derechos o similares, ni la facultad de imponer impuestos".

Se trata de la conclusión a la que llegó un tribunal especializado en comercio de Nueva York el pasado mayo en una sentencia en la que ya advertía sobre la ilegalidad de los aranceles, aunque excluyen los gravámenes a los vehículos, al acero o al aluminio ya que el Ejecutivo estadounidense utilizó otra ley para imponerlos.

No obstante, la política arancelaria de Trump seguirá vigente hasta el 14 de octubre. El tribunal da dos semanas al Gobierno de EEUU para que pueda recurrir el dictamen a la Corte Suprema de Justicia de EEUU.

De hecho, el presidente, que ha denominado al tribunal como "una corte de apelación altamente partidista", ha anunciado que va a recurrir el fallo al considerar que "si los aranceles desaparecieran serían un desastre total para el país".

Las deportaciones rápidas, paralizadas

Las deportaciones rápidas o "expulsiones inmediatas" son el principal mecanismo en el que se está apoyando la Administración Trump para llevar a cabo las deportaciones masivas de migrantes indocumentados ya que no es necesario que medie una audiencia que apruebe que esa persona debe ser expulsada del país.

Son múltiples los órganos judiciales que han puesto el grito en el cielo por la ilegalidad de las vías que ha usado el Gobierno republicano para llevar a cabo estas deportaciones. Desde que el magnate volvió al Despacho Oval, ha ido en contra de todo aquel que considera "pandillero".

Ahora, la jueza federal Jia Cobb, de Washington D. C., ha emitido un dictamen con el que bloquea de manera temporal este tipo de deportaciones rápidas, dando la razón a los grupos de derechos civiles que denunciaron que la medida supone una violación del debido proceso legal.

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La magistrada señala que la medida "prioriza la rapidez" y "llevará inevitablemente al Gobierno a deportar a personas por error a través de este proceso truncado", tal y como pasó en el sonado caso de Kilmar Abrego García.

Sin embargo, la jueza dice no cuestionar la constitucionalidad de la política original de deportaciones rápidas, que se lleva aplicando mucho tiempo para deportar inmigrantes cerca de la frontera sur y que lleven pocos días en EEUU, sino su expansión.

Agrega Cobb que, "al defender este escaso proceso, el Gobierno hace un argumento verdaderamente sorprendente: que aquellos que ingresaron ilegalmente en el país no tienen derecho a un proceso bajo la Quinta Enmienda, sino que deben aceptar cualquier gracia que les dé el Congreso".

"Si eso fuera correcto, no solo los no ciudadanos indocumentados, todos estaríamos en riesgo", apostilla la jueza.