Catalina Santiago llegó indocumentada a EEUU con 8 años.

Catalina Santiago llegó indocumentada a EEUU con 8 años. Cedida

EEUU

"Yo me libro de momento con Trump, pero mis padres pueden ser deportados"

Catalina Santiago llegó con 8 años a Estados Unidos como indocumentada. Ahora teme un estado policial. 

Catalina Santiago ya se ha acostumbrado a que la llamen por su diminutivo, Cata. Lo hace porque desde que entró ilegalmente a los Estados Unidos con 8 años no consigue que sus vecinos y compañeros pronuncien correctamente su nombre. “Me decían Caroline, así que lo acorté”, comenta por teléfono a EL ESPAÑOL desde Florida esta joven indocumentada, que once años después de cruzar la frontera ve cómo la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha puesto en peligro su vida y la de su familia.

Este martes el Departamento de Seguridad Nacional aprobó las nuevas directrices de política migratoria, que abren la puerta a las deportaciones masivas, al ampliar el número de posibles expulsados del país. Da más competencia a los funcionarios, prevé contratar 15.000 nuevos agentes y da poderes en materia migratoria a cuerpos policiales locales y estatales. Y lo más inquietante para este colectivo, pone el foco sobre cualquier indocumentado que haya cometido cualquier tipo de delitos o que "a juicio de un agente suponga un riesgo para la seguridad pública".

“Lo alarmante no es sólo que el Gobierno vaya sacando nuevos memorandos e instrucciones, sino el hecho de que puedan ir aprobando nuevas legislaciones más restrictivas aún”, explica Cata, que teme especialmente por el caso de sus padres.

De hecho, las novedades introducidas por la nueva Administración federal este martes les afectan directamente. “Mis padres conducen sin licencia. Es un problema que padecen millones de personas, que no pueden conseguirla al ser indocumentados. Ahora los policías que vigilan el tráfico podrían, por ejemplo, actuar como agentes federales de inmigración. Si los paran, se exponen a una detención y una orden de deportación. Millones de conductores van a manejar [conducir] desde hoy con miedo”, prevé.   

Lo que de momento el gabinete de Donald Trump ha respetado es la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocida como DACA, por sus siglas en inglés (Deferred Action for Childhood Arrivals). Esta política migratoria, aprobada mediante una orden ejecutiva en 2012 por Obama, permite permanecer sin riesgo de deportación a los inmigrantes que llegaron como menores, y les otorga la posibilidad de viajar a sus países y poder volver a entrar en determinados casos. Sin embargo, no tiene estatus de ley, por lo que en cualquier momento podría ser eliminada.

"SIN PODER ENTERRAR A MI ABUELO"

Cata es una dreamer, una de las beneficiadas por la DACA. “Llegué ilegalmente con mis padres y mi hermano cuando tenía 8 años. Siempre crecí sabiendo que era una indocumentada, porque mi familia me lo recordaba siempre, para que tuviera cuidado”, rememora. Esta condición, sin embargo, no le impidió escolarizarse y hacer una vida medianamente normal. “Mi madre me apuntó a un colegio y todo fue bien. Mi vida se parecía a la de mis compañeros. Pero hace dos años falleció mi abuelo paterno. Ahí me di cuenta de que no éramos iguales, como les pasa a millones de indocumentados”.

Ni ella ni sus padres pudieron viajar al entierro en México. Pese a que gobernaba Obama, la política de deportaciones era también muy intensa. “Ellos no fueron porque si lo hacían, no podían regresar. Yo habría podido, pero no me atreví a ir sola. Dejé México con 8 años. Recuerdo los nombres, pero no las caras”, lamenta.

“Aquella fue la primera vez que vi a mi padre llorar, sin comer, quebrado de dolor. Me afectó mucho y me hizo darme cuenta de que todo era una injusticia. Una más. Porque mis padres son campesinos. He visto toda mi vida lo que han tenido que soportar: salarios mediocres por ser indocumentado. Mis amigos no tenían que vivir eso. Entonces me involucré en el Movimiento Cosecha, me hice voluntaria y peleo para que nuestro colectivo se regularice. EEUU es lo que es gracias a la inmigración”.

SIN HABLAR ESPAÑOL NI INGLÉS

En otra ocasión, cuando su hermano estaba a punto de ingresar en la universidad, su familia padeció las leyes que lo consideraban como un estudiante internacional, por lo que los costes de matrícula eran “tres y cuatro veces” mayores que los nacidos aquí. “Afortunadamente, eso fue hace dos años y medio y ahora muchos estados han cambiado esa norma”, destaca.

Catalina quiere estudiar chamanismo, medicina alternativa y el uso medicinal de las plantas. Para llegar hasta aquí no lo ha tenido fácil. Llegó a Florida como indocumentada, sin saber ni inglés ni español. “Soy de la zona sureste del país, de Oaxaca. Mi lengua nativa es el zapoteco. Tuve que aprender dos idiomas simultáneamente”.

Sus planes dependerán de los futuros pasos de Trump. Hasta ahora, el objetivo prioritario a la hora de deportar en EEUU eran los sin papeles con delitos graves, un límite que desaparece, extendiendo el riesgo de expulsión a todos los ‘ilegales’, permitiendo incluso para algunos casos extender su encierro tras la detención.

PAGAR 300 DÓLARES PARA SALIR

Cata no sabe cuánto tiempo podrá librarse de la persecución. Aunque ahora se beneficia del DACA, no puede planificar un viaje de vacaciones fuera del país como el resto de sus amigos. Ni siquiera arriesgarse a solicitar una salida legal -pagando 300 dólares y alegando razones humanitarias, de trabajo o enfermedad-, por el riesgo de que cambien las normas y se quede fuera.

Si pudiera hablar directamente con el presidente, lo tiene claro. "A Trump le pediría que reconozca que el país depende de inmigrantes. Sin nosotros, EEUU no puede funcionar".

Actualmente no existe ninguna vía que permita pedir la residencia legal o la ciudadanía a Catalina Santiago o al resto de 700.000 jóvenes amparados por la DACA. “Lo único que podemos hacer es luchar. Estudiar mucho, echarle ganas y triunfar. Hay que cambiar las cosas”. Ahora se prepara para el nuevo Día Sin Inmigrantes que el movimiento donde es activista prepara para el 1 de mayo, una nueva protesta contra la política migratoria de Trump.