Sheinbaum abandona el "periodo liberal" para reforzar el poder del Estado sobre agua, energía y vivienda en México

Claudia Sheinbaum ha decidido dar un paso más en la ruptura con el modelo liberal que rigió México durante las últimas tres décadas.

En una serie de mensajes difundidos en X, la presidenta presentó su proyecto de nación bajo un lema inequívoco: la transformación solo es posible con un Estado fuerte, capaz de garantizar derechos básicos y controlar sectores estratégicos.

Dos anuncios recientes lo ilustran: el lanzamiento de 17 proyectos hidráulicos para garantizar el acceso al agua y la reforma legal que devuelve a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) un papel central como empresas públicas.

Agua con derecho

“El agua es un bien de la nación y su acceso es un derecho humano”, declaró Sheinbaum al presentar el Plan Nacional Hídrico. El programa contempla inversiones federales cercanas a 20.000 millones de pesos en 2025 y un total de 122.600 millones hasta 2030, además de aportaciones estatales. Las obras incluyen presas, acueductos y sistemas de saneamiento, con especial énfasis en el norte del país, golpeado por la sequía.

El objetivo declarado es “llevar agua a quien más lo necesita” y evitar la concentración del recurso en manos privadas mediante concesiones abusivas. El plan beneficiaría a unos 36 millones de personas.

Expertos en gestión hídrica advierten, no obstante, que la magnitud del reto exige también una reforma integral del sistema de concesiones y una fiscalización efectiva del consumo en la agroindustria y la minería. Organizaciones ecologistas reclaman garantías ambientales y participación de las comunidades en los megaproyectos.

Energía y soberanía

La segunda medida profundiza el giro estatista. “Regresamos Pemex y CFE al pueblo”, proclamó Sheinbaum al promulgar en marzo leyes secundarias que revierten aspectos de la reforma energética de 2013, impulsada por Enrique Peña Nieto. El acto coincidió con el 87.º aniversario de la expropiación petrolera.

Las nuevas normas blindan a Pemex y CFE como brazos estatales de la soberanía energética. La primera tendrá el control de la exploración, extracción y refinación de hidrocarburos, mientras que la segunda deberá garantizar al menos el 54% de la generación eléctrica nacional.

La apuesta busca reforzar la autonomía energética frente a la volatilidad internacional, aunque no está exenta de riesgos. Pemex arrastra una deuda financiera en torno a los 100.000 millones de dólares, además de obligaciones con proveedores. La CFE enfrenta el reto de modernizar una red obsoleta en plena transición global hacia energías limpias.

Para sus críticos, la reforma consolida monopolios estatales poco eficientes y resta confianza a la inversión privada. Para la presidenta, en cambio, constituye “un acto de justicia histórica” y la recuperación de palancas estratégicas que “nunca debieron privatizarse”.

Vivienda social

El giro no se limita al agua y la energía. En su primer presupuesto, Sheinbaum aprobó un incremento notable en los recursos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con el objetivo de construir 186.000 viviendas de interés social en 2025 y superar el millón a lo largo del sexenio. El plan incluye la entrega de escrituras, la regularización de créditos en conflicto y la rehabilitación de hogares precarios.

La meta es reducir el déficit habitacional que afecta a millones de familias con ingresos de uno o dos salarios mínimos.

Continuidad transformadora

La presidenta articula este paquete como parte de una “nueva etapa de la Cuarta Transformación”, el proyecto político iniciado por Andrés Manuel López Obrador. Si el expresidente amplió los programas sociales y debilitó organismos autónomos, Sheinbaum avanza en un modelo de mayor centralización estatal, con proyectos que buscan redefinir las bases mismas del desarrollo económico.

Los sectores empresariales reaccionan con cautela. El Consejo Coordinador Empresarial ha pedido reglas claras y transparencia en la asignación de contratos, especialmente en energía e infraestructuras.

Desde Washington, algunos analistas advierten de posibles roces con el tratado comercial de Norteamérica (T-MEC), particularmente en el capítulo energético.

Con estas decisiones, Sheinbaum envía un mensaje claro tanto al interior como al exterior: México se aleja del paradigma liberal y apuesta por un modelo en el que el Estado recupera el timón. El resultado dependerá de la capacidad del Gobierno para ejecutar sus promesas sin descarrilar las finanzas públicas ni desalentar la inversión necesaria para sostener el crecimiento.