El secretario de Guerra, Pete Hegseth.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth. Reuters

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El Congreso de Estados Unidos investigará a Hegseth por posible crimen de guerra en un bombardeo a una narcolancha

El Secretario de Guerra estadounidense habría ordenado rematar a dos supervivientes de un ataque del Pentágono en el Caribe el 2 de septiembre.

Más información: USS Gerald R. Ford de EEUU y su grupo de ataque ya está en el Caribe en plena tensión con Venezuela

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Las claves

El Congreso de EE.UU. investigará al secretario de Guerra, Pete Hegseth, por su presunta orden de rematar a dos supervivientes tras un bombardeo a una narcolancha en el Caribe.

Imágenes del ataque muestran que, tras sobrevivir al primer ataque, los ocupantes fueron objeto de un segundo bombardeo que les causó la muerte.

Legisladores republicanos y demócratas han pedido esclarecimiento y acceso a órdenes, grabaciones y fundamentos legales sobre la operación militar.

El Pentágono ha retrasado la entrega de información clave y se negó a llevar abogados a sesiones informativas, aumentando la tensión entre el Congreso y la Administración Trump.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afronta un momento de tensión dentro de su propio partido. La difusión de unas imágenes sobre el ataque a una 'supuesta narcolancha' en el Caribe el pasado 2 de septiembre ha colocado a su Administración en el centro de la controversia.

Republicanos y demócratas del Senado y la Cámara de Representantes han pedido investigar si, como publicó The Washington Post, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, dio la orden de rematar a dos supervivientes de ese ataque, lo que podría constituir un "crimen de guerra".

En el vídeo se muestra cómo dos personas que habían sobrevivido al primer ataque se aferraban a los restos de la embarcación. Cuando estas personas fueron descubiertas con vida, el comandante de Operaciones Especiales, quien supervisaba la operación, ordenó un segundo ataque en el que murieron ambos supervivientes.

Los comités liderados por republicanos en el Senado y la Cámara de Representantes dicen que ampliarán su escrutinio del Pentágono después de que se publicara un informe en el Washington Post que reveló que Hegseth era quien estaba al mando de la operación, procediendo a dar una orden oral de matar a todos los miembros de la tripulación a bordo de la embarcación.

“Me alarma la cantidad de embarcaciones que este Gobierno ha desmantelado sin consultar siquiera al Congreso”, declaraba la representante demócrata Madeleine Dean a CNN esta semana.

“De cualquier manera, están infringiendo la ley”, declaró Sarah Harrison, exasesora general asociada del Pentágono y ahora analista sénior del grupo de expertos Crisis Group. “Están matando a civiles, y si se asume que son combatientes, también es ilegal: según el derecho de los conflictos armados, si alguien está fuera de combate y ya no puede luchar, debe ser tratado con humanidad”.

Tras la publicación de este informe Hegseth compartió en su red social de X un comunicado en el que afirmaba que "estos ataques altamente efectivos están diseñados para ser letales y cinéticos", asegurando que "cada traficante que matamos está afiliado a una Organización Terrorista designada".

Hegseth, ha calificado la información del rotativo de “noticias falsas”, una expresión recurrente en la Casa Blanca para referirse a la información negativa. Pero esta vez tendrá que explicar al comité sobre el supuesto ataque calificado por legisladores demócratas como "crimen de guerra".

“Nuestras operaciones actuales en el Caribe son legales tanto bajo el derecho estadounidense como bajo el derecho internacional, y todas nuestras acciones cumplen con el derecho de los conflictos armados, y están aprobadas por los mejores abogados militares y civiles, a lo largo de toda la cadena de mando”, concluía Hegseth en su publicación.

La respuesta republicana

El pasado mes de octubre el presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, el republicano Roger Wicker, hizo pública una carta -que había sido enviada previamente al Pentágono- junto al senador Jack Reed, en la que se comprometían a realizar una “supervisión rigurosa” y solicitando las órdenes, grabaciones y fundamentos legales relacionados con los ataques.

Como respuesta a estas peticiones, el Departamento de Guerra advirtió, de forma inusual, públicamente que ya habían excedido el plazo legal para proporcionar algunos de los materiales.

El Whashington Post ha informado de fuentes de primera mano que en algunas sesiones informativas a puerta cerrada con legisladores, el Pentágono se habría negado a llevar abogados que pudieran ayudar a esclarecer los hechos y justificar de forma legal el ataque cometido. 

Ante esta negativa han sido varios los miembros del Congreso, incluidos algunos republicanos, que han mostrado su frustración ante la falta de detalles proporcionados. 

Wicker, que representa a Misisipi, ya se ha mostrado dispuesto a discrepar con la Administración Trump. La semana pasada cargó en un mensaje en X contra el “supuesto ‘plan de paz’” de Trump para Ucrania, que favorece en gran medida a Rusia.

“Cualquier garantía que se le dé a Putin no debe recompensar su comportamiento maligno ni socavar la seguridad de Estados Unidos y sus aliados”, señaló el republicano.