Karim, el "controvertido" fiscal de la Corte Penal Internacional apartado por abusos sexuales que defendió al hijo de Gadafi

Con un tablero político exacerbado, muchos de los ojos están puestos en Oriente Próximo. El conflicto israelí-palestino acapara todas las miradas. No obstante, una espiral de violencia está sacudiendo Libia. Tanto es así que al menos medio centenar de personas han muerto durante los conflictos armados acontecidos en el país.

"No cabe duda que en este periodo nos hemos enfrentado a importantes desafíos, como en materia de cooperación, contexto político y seguridad", afirmó el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, durante el Consejo de Seguridad de la ONU.

El fiscal de La Haya se pronunció sobre los enfrentamientos en Trípoli, la capital. Las declaraciones sucedieron hace escasos dos días. Sin embargo, ahora ha sido apartado de su cargo como fiscal por la presunta comisión de delitos de abusos sexuales.

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Karim Khan nació el 30 de marzo de 1970 en Edimburgo (Escocia). Nacido en el seno de una familia de padre paquistaní y madre británica, y según recoge la BBC, Khan "se interesó desde muy joven" por el Derecho Internacional. Destaca su etapa como trabajador voluntario en la Comunidad Ahmadía, una rama perseguida del Islam, a la que Khan pertenece.

Cursó sus estudios en Derecho en el King's College de Londres, para más tarde trabajar en la oficina del fiscal general y de ahí saltar a la Justicia internacional. Ingresó en el Colegio de Abogados en 1992 y se formó en el Servicio de Fiscalía de la Corona. Ha ejercido como abogado defensor y de fiscal ante diversas cortes internacionales, como son los tribunales penales de Yugoslavia, Ruanda, Líbano o Sierra Leona.

De hecho, en su primera entrevista como fiscal de la CPI, cargo al que accedió el 12 de febrero de 2021, explicó que los "horrores" acontecidos en Yugoslavia durante la guerra de los Balcanes le animaron a enfocar su carrera como jurista en materia Internacional.

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No obstante, ha ejercido como abogado de figuras "controvertidas" en la Historia como Seif al Islam, el que fuera el hijo del exdictador libio Muamar el Gadafi o Charles Taylor, expresidente de Liberia, acusado de crímenes de guerra.

También defendió al entonces vicepresidente de Kenia William Ruto, acusado de instigar a la violencia postelectoral que dejó más de 1.200 muertos en 2007, pero se desestimó el caso. El medio estadounidense sostiene que el hecho de que Kenia fuera uno de los Estados que auparon su candidatura como fiscal del CPI sembró varias dudas legales sobre el proceso.

Previamente, en 2018, fue designado como asesor especial y jefe del equipo encargado de investigar los crímenes cometidos por Estado Islámico (EI) en Irak. Fue nombrado por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

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Khan se encasilla como el tercer fiscal en la historia del alto tribunal de La Haya, cargo creado en 2002. El jurista escocés relevó del puesto a la juez gambiana Fatou Bensouda, contra la que el Gobierno del entonces presidente de EEUU, Donald Trump, había impuesto sanciones por su decisión de investigar posibles crímenes de guerra de las tropas estadounidenses en Afganistán.

El caso arrancó en 2020 y buscó investigar "no sólo los potenciales crímenes de guerra cometidos por tropas estadounidenses" en el país centroasiático, sino también los de los talibanes y las fuerzas afganas.

La respuesta del entonces secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, fue que la CPI era una "institución completamente rota y corrupta". Washington levantó, sin embargo, estas sanciones en abril de 2021, cuando ya se supo que Khan reemplazaría a Bensouda, aunque aún no había asumido el cargo.

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Meses después, Khan anunció que retiraba a EEUU de la investigación sobre Afganistán "para centrarse en las acciones de los talibanes y de EI, la decisión recibió un aluvión de críticas de organizaciones de derechos humanos", destaca el periódico americano.

El fiscal fue elegido para el cargo con el apoyo de su país, Reino Unido, y, según se dijo, con el visto bueno de Estados Unidos e Israel, a pesar de no ser países signatarios del Estatuto de Roma que dio origen a la CPI, según recoge la BBC.

"Por eso muchos pensaron que estaba haciendo lo que sus amigos los estadounidenses querían, ya que no había motivos para no seguir investigando los crímenes de las tropas de EEUU en Afganistán que, por lo que sabemos de organizaciones de derechos humanos, son horribles", apunta Thomas Verfuss, presidente de la Asociación de Periodistas ante la CPI.

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Y en cuanto al conflicto israelí-palestino, la antecesora de Khan decidió en 2019 que existía una "base razonable" para iniciar una investigación sobre posibles crímenes de guerra cometidos en dichos territorios.

La CPI le dio luz verde en 2021 al considerar que el tribunal podía ejercer su jurisdicción sobre los territorios palestinos. El fiscal quería investigar los asentamientos establecidos en Cisjordania y las "violaciones" de la Convención de Ginebra durante los conflictos iniciados en 2014.

Cuando Khan asumió el cargo, la investigación "pareció detenerse". Muchos grupos en defensa de los derechos humanos clamaron al cielo, dado que llevaban años intentando que el caso llegase a instancias internacionales.

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Su visita a Israel el pasado 7 de cotubre, cuando se se produjeron los ataques de Hamás, desencaderan varias críticas por su "inclinación al bando israelí". 

Poco después visitó el paso fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto, donde se acumulaba la ayuda humanitaria por el bloqueo que Israel impuso a la Franja. Khan advirtió entonces de que impedir el paso de ayuda a la población de Gaza podía constituir un delito bajo la jurisdicción de la CPI.

Presunto acoso sexual

Khan aseguró en reiteradas ocasiones que "no hay verdad alguna en las insinuaciones" que le señalan por presunto acoso sexual a una empleada de su oficina, y siempre se mostró dispuesto a "proporcionar cualquier información necesaria" a los investigadores, a la vez que subrayó estar "del lado de cualquier víctima de acoso o abuso".

Entre sus decisiones más "controvertidas", además de las anteriormente expuestas, figuran las órdenes de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por la guerra en Ucrania, y las solicitudes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por el uso del hambre como táctica de guerra en Gaza.