Néstor Humberto Martínez en una imagen de archivo

Néstor Humberto Martínez en una imagen de archivo Efe

Mundo Corrupción

Auge y caída de Martínez Neira, el “tramposo” que fue fiscal de Colombia

Designado por Santos y respaldado por Iván Duque, termina el viaje del fiscal que prometió acabar con la impunidad y acabó acorralado por la trama Odebrecht.

“Nunca había conocido a nadie con una lógica corrupta así. Es difícil pillarle diciendo una verdad. Miente, manipula y hace todo lo posible para lograr sus objetivos. Ha escalado tan alto gracias al éxito de sus defectos. Si tengo que definirlo en una sola frase te diría que tiene una personalidad enfermiza, es un auténtico rufián”. La contundente descripción de Néstor Humberto Martínez Neira la firma el experimentado senador colombiano Jorge Robledo. Pero a juicio de las reacciones que ha generado la dimisión del todopoderoso fiscal general de Colombia, muchos podrían suscribir esta visión del hombre que llegó al Ministerio Público prometiendo acabar con “la impunidad y la corrupción” y salió completamente acorralado por las sospechas de corrupción. 

Nunca la sociedad colombiana se había levantado tan indignada ante la actuación de un alto cargo. “Su salida es el triunfo de una larga lucha ciudadana. Nunca debió ser elegido fiscal, llegó mintiendo y sus bolsillos suenan a la plata de Odebrecht”, explica Jorge Robledo en conversación con EL ESPAÑOL, que recuerda las masivas manifestaciones que pedían a gritos la  dimisión del fiscal al tiempo que le apodaban ‘Doctor Cianuro’

El recorrido de Martínez Neira hasta la cima del poder no se entiende sin su cercanía con los presidentes colombianos. “Juan Manuel Santos lo eligió como fiscal pero ha sabido ganarse la confianza de Iván Duque”, apunta el experimentado senador. La política nunca fue un mundo extraño para Martínez Neira: fue ministro con Ernesto Samper y Andrés Pastrana y su agenda de contactos y apoyos económicos era amplia y variada. Nada de esto le ha servido para evitar una caída que se hacía, por momentos, inevitable. Su nombre estaba irremediablemente manchado por el caso Odebrecht, la mayor trama de corrupción de Latinoamérica. 

El pasado noviembre las grabaciones del testigo principal de la trama, Jorge Enrique Pizano -cuya repentina muerte sacudió al país- pusieron al fiscal en una incómoda posición que evidenciaba un conflicto de intereses. Las investigación estableció que para obtener la licitación de un tramo de la llamada Ruta del Sol, una carretera que conecta Los Andes con el Caribe, la compañía pagó sobornos por al menos 19 millones de dólares. La constructora, además, tuvo un socio local en ese proyecto, Corficolombiana, una empresa de servicios financieros propiedad del Grupo Aval, de la que Néstor Humberto Martínez era abogado.

Pizano, auditor de la infraestructura, se reunió con él para trasladarle sus inquietudes sobre presuntas irregularidades. Según los audios, el ya exfiscal le instó a que se quedara "quieto".

Corruptelas de “un tipo sucio”

No sólo está envuelto Martínez Neira en acusaciones que se dan la vuelta y en negocios relacionados con la corrupción de Odebrecht. Él mismo ha sido denunciado en EEUU por sus propias corruptelas. "Es el tipo más sucio y tramposo que hay", comenta a este diario el periodista colombiano Gonzalo Guillén. 

El pasado 24 de septiembre la publicación colombiana La Nueva Prensa publicaba un trabajo de Guillén en el que se daba cuenta de las propiedades ocultas del exfiscal en España: un piso de lujo en la calle Ortega y Gasset de Madrid valorado en casi tres millones de euros, y al menos una cuenta en el Banco Santander alimentada "con fondos provenientes presuntamente de paraísos fiscales", según fuentes judiciales españolas citadas en esa información.

Guillén, en conversación con EL ESPAÑOL, explica que "todo está ahí, demostrado con documentos y testimonios". El fiscal general colombiano es el propietario de ese inmueble valorado en tres millones de euros a través de una sociedad pantalla radicada en Panamá llamada Amanda Advisors SA, con sólo 10.000 $ de capital social.

La caída de Néstor Humberto Martínez ha sido consecuencia de los innumerables casos oscuros que lo cercaban. Entre ellos, los resultantes de las investigaciones del periodista, quien ha presentado denuncias ante el Departamento de Justicia estadounidense por recibir pagos en cuentas opacas sin declarar, por cuyas propiedades inmobiliarias en Madrid, adquiridas a través de Amanda Advisors SA -una sociedad pantalla panameña-, ha preguntado incluso Podemos en el Congreso español.

Guillén ha señalado que "el fiscal dimite con la excusa” de no compartir un fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre la extradición de Jesús Santrich. Pero, a estas alturas, nadie cree a Martínez Neira. El Tribunal Superior de Justicia estaba cerca de reclamarle la renuncia o de despojarle del control casos polémicos de corrupción, según apuntan varias fuentes.

El asunto constaba ya en el orden del día del TSJ colombiano. "Nadie se cree que un fiscal general dimita porque no le haya gustado una resolución judicial... eso es antijurídico".

La mancha imborrable de Odebrecht

La trayectoria de Martínez Neira desde su designación como fiscal general a instancias del expresidente Santos en el verano de 2016 ha sido un rosario de polémicas, sobre todo políticas.

Suya es la responsabilidad en la persecución judicial de los hijos de Álvaro Uribe, Tomás y Jerónimo, detenidos por corrupción en plena contienda electoral por la presidencia de la República. El expresidente patrocinaba a Iván Duque -finalmente, ganador- en competencia con Germán Vargas Lleras, heredero de Juan Manuel Santos, su rival más enconado. El fiscal, militante del partido de Vargas Lleras, ordenó el arresto y la acusación.

Suya es la responsabilidad de que no haya un solo preso o acusado del Grupo Aval -de quien era abogado hasta el día antes de tomar posesión- entre las investigaciones del caso Odebrecht. Corficolombiana forma parte de ese conglomerado, socio de la constructora brasileña en Colombia, y en ella ejerció de abogado Néstor Humberto Martínez Neira.

También suya es la maniobra por la que un demandante, el empresario Carlos Mattos, se convirtió en demandado en el 'caso Hyundai'. El empresario hispano-colombiano, accionista minoritario de EL ESPAÑOL, es perseguido por la Fiscalía por supuestos sobornos a un juez para lograr medidas cautelares en abril de 2016.

El despacho DLA Piper Martínez Neira fue el promotor de la estrategia procesal de Mattos, como ha demostrado el abogado Alex Vernot, prestigioso letrado muy próximo al líder de la izquierda colombiana, Gustavo Petro. Vernot ha sido el último arrestado por iniciativa del fiscal Martínez Neira bajo la acusación de ofrecer dinero a uno de los testigos de cargo contra Mattos.

El clamor de Colombia contra el ‘doctor Cianuro’

El pasado enero, miles de ciudadanos colombianos se manifestaron delante de la Fiscalía General, en Bogotá. Entre gritos de “¡Fuera, fuera, fuera!", exigían que Neira abandonara su cargo y dejara vía libre para la investigación del caso de la constructora brasileña Odebrecht.

En los últimos meses, dos testigos claves para el proceso murieron en extrañas circunstancias y el cerco alrededor del fiscal general se estrechó. Rafael Merchán, un testigo clave del caso Odebrecht y exsecretario de Transparencia, se suicidó con cianuro a inicios de año. En noviembre de 2018, otro de los testigos clave del escándalo de corrupción, Jorge Enrique Pizano, murió de un infarto fulminante y, tres días más tarde,  su hijo, falleció también tras ingerir cianuro de una botella que estaba en el escritorio de su padre. 

Catherine Juvinao, una de las promotoras de la marcha, aseguraba entonces que desde el "lamentable episodio de la muerte de Jorge Enrique Pizano" la "indignación" había ido en aumento en la sociedad colombiana. "A medida que nos dábamos cuenta de que el fiscal general tenía conocimiento desde muy tempano de las anomalías que estaban ocurriendo, nos organizamos para promover una movilización”, explicó en su momento a la Radio Caracol.

La dimisión de Martínez Neira abre una oportunidad política para que Duque, encargado de nombrar una terna de posibles sucesores al fiscal, tome cartas en el asunto y limpie el buen nombre de la Justicia colombiana.