Justin Trudeau, el primer ministro de Canada.

Justin Trudeau, el primer ministro de Canada. Reuters

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Trudeau, contra las cuerdas, tras ser acusado de presionar a la Justicia en favor de una empresa

Una exministra dice que el primer ministro canadiense la presionó para que influyese en un caso judicial.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, se defendió este jueves de las explosivas declaraciones realizadas el miércoles por la exministra de Justicia Judy Wilson-Rayboud en las que le acusó de presiones para que interfiriese políticamente en un caso judicial.

Trudeau intentó defenderse al asegurar que en ningún momento presionó a Wilson-Raybould para que ofreciese a la mayor constructora del país, SNC-Lavalin, un trato de favor que evitaría su enjuiciamiento criminal por supuestos sobornos a altos funcionarios del régimen del fallecido líder libio Muamar el Gadafi (1969-2011).

"Los miembros de mi personal y yo hemos actuado siempre de forma apropiada y profesional. Estoy totalmente en desacuerdo con la caracterización que la exministra de Justicia y fiscal general ofreció en su testimonio", afirmó Trudeau.

El primer ministro añadió que la razón por la que estaba interesado en ofrecer a SNC-Lavalin un acuerdo de enjuiciamiento diferido, que evitaría su procesamiento por corrupción, era para proteger empleos en el país.

"Siempre hemos defendido y protegido empleos en Canadá. Pero siempre lo haremos respetando las normas", añadió Trudeau.

La defensa del primer ministro se produce menos de 24 horas después de que Wilson-Raybould sacudiese el mundo político canadiense con una explosiva declaración ante el Comité de Justicia de la Cámara Baja del Parlamento en la que acusó de presiones a Trudeau, a varios de sus principales asesores y a otros ministros.

"Durante cuatro meses, de septiembre a diciembre (de 2018), experimenté un esfuerzo consistente y sostenido por parte de muchas personas del Gobierno para conseguir que interfiriese políticamente en el ejercicio de la discreción de la fiscalía en mi papel como fiscal general de Canadá en un esfuerzo inapropiado para asegurar un acuerdo de enjuiciamiento diferido para SNC-Lavalin", dijo Wilson-Raybould.

Las reiteradas negativas de Trudeau desde que se inició el escándalo el pasado 7 de febrero no han tenido ningún efecto para desactivar la crisis de Gobierno, que de momento se ha saldado con la dimisión de Wilson-Raybould y del principal asesor del primer ministro, Gerald Butts.

Butts ha sido identificado como una de las personas del equipo de Trudeau que dirigieron la presión contra Wilson-Raybould.

Hoy, la principal formación política de la oposición, el Partido Conservador (PC), reiteró su solicitud de dimisión de Trudeau y su exigencia de que la Policía canadiense investigue las acusaciones de Wilson-Raybould.

También este jueves, el presidente de la Cámara Baja del Parlamento canadiense aceptó la petición de los partidos de la oposición para la celebración en la noche de hoy de un debate de emergencia sobre el escándalo.

Mientras, Butts, que dejó su puesto de mano derecha de Trudeau el pasado 18 de febrero para "poder defenderse" de las acusaciones de interferencia política, solicitó hoy testificar ante el Comité de Justicia del Parlamento "tras ver el testimonio" de la exministra.

Butts dijo en una carta enviada al presidente de la comisión y publicada en su cuenta de Twitter: "Creo que mis pruebas serán de ayuda a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en su consideración de estos asuntos", indicó.

El escándalo y crisis de Gobierno se producen meses antes de que se celebren en Canadá elecciones generales, previstas para octubre de este año.

Precisamente, Wilson-Raybould declaró ayer que Trudeau mencionó los futuros comicios y el hecho de que él es diputado por la provincia de Quebec, donde SNC-Lavalin tiene su sede, como una de las razones para ofrecer un trato preferente a la constructora.

El escándalo se inició a finales de febrero cuando un periódico reveló que Wilson-Raybould había recibido presiones para ofrecer a SNC-Lavalin un llamado acuerdo de enjuiciamiento diferido que evitaría a la constructora su procesamiento en un caso de corrupción.

Sin el acuerdo, y en caso de ser condenada por corrupción, SNC-Lavalin tendría prohibido participar durante 10 años en contratos de obras públicas en Canadá, lo que supondría un considerable daño financiero para la empresa.

A SNC-Lavalin ya se le ha vetado participar en contratos del Banco Mundial por otro caso de corrupción en Bangladesh.