Rodrigo Duterte habla ante los miembros de la Armada Australiana.

Rodrigo Duterte habla ante los miembros de la Armada Australiana. Romeo Ranoco Reuters

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Abogados filipinos piden al Supremo detener la "guerra antidroga" de Duterte

Un grupo de abogados de Filipinas presentó hoy una petición al Tribunal Supremo de Justicia del país para que detenga la polémica "guerra contra las drogas" del presidente Rodrigo Duterte al considerarla inconstitucional. 

En su instancia, el Grupo de Asistencia Jurídica Gratuita (FLAG, por sus siglas en inglés) reclama medidas cautelares contra las operaciones policiales relacionadas con la campaña antidroga a la que se atribuyen más de 7.000 muertos desde que empezó, tras la llegada al poder de Rodrigo Duterte el 30 de junio de 2016.

Los peticionarios alegan que el manual de operaciones de la Policía en la campaña utiliza los eufemismos "neutralizar" y "anular" para aludir a la acción de matar a los sospechosos que resistan el arresto, algo que no tiene cabida en la Constitución.

A su juicio, las directrices creadas por el Gobierno filipino para combatir el tráfico de drogas y el crimen "autorizan expresamente ejecuciones sumarias y allanamientos de morada violando la Constitución y la ley", según la petición de 47 páginas presentada hoy al Tribunal Supremo en Manila y a la que tuvo acceso Efe.

El Ejecutivo de Duterte "ha convertido a la Policía Nacional, una agencia para hacer cumplir la ley, en una fuerza como la Gestapo que elabora listas de criminales sospechosos y los pone como objetivos para su neutralización o anulación", expresaron los abogados del FLAG en el documento.

La "guerra" contra las drogas ha causado tras quince meses en vigor más de 3.800 muertos a manos de la Policía, aunque ya se estima que el número total de fallecidos supera los 7.000 debido a las muertes atribuidas a particulares y patrullas vecinales.

Los agentes de la autoridad tienen la orden de disparar a matar en caso de que los sospechosos -generalmente traficantes de menudeo de drogas o toxicómanos- opongan resistencia violenta al arresto, aunque organizaciones de derechos humanos denuncian que esta directriz se aplica de forma arbitraria.

La muerte de tres jóvenes y otras irregularidades en la campaña contra las drogas en los últimos meses han causado malestar en la sociedad filipina, lo que se ha traducido en la mayor manifestación contra Duterte hasta la fecha y en una caída del apoyo popular al presidente del 78 al 67 por ciento, de junio a septiembre.