El nuevo fallo en las pulseras antimaltrato amenaza a más de 4.000 mujeres: "Salí al súper sin saber que no funcionaba"

La mañana del pasado martes, 11 de noviembre, parecía una como otra cualquiera. Laura —nombre ficticio a fin de proteger su identidad— hizo algo tan cotidiano como salir de casa para hacer la compra. Pensaba que la pulsera que vigila a su agresor estaba activa. Tiempo después, a las 15.00 horas, recibió un mensaje: el dispositivo acababa de restablecerse.

"Me mandó un audio diciéndome: 'He salido al supermercado sin saber que no funcionaba'", relata su abogada, Rocío Ruiz, especializada en violencia de género. Su clienta es una de las entre 4.000 y 4.500 mujeres en toda España que dependen del sistema Cometa para controlar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento impuestas a sus maltratadores.

Las declaraciones de la letrada llegan después del último fallo registrado en este sistema telemático el pasado martes. Según la información facilitada por el Ministerio de Igualdad, la incidencia se detectó alrededor de las 04:30 de la madrugada y el sistema empezó a estabilizarse a las 15:00 horas, "de forma sólida" a partir de las 17.25.

Un fallo de las pulseras antimaltratadores obliga a Igualdad a activar el protocolo de protección a las víctimas

El origen del problema se localizó en un enrutador encargado de distribuir los mensajes de alerta entre distintas plataformas. A lo largo de esas casi 12 horas, un servidor falló y las geolocalizaciones de los agresores no estaban trasladándose "en tiempo y forma", ha aclarado la ministra Ana Redondo en declaraciones que recoge EFE.

Según su departamento, el protocolo previsto se activó de inmediato, se avisó a usuarias y a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se reforzó la vigilancia y no dejaron de funcionar el botón del pánico, las llamadas ni las alertas por bluetooth. "Ninguna víctima ha estado desprotegida", ha defendido en un comunicado.

La ministra, que aún no ha comparecido al respecto —se espera que lo haga en los próximos días, aunque no se ha fijado una fecha—, ha recalcado que el sistema va "más allá de dispositivos" en la medida en que incluye una "red institucional con multitud de profesionales que garantizan su protección", y ha prometido investigar "hasta el final" lo ocurrido.

Su efectividad, en entredicho

En España, los protocolos de violencia de género y sexual contemplan que, a petición de un juez, los agresores pueden ser obligados a llevar transmisores generalmente localizados en muñecas o tobillos para conocer su ubicación exacta y controlar si se producen o no incumplimientos en las órdenes de alejamiento.

Las víctimas también reciben un dispositivo móvil que las avisa si estos se acercan a ellas más de lo permitido. Cuando esto ocurre, el aparato emite diversas alertas y el Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento (Cometa) —que es el que se relaciona con los órganos judiciales, el Ministerio Fiscal y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad— verifica que están bien o llama a las autoridades.

Imagen de archivo de una pulsera telemática que se utiliza en casos de violencia de género. EFE

La polémica sobre la efectividad de las coloquialmente conocidas como pulseras antimaltrato no es nueva. Todo comenzó cuando, a raíz de una alerta planteada por la Fiscalía General del Estado en su memoria anual de 2024, numerosos medios españoles publicaron que estas habían reportado una pérdida temporal de datos.

Entre finales de 2023 y marzo de aquel año, se hizo un traspaso de información de la empresa que gestionaba el sistema de alertas —pasó de Telefónica a la unión de Vodafone y Securitas— y, en el mismo, se produjo un fallo en el control de los dispositivos por el que no era posible acceder al histórico de la ubicación de los maltratadores anterior a marzo de 2024.

A raíz de la polémica, la Fiscalía explicó en un comunicado que la incidencia derivó, en algunos casos, en suspensiones temporales del proceso judicial debido a la "pérdida de un elemento probatorio en ocasiones imprescindible para poder formular la acusación". Su memoria anual alertaba también de que algunas víctimas habían llegado a solicitar la retirada de los dispositivos ante "incidencias reiteradas".

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La abogada Rocío Ruiz asegura llevar más de un año observando cómo se producen estos fallos de manera habitual: pantallas con mensajes de error de conexión, notificaciones que se acumulan en el móvil de sus clientas y geolocalizaciones que no cuadran. Tiene constancia, asegura, de problemas de conexión en otras fechas, como "el 27 de octubre".

La experta explica que el dispositivo emite símbolos en función del grado de peligro al que se enfrentan las víctimas: un "triángulo cuando el agresor está acercándose" o una circunferencia similar a una señal prohibitiva "cuando la víctima está en riesgo inminente". Cuando el sistema falla, explica, "Cometa envía un aviso de que ha habido una desconexión".

En el caso de Laura, asegura que el mensaje de restablecimiento les llegó a primera hora de la tarde, cuando esta ya había realizado desplazamientos con normalidad. "Salió convencida de que el dispositivo estaba activo. No fue consciente de que había un problema hasta que se solventó", insiste. En total, transcurrieron 10 horas y media desde que se produjo el error.

"El problema de la pulsera no es sólo que deje de sonar, es que la geolocalización muchas veces es incorrecta". También ha visto cómo algunos maltratadores han aprendido a moverse en ese margen de error. En otra ocasión, explica, el agresor llegó a "manipular" el dispositivo y estuvo "24 horas en paradero desconocido" sin que saltara ninguna alerta efectiva.

Este caso recuerda a otra noticia reciente: el pasado 8 de noviembre, la Policía Municipal de Madrid identificó en un local de ocio a un hombre condenado por maltrato con una de estas pulseras en su bolsillo. El individuo, sobre el que pesan órdenes de alejamiento de dos mujeres, alegó que el dispositivo se le había roto en el trabajo. Las víctimas no se encontraban cerca del agresor, de ahí que no quedara detenido, aunque se le imputa un quebrantamiento de condena.

Las víctimas piden mejoras

María Dolores —cuyo apellido no se incluirá para proteger su anonimato— conoce las pulseras desde mucho antes de la implantación del sistema actual. La primera vez que su exmarido la agredió fue en 2012. Después llegaron las denuncias, el acoso continuado y una orden de alejamiento.

Con el sistema antiguo llevó la pulsera durante un año. Sonó más de 600 veces, cuenta en una petición en Change.org titulada Soy víctima de violencia machista. Pido mejorar urgentemente las pulseras de protección. Su agresor entraba una y otra vez en las zonas prohibidas, lo que generó un goteo constante de avisos.

Aquel periodo fue una pesadilla, pero el mecanismo funcionó: las alertas acreditaron quebrantamientos y su exmarido acabó condenado primero a tres años y medio de cárcel y después a otros cuatro. "Vivía con pánico, pero al menos sabía que la protección de la pulsera iba bien", explica en el texto.

Su percepción cambió con la implantación del nuevo sistema. Describe un fin de semana en el que el dispositivo registró más de 30 supuestos acercamientos a su domicilio. La causa terminó sobreseída porque, según le trasladaron, no se podía demostrar si esos saltos de geolocalización eran reales o debidos a errores del sistema. "¿Para qué sirve si no están seguros de que funciona?", plantea.

Desde el 12 de julio —fecha en la que su agresor terminó de cumplir condena— ya no cuenta con pulsera de protección. Explica que actualmente se desplaza sola, "con mi perro, un spray y un pequeño dispositivo facilitado por servicios sociales". Admite que vive con "miedo" pese a haber pasado por varios años de control telemático.

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Su respuesta ha sido trasladar esa experiencia al espacio público, impulsando una petición en la que se presenta no sólo como víctima de violencia de género, sino también "del sistema de pulseras de supuesta protección". En la petición de Change.org, que acumula ya 31.794 firmas verificadas, María Dolores pide una revisión urgente del sistema y una mejora de los dispositivos, que, critica, "son muy malos".

Asegura que habla porque tiene cierta capacidad para explicarse, pero que muchas mujeres, debido al miedo y al peso que supone vivir con una orden de alejamiento, no pueden dar ese paso. Por eso insiste en que su reivindicación va dirigida a mejorar la protección de "otras mujeres que se encuentran en la misma situación".

María Dolores, creadora de la petición, de espaldas para proteger su anonimato. Cedida

En la petición se recogen también testimonios de otras mujeres que respaldan la denuncia de fallos en el sistema. Es el caso de Victoria (nombre que figura en la plataforma), que relata años de violencia por parte de su expareja, una orden de alejamiento que él vulneró de forma reiterada y una pulsera cuya eficacia, según le trasladaron, "no era efectiva y a veces no calculaba bien".

Cuenta que, pese a esos antecedentes, el agresor volvió a intentar contactar con ella tras salir de prisión —mediante mensajes, llamadas y apariciones en lugares donde sabía que podía encontrarla— hasta el punto de que hoy asegura vivir prácticamente recluida en su casa, con ansiedad y depresión, y con la sensación de que "la que está en una cárcel" es ella.

Una realidad que también observa Rocío Ruiz en sus clientas: relata el caso de una víctima de alto riesgo que, tras varios quebrantamientos, intentó lesionarse y tuvo que ser atendida por la Guardia Civil para evitar un desenlace más grave. "Si hubiéramos tardado tres horas más…", resume la abogada, que vincula esos episodios de ansiedad con el miedo a que la orden de alejamiento no se cumpla o no quede acreditada.

La letrada explica que ha optado por documentar de forma sistemática lo que ocurre con sus clientas. Estas siempre le hacen llegar pruebas gráficas de las notificaciones que reciben en el dispositivo, de modo que pueda conservar un historial propio de avisos, errores y desconexiones.

Ese material lo utiliza posteriormente para contrastar la información contenida en los informes oficiales de Cometa y aportar, cuando es necesario, documentación adicional. Es, para ella, la única forma de asegurarse de que el relato de las víctimas es tomado en serio en los procedimientos judicialaes. 

Las reacciones a la incidencia

El fallo de Cometa ha reavivado las críticas de algunas formaciones políticas. El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha registrado iniciativas en el Senado para reclamar explicaciones al Gobierno y una investigación que clarifique el alcance de la incidencia, que también afectó a usuarias gallegas.

Según la senadora Carmen da Silva, el Ejecutivo "no puede limitarse a activar protocolos de urgencia cada vez que se produce un error, sino que debe garantizar que el sistema funciona de manera segura, estable y fiable, porque está en juego la vida y la tranquilidad de miles de mujeres".

En la Comunitat Valenciana, la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha denunciado que los dispositivos están emitiendo alertas "que no siempre se corresponden con emergencias reales", un mal funcionamiento que, subraya, está generando "inestabilidad y desasosiego" a las mujeres protegidas por el sistema.

El sistema también está bajo observación en Bruselas. La Comisión Europea ha confirmado que evaluará el contrato de licitación del servicio, financiado con fondos Next Generation en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El comisario de Asuntos Económicos, Valdis Dombrovskis, ha recordado que el desembolso de los mismos está vinculado al cumplimiento de los hitos comprometidos.

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Ana Redondo ha justificado que en el próximo contrato del sistema Cometa están siendo "muy cautelosos" con las cuestiones técnicas. Pese a que ha reconocido que "no podemos permitirnos una situación como la que vivimos ayer", ha tratado de defender "que la tecnología falla, que no hay ningún sistema informático que sea infalible y, por tanto, podemos encontrarnos con situaciones indeseables como la que se produjo".

Desde su equipo han insistido en múltiples ocasiones en que las pulseras son herramientas que salvan vidas, un argumento que no ha convencido a las víctimas que denuncian vivir con una sensación de desprotección que ha llevado a múltiples colectivos y partidos a solicitar el cese inmediato de la ministra.

El pasado septiembre, esta sorteó la polémica debido a que la migración de datos se produjo por orden de la anterior dirección del Ministerio, entonces liderado por Irene Montero. Ahora, la gestión recae directamente sobre ella, mientras las redes sociales se llenan de comentarios discutiendo sobre si Redondo dimitirá o no a la luz del escándalo que envuelve a Cometa.